Suiza votará el 14 de junio en un referéndum que puede cambiar su política migratoria y su relación con Europa: la propuesta pide fijar un tope legal de 10 millones de habitantes para el país.
La iniciativa la impulsa el Partido Popular Suizo (SVP), el mayor grupo político a nivel nacional, y pretende frenar el crecimiento demográfico que, según el partido, está presionando los servicios públicos y la infraestructura.
El referéndum: una votación decisiva para el futuro suizo
La propuesta obliga al Gobierno a actuar antes de que la población alcance los 10 millones —la cifra actual es de alrededor de 9,1 millones—. De aprobarse, las autoridades tendrían la obligación de negar la entrada a nuevos inmigrantes, incluidos solicitantes de asilo y familiares de residentes extranjeros, una vez que el censo llegue a 9,5 millones.
El referéndum se enmarca en el sistema de democracia directa suizo, que permite someter propuestas a votación si se reúnen al menos 100.000 firmas válidas en un plazo de 18 meses.
El SVP sostiene que el país afronta una “explosión demográfica” que encarece los alquileres, sobrecarga hospitales y escuelas y reduce la calidad de vida de la población.
En su comunicación pública, el partido afirmó que una pequeña élite económica se beneficia de la inmigración excesiva; esa publicación incluyó una imagen generada por inteligencia artificial que representa a personas acomodadas celebrando por encima de trabajadores descontentos.
Un debate que divide a la sociedad y desafía la relación con la Unión Europea
La iniciativa ha provocado división en la sociedad y tensiones en el Gobierno. El Consejo Federal —órgano ejecutivo de siete miembros— rechazó la propuesta por mayoría, y el SVP figura como el único partido del gabinete que la apoya abiertamente.
Una encuesta de la firma suiza Leewa sugiere que la iniciativa cuenta con un respaldo significativo entre la población, lo que añade incertidumbre sobre el resultado. El debate enfrenta a quienes ven en el límite una solución válida y a quienes lo consideran desproporcionado por sus posibles efectos sobre derechos fundamentales y acuerdos internacionales.
Si se aprobara la medida y la población alcanzara los 10 millones, el Gobierno estaría obligado a rescindir el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, principal socio comercial de Suiza. Aunque Suiza no es miembro de la UE, mantiene una estrecha relación con el mercado único y la movilidad mediante más de 120 acuerdos bilaterales.
Inmigración bajo la lupa
La preocupación por la inmigración no es exclusiva de Suiza. En los últimos años el país registró un aumento notable de llegadas de extranjeros, en línea con tendencias europeas marcadas por crisis migratorias y cambios demográficos. El SVP presenta el referéndum como una medida para proteger el bienestar de la población frente a la presión sobre la infraestructura y los precios de la vivienda.
Los críticos advierten que limitar la población podría afectar negativamente sectores clave —salud, educación y economía— que dependen de mano de obra extranjera. También alertan de que terminar la libre circulación con la UE podría aislar a Suiza y dañar su competitividad.
El referéndum atrae atención internacional por su posible carácter de precedente en Europa, donde crecen partidos nacionalistas y se endurecen políticas migratorias; la decisión suiza podría influir en otros países con retos similares.
En las semanas previas a la votación la campaña del SVP se ha intensificado, apelando al sentimiento de protección nacional y a valores tradicionales. El tono de sus mensajes refleja la polarización entre quienes abogan por mayor apertura y quienes piden un control más estricto de las fronteras.
