Argentina registra las contribuciones patronales más elevadas de América Latina. Un 34,6% del costo laboral total se destina a aportes y contribuciones, lo que sitúa al país alrededor de 13 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE. En comparación, Chile presenta una carga del 7% y México del 11,2%. En la práctica, esto implica que por cada trabajador las PyMEs soportan un costo equivalente a contratar adicionalmente entre 1,3 y 1,4 empleados.
Según la UCEMA, las pequeñas y medianas empresas constituyen el 98% del total de empresas registradas en Argentina. Mientras que las grandes empresas pueden absorber estos costos gracias a economías de escala, el nivel actual de cargas resulta insostenible para más de 515.000 PyMEs que sostienen buena parte del empleo en el país.
Esta diferencia no es solamente teórica: influye en qué negocios pueden crecer, cuáles sobreviven con dificultad y cuáles ni siquiera llegan a abrir.
Blanqueo y empleo: doble oportunidad
El Régimen de Promoción del Empleo Registrado propone la condonación de multas para empleadores que regularicen trabajadores no registrados. La iniciativa busca eliminar costos iniciales para formalizar a esos trabajadores, además de aplicar reducciones en las contribuciones patronales durante un período de cuatro años.
El beneficio no es exclusivo de las empresas: al reducirse el costo y el riesgo de contratar, se facilita la generación de puestos de trabajo. Menores cargas y menos incentivos a la judicialización aumentan la probabilidad de contratación y permiten que personas que hoy trabajan en la informalidad accedan a cobertura de salud, aportes jubilatorios y otras protecciones.
La industria del juicio
Las PyMEs enfrentan además un alto nivel de litigiosidad laboral. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en Argentina se inician 114,2 juicios por cada 10.000 trabajadores, frente a 5,8 en Chile; es decir, una tasa muy superior a la de ese país.
Gran parte de esos reclamos se relaciona con trabajo no registrado, diferencias salariales, liquidaciones incorrectas de convenios y horas extras impagas. El contexto actual tiende a favorecer la judicialización. Para una PyME, un juicio laboral puede representar el costo que impide contratar o que obliga a cesar actividades. La reforma busca desincentivar esa industria del juicio que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Un sistema previsional sostenible
El elevado nivel de informalidad —alrededor del 43% según diversas estimaciones— deja a millones de trabajadores sin aportes previsionales, lo que crea un déficit que suele cubrirse con emisión o endeudamiento. Esa situación dificulta la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones.
Formalizar un 20% de los trabajadores en negro equivaldría a aproximadamente 1,7 millones de nuevos aportantes. Más cotizantes aportarían recursos genuinos para financiar jubilaciones y prestaciones como la PASI, reduciendo la necesidad de financiar con emisión. En conjunto, más empleo formal genera empresas más sólidas, trabajadores con protección y un sistema previsional con mayor base contributiva.
Respondiendo objeciones y mirando al futuro
Las objeciones más comunes suelen sostener tres puntos: que las medidas solo benefician a las empresas, que precarizan el empleo y que reducen derechos adquiridos. Estos argumentos requieren matices. Una PyME más competitiva puede sostener empleo estable; la alta informalidad y la rigidez actual han contribuido al estancamiento; y la reforma propuesta no elimina indemnizaciones, aguinaldo ni vacaciones, sino que modifica la forma de financiamiento de ciertos derechos mediante herramientas como el Fondo de Asistencia Laboral.
Sobre las vacaciones, se critica que el empleador decida las fechas. Hoy esa facultad ya existe por ley y, en la práctica, las fechas se acuerdan entre trabajador y empleador según las necesidades. La propuesta mantiene ese marco, reduce el plazo de aviso de 45 a 21 días y garantiza al trabajador períodos de descanso, manteniendo derechos como el aguinaldo, la jornada de ocho horas y las indemnizaciones. El Fondo de Asistencia Laboral propone un fondo individual que protege al trabajador incluso en caso de quiebra de la empresa, y la antigüedad acumulada por quienes ya trabajan se preserva.
El presidente Milei ha presentado estas medidas como parte de una reforma amplia del mercado laboral. El proyecto será tratado en sesiones extraordinarias del Congreso y busca abordar los problemas descritos. Desde la perspectiva de empleo, la expectativa es que más empresas viables faciliten la contratación: operadores que hoy no pueden incorporar personal por costos elevados podrían hacerlo en un contexto con cargas y riesgos menores, y quienes buscan empleo tendrían más oportunidades formales. Mantener el sistema vigente también implica riesgos para la supervivencia de la mayoría de las empresas; la discusión pasa por elegir políticas que promuevan empleo y crecimiento sostenible.
