Lo que empezó como un allanamiento rutinario del equipo de Narcotráfico de la SubDDI Pilar terminó convertido en una investigación por presunta extorsión contra los propios agentes.
Antes de concretar la detención del joven sospechado de guardar cocaína, los policías le habrían ofrecido una salida extralegal: protección y la presentación del procedimiento como “negativo” ante la fiscalía a cambio de dinero.
Según la acusación, el acuerdo exigía un pago inicial importante y un aporte mensual para que los agentes informaran falsamente que no se había hallado droga.
El pacto no llegó a consumarse porque la esposa del detenido escuchó la propuesta detrás de la puerta y, cuando su marido fue trasladado a la comisaría, ella denunció la extorsión ante la fiscalía.
Tras la denuncia, la causa dio un giro: el joven imputado quedó en libertad procesal, las pruebas en su contra se vieron afectadas y, por el contrario, los policías que intervinieron en el allanamiento terminaron detenidos.
La Fiscalía, a cargo de Pablo Menteguiaga —quien había ordenado el allanamiento— consideró que había elementos suficientes para avanzar con las detenciones de los agentes de la Subdivisión Narcotráfico de Pilar.
La investigación indica que la banda investigada tenía dos puntos de venta y que, ante un posible control, parte de la droga fue trasladada; una porción habría quedado a cargo del joven identificado como L.B.
Los efectivos señalados en la pesquisa son Evelyn Vallejos, Bruno Mendieta, Miguel Giménez y Sergio Cajal, quienes participaron del operativo en la vivienda de L.B.
Según la denuncia, los policías ofrecieron a L.B. dejar constar el allanamiento como negativo si pagaba 10 millones de pesos en el momento y luego aportaba 500.000 pesos mensuales.
L.B. aceptó provisionalmente y pidió llamar a un familiar para conseguir el dinero inicial; cuando los agentes supieron que el contacto tenía influencia en la municipalidad local, suspendieron el intento de extorsión y lo detuvieron.
Para borrar pruebas, los policías habrían desmontado el DVR que almacenaba las imágenes de las cámaras de la casa y retirado las cámaras mismas. También sustrajeron perfumes de la habitación de la pareja.
La mujer denunciante se presentó ante Menteguiaga, y el equipo fiscal comprobó indicios de verosimilitud: hallaron conexiones cortadas y, en diálogo con L.B., éste admitió haber sido presionado por los agentes.
Se convocó a testigos del procedimiento; uno declaró que escuchó a la esposa preguntar por las cámaras y que un policía respondió que las retiraban porque comprometían a los testigos del allanamiento.
Fuentes consultadas interpretaron que la remoción del material audiovisual buscaba, en realidad, evitar dejar rastros de la supuesta extorsión.
El fiscal notificó a la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense; personal de esa dependencia acompañó al investigador a la DDI de Pilar, con custodia de la comisaría primera por la tensión en el lugar.
Según allegados al caso, la situación resultó compleja porque el equipo policial que realizó el allanamiento tenía la confianza del fiscal y alto índice de efectividad en operativos.
Además, la remoción del DVR supuso la pérdida de material que podría haber aportado pruebas sobre quiénes dejaron la droga en el domicilio de L.B.
En el allanamiento a la SubDDI no se encontró el DVR, pero sí una cámara en el baúl de un auto y dos perfumes; la procedencia de estos elementos se determinará próximamente y se programó una rueda de reconocimiento para identificar a los policías que actuaron en la casa.
Cuatro de los detenidos figuran en el acta del procedimiento; la causa indica además la intervención de una quinta persona no registrada oficialmente, quien habría informado al fiscal sobre el resultado del operativo.
También quedó involucrado el jefe de la subdelegación: están imputados y aprehendidos el comisario inspector Luciano Bianchi y el subcomisario Alejandro César Cuello. Todos los implicados fueron desafectados por Asuntos Internos.
Los cuatro agentes detenidos fueron imputados por extorsión, encubrimiento agravado por la destrucción de pruebas, incumplimiento de los deberes de funcionario y robo agravado por los perfumes. De ser condenados, la pena en expectativa puede alcanzar los 20 años de prisión.
Además, uno de los policías enfrenta una imputación por falso testimonio agravado luego de aportar datos erróneos sobre L.B. en la investigación, identificándolo como “NN Gabriel, de 50 años”, cuando el detenido tiene 25 años y otro nombre.
