Muchos chilenos y empresarios desconocen que información sensible sobre la vida diaria podría verse afectada por un acuerdo entre Chile y China. Aunque hay conocimiento en algunos sectores militares, la discusión pública es limitada y la población de otros países de la región también parece estar poco informada. Según ese convenio, datos de millones de latinoamericanos podrían ser procesados en cuestión de microsegundos en Beijing.
El proyecto se denomina China‐Chile Express (CCE) y consiste en la instalación de un cable submarino de fibra óptica que conectaría Valparaíso con Hong Kong a través del Océano Pacífico. Hay escasa información pública sobre su avance y sobre los detalles técnicos, financieros y de seguridad del plan, lo que plantea dudas sobre la transparencia del proceso.
Además de ser parte de la expansión tecnológica e influencia china en América Latina, este cable podría facilitar el acceso y el procesamiento de datos personales —como registros bancarios, hábitos de consumo y comunicaciones privadas— de usuarios de la región, si el control sobre los nodos o el enrutamiento queda en manos de entidades con sede en China.
Tampoco se limita a información privada: documentos oficiales, militares, de empresas y de inteligencia que transiten por la red podrían pasar por infraestructuras fuera del control nacional. Sus defensores sostienen que herramientas de inteligencia artificial integradas con capacidades militares permitirían analizar grandes volúmenes de información con rapidez, lo que aumenta las preocupaciones sobre la seguridad y el uso de esos datos.
La opacidad del proyecto plantea riesgos económicos y regulatorios. La incertidumbre sobre quién controla el cable, cómo se protegerán los datos y qué obligaciones tendrán las empresas chilenas que lo utilicen podría traducirse en costos adicionales y en impactos sobre la competitividad de sectores sensibles.
En materia de calidad y gestión de obras, proyectos vinculados a empresas chinas en la región han registrado problemas técnicos y ambientales. Entre los casos citados con frecuencia se mencionan el impacto costero del puerto de Chancay en Perú; fallas y grietas en la represa Coca Codo Sinclair en Ecuador; carreteras y obras con deficiencias en Bolivia; y prácticas asociadas a la deforestación en Brasil. Estos antecedentes alimentan dudas sobre el control de calidad y los riesgos asociados a grandes infraestructuras.
También se han señalado clausulas contractuales que limitarían el control local sobre instalaciones estratégicas. Un ejemplo frecuentemente referido es la base instalada por personal chino en la Patagonia argentina, destinada oficialmente a actividades astronómicas y cuya operación está bajo gestión militar china, con acceso restringido para autoridades locales.
Faltan además datos sobre los procesos de contratación: si hubo licitaciones públicas, qué empresas resultaron favorecidas, cuáles son los costos y quiénes tomaron las decisiones. Las preocupaciones se intensifican por antecedentes de prácticas corruptas vinculadas a negocios entre entidades chinas y actores locales en la región.
Quienes promueven el cable aseguran que permitirá velocidades de hasta 16 terabits por segundo y que representará un salto en capacidad, redundancia y reducción de costos de conectividad para Chile.
Por ahora, tanto el gobierno como la embajada de China en Santiago han mantenido silencio público sobre detalles sensibles del proyecto. La actual administración tiene un plazo breve antes del cambio de gobierno, lo que algunos interpretan como un incentivo para completar acuerdos antes del traspaso de mando.
Voces en contra
En Chile varios parlamentarios y especialistas han expresado reservas sobre el CCE, principalmente por la falta de claridad institucional y de mecanismos de supervisión. El senador por la Región de Magallanes, Alejando Kusanovic, indicó que no ha existido una conducción institucional clara ni transparente y puso en duda si el Ministerio de Relaciones Exteriores consideró debidamente el interés nacional en este asunto.
El diputado Hotuiti Teao señaló que el proyecto afecta infraestructura crítica de telecomunicaciones y la proyección digital del país. Solicitó que, tras el receso legislativo, la Comisión de Defensa Nacional celebre una sesión secreta para revisar los antecedentes del cable submarino que conectaría Chile con Hong Kong.
Kusanovic agregó que el próximo gobierno deberá corregir problemas del proyecto con urgencia y velar por el interés nacional.
José Antonio Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo y, según observadores, el CCE podría ser uno de los asuntos prioritarios que enfrentará desde el inicio de su mandato, incluyendo presiones diplomáticas y exigencias derivadas de los acuerdos ya firmados por la administración saliente.
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