El sistema carcelario de Uruguay atraviesa desde hace años una situación crítica. Informes oficiales y externos advierten que más del 40% de las personas privadas de libertad no recibe medicamentos, atención adecuada ni oportunidades de rehabilitación, y que existe un “trato cruel, inhumano y degradante”, según señaló el ex comisionado para el sistema carcelario Juan Miguel Petit, quien describió la situación como un “estado inconstitucional”.
En ese contexto, el gobierno de Yamandú Orsi impulsa una reforma del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el organismo encargado de administrar las cárceles del país.
Uno de los cambios propuestos es renombrar y reorganizar la institución como Instituto Nacional de Reinserción, si prospera el proyecto de ley presentado por el ministro del Interior, Carlos Negro, ante la bancada oficialista.
La exposición de motivos del proyecto indica que el nuevo instituto tendrá a su cargo el cumplimiento de penas privativas de libertad y medidas alternativas, el diseño, implementación y control de políticas y programas de reinserción social, la organización y gestión del sistema penitenciario y la supervisión de las unidades penitenciarias.
El Ministerio del Interior admite que la iniciativa responde a una “crisis estructural” del sistema penitenciario y describe problemas concretos: niveles inaceptables de hacinamiento, instalaciones en mal estado, dificultades para el ejercicio de derechos y el acceso a programas de tratamiento, falta de recursos humanos y materiales y fragilidad del sistema de medidas alternativas.
El gobierno atribuye en buena medida esas dificultades al crecimiento sostenido de la población carcelaria. En 2025 se registró un nuevo récord: 477 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, cifra que posiciona a Uruguay entre los más altos de América del Sur y del mundo.
Otras cifras que preocupan a las autoridades son que solo el 17% de las personas privadas de libertad accede a oportunidades adecuadas de integración social y que casi la mitad (46%) sufre tratos considerados crueles, inhumanos o degradantes, según el informe citado de Petit.
La exposición de motivos advierte además que los sistemas penitenciarios colapsados no solo dejan de ser efectivos para prevenir el delito, sino que pueden reforzar identidades y conductas delictivas y favorecer la consolidación de grupos criminales.
El texto reconoce que en los últimos años se presentaron “propuestas innovadoras” para intentar revertir la crisis, pero sostiene que no lograron transformar de manera sustancial las condiciones de vida de la mayoría de la población sujeta a sanciones penales ni los resultados de la intervención estatal.
El proyecto será remitido a los sindicatos vinculados a la gestión diaria del INR y a la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios; en el oficialismo estiman que durante su tramitación parlamentaria se introducirán cambios a la propuesta original.
El Ministerio del Interior califica la iniciativa como “un paso fundamental para avanzar en el proceso de reforma penitenciaria”. Según informó El Observador, uno de los objetivos centrales del proyecto es aumentar la autonomía del organismo y separar definitivamente la labor de persecución y represión del delito de la tarea de tratamiento y reinserción de las personas sancionadas. De aprobarse, el nuevo instituto dejaría de depender directamente del Ministerio del Interior, aunque mantendría un vínculo con el Poder Ejecutivo a través de esa cartera.
