Manifestantes bloquearon el martes las principales carreteras de Beirut y sus alrededores tras la aprobación por parte del gabinete libanés de nuevos impuestos que elevan el precio de la gasolina y de otros bienes, con el objetivo de financiar aumentos salariales en el sector público.
El Ejecutivo aprobó el lunes un impuesto de 300.000 libras libanesas (unos 3,30 dólares) por cada 20 litros (5,3 galones) de gasolina. El diésel quedó exento, dado que gran parte de la población depende de él para alimentar generadores privados ante la severa falta de electricidad estatal.
El gobierno también planteó aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) del 11% al 12% sobre los productos actualmente gravados, una medida que debe ser ratificada por el Parlamento.
Los incrementos fiscales están destinados a financiar aumentos salariales y mejoras en pensiones para empleados públicos, compensando la pérdida de poder adquisitivo producida por el desplome de la moneda desde 2019; las medidas equivaldrían, según el gobierno, a unos seis meses adicionales de salario. El ministro de Información, Paul Morcos, dijo que el costo estimado de esos aumentos rondaría los 800 millones de dólares.
Aunque el Líbano posee una de las mayores reservas de oro de la región, enfrenta inflación persistente, corrupción generalizada y falta de liquidez. Además, el país sufrió daños por alrededor de 11.000 millones de dólares durante la guerra de 2024 entre Israel y el grupo militante Hezbollah.
Indignación por el aumento del precio del combustible
Ghayath Saadeh, que formaba parte de un grupo de taxistas que bloqueaban una carretera principal hacia el centro de Beirut, expresó su enojo y dijo que los dirigentes del país los tratan como si fueran “basura”.
“Todo está subiendo de precio: la comida, las bebidas, y se acerca el Ramadán”, afirmó. “Cerramos las carreteras hasta que nos den una respuesta”.
Cuando el gobierno propuso nuevos impuestos en 2019 —incluyendo una tarifa mensual por llamadas por internet en aplicaciones como WhatsApp— estallaron protestas masivas que paralizaron el país durante meses. Los manifestantes exigieron la renuncia de los líderes por la corrupción sistemática, la ineficiencia del Estado y las deficiencias en la infraestructura, y pidieron el fin del sistema sectario de reparto del poder.
El Líbano ha estado bajo presión internacional durante años para aplicar reformas financieras, pero hasta ahora ha avanzado poco.
Se discute el plan de armas
También el lunes, el gabinete recibió un informe del ejército sobre el avance de un plan para desarmar a grupos militantes no estatales en el país, entre ellos Hezbollah.
El mes pasado, el ejército informó haber completado la primera fase del plan en la zona al sur del río Litani, cerca de la frontera con Israel. La segunda fase abarcará sectores del sur del Líbano entre los ríos Litani y Awali, incluyendo la ciudad portuaria de Sidón.
Morcos comentó tras la sesión del gabinete que la segunda etapa se espera que dure cuatro meses, aunque podría prolongarse “según los recursos disponibles, la continuidad de los ataques israelíes y los obstáculos en el terreno”.
El plan de desarme se presentó después de que un alto el fuego negociado por Estados Unidos pusiera fin, de forma nominal, a la guerra entre Hezbollah e Israel en noviembre de 2024. Desde entonces, Israel ha acusado a Hezbollah de recomponerse y ha mantenido ataques casi diarios en el Líbano, además de ocupar varios puntos elevados en el lado libanés de la frontera.
Hezbollah ha sostenido que el acuerdo exige el desarme únicamente al sur del Litani y se niega a tratar el desarme en el resto del país hasta que Israel detenga sus ataques y se retire de los territorios libaneses ocupados.
(con información de AP)
