Teherán anunció la creación de un comité para investigar la violencia registrada durante las protestas de enero, pero la medida suscitó escepticismo entre sectores políticos y sociales que exigen una investigación independiente.
El jefe de Estado, Masoud Pezeshkian, informó la semana pasada sobre la formación de un órgano encargado de examinar las causas y las consecuencias de los disturbios. La portavoz de la administración, Fatemeh Mohajerani, indicó que el comité está recopilando documentos y testimonios relacionados con los hechos.
La iniciativa recibió críticas en distintos sectores del espectro político iraní. Dirigentes, analistas y medios reformistas pusieron en duda que un panel designado por el propio régimen pueda actuar con imparcialidad en episodios donde instituciones estatales enfrentan acusaciones de responsabilidad.
En paralelo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó una misión internacional independiente para investigar presuntas violaciones graves de derechos humanos vinculadas a las protestas. Esa misión, establecida tras el levantamiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022, vio su mandato ampliado en enero de 2026. Hasta ahora, las autoridades iraníes no han autorizado su ingreso ni han cooperado, tildando la investigación de motivada políticamente.
Incluso voces moderadas, que suelen apoyar cambios graduales dentro del sistema, expresaron reservas sobre la credibilidad del comité oficial. El diario reformista Tose’e Irani afirmó que la reconstrucción de la confianza pública requiere la participación de figuras ajenas al Estado.
Según el periódico, para que el informe del comité sea creíble debería incluir “abogados independientes, activistas de derechos humanos e incluso académicos iraníes destacados que viven en el extranjero”.
El periodista Ahmad Zeidabadi, citado por Iran International, advirtió que cualquier pesquisa interna enfrentará una profunda desconfianza social. Preguntó por qué no invitar al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a enviar un equipo profesional y sostuvo que “solo un informe internacional creíble puede poner fin al conflicto de narrativas”.
El abogado y activista Hassan Younesi instó al presidente a promover una investigación verdaderamente independiente, y el periodista Hossein Yazdi afirmó que un comité solo generará confianza si lo integran personas “que no estén ellas mismas acusadas”.
La desconfianza pública se inscribe en una historia más amplia de investigaciones oficiales controvertidas. Muchos iraníes recuerdan casos como el ataque a residencias estudiantiles en Teherán en 1999, el derribo en 2020 de un avión de pasajeros ucraniano que causó 176 muertes y la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la llamada policía de la moralidad, en los que las explicaciones oficiales fueron duramente cuestionadas.
La oficina presidencial informó que 3.117 personas murieron durante los disturbios de enero, entre ellas más de 2.400 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad que, según las autoridades, fallecieron a manos de “agentes enemigos extranjeros”.
Esas cifras fueron impugnadas. Grupos de derechos humanos y medios independientes difundieron recuentos considerablemente más altos, que sitúan el número de muertos en hasta 36.500.
Las sospechas también aumentaron tras revelaciones desde el propio ámbito político. En un audio filtrado, difundido por Iran International, el dirigente reformista Ali Shakouri-Rad afirmó que instituciones de seguridad “inyectaron deliberadamente violencia en la escena” para justificar una represión amplia y describió esa conducta como “sistemática” en las políticas de seguridad del país.
El ex presidente Mahmoud Ahmadinejad formuló acusaciones similares, sosteniendo que sectores dentro del Estado fueron responsables de muertes ocurridas durante las protestas.
Pezeshkian calificó en un primer momento las declaraciones de Shakouri-Rad como “injustas”. Posteriormente moderó su postura, dijo haber ordenado un examen adicional de las acusaciones y autorizó una revisión complementaria por parte de funcionarios competentes.
