El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el miércoles restricciones de visado dirigidas a 18 funcionarios iraníes, por su presunta responsabilidad en “graves violaciones de derechos humanos” en la represión de las protestas antigubernamentales iniciadas a finales de 2025. La medida se adoptó mientras Washington continúa negociaciones nucleares indirectas con Teherán y despliega fuerzas militares en el Golfo Pérsico.
“Seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para exponer y promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos por funcionarios del régimen iraní”, declaró el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott. Con estas sanciones, la cifra de personas sancionadas bajo esta política específica de responsabilidad por violaciones de derechos humanos asciende a 58.
Las restricciones se dirigen a funcionarios acusados de restringir la libertad de expresión y de reunión durante las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en Teherán. La represión ha sido descrita como la más letal en la historia de la República Islámica desde 1979. La agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA) registró hasta el 5 de febrero más de 6.900 muertes confirmadas, aunque estimaciones independientes elevan la cifra por encima de los 30.000 fallecidos.
El régimen iraní aplicó un apagón casi total de internet por varios días a partir del 8 de enero, lo que, según el Departamento de Estado, limitó de forma severa la documentación de abusos. Amnistía Internacional calificó la represión como una “masacre de manifestantes” y advirtió que el corte de comunicaciones pudo haber ocultado crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones fueron anunciadas en el contexto de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, mediadas por Omán. El martes 17 de febrero se celebró la segunda ronda sobre el programa nuclear iraní; el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que se habían acordado “líneas generales” para un posible acuerdo, aunque persistían diferencias. Irán reclama el levantamiento de sanciones económicas, mientras que Estados Unidos busca abordar también cuestiones relativas a los misiles balísticos y al apoyo iraní a grupos armados regionales.
El contexto militar ha aumentado la presión. A finales de enero, Estados Unidos desplegó el portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico, acompañado por tres destructores, alrededor de 90 aeronaves y unos 5.700 tripulantes. El 14 de febrero, el presidente Donald Trump confirmó el envío del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo; la presencia simultánea de dos portaaviones en la zona es inusual y ha sido interpretada como una muestra de presión militar.
Imágenes satelitales verificadas ubicaron al Abraham Lincoln a 700 kilómetros de las costas iraníes el 16 de febrero. En respuesta, Irán realizó maniobras militares en el estrecho de Ormuz y cerró temporalmente esa vía estratégica, por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
El líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió que Washington “no logrará” destruir Irán y amenazó con hundir buques de guerra estadounidenses. Por su parte, Trump reiteró su disposición a emplear la fuerza militar para limitar el programa nuclear iraní y mencionó la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán.
Las protestas se desencadenaron por la crisis económica en Irán, con una inflación del 42% en diciembre de 2025 y una devaluación del rial superior al 40% desde el conflicto de doce días con Israel en junio. Lo que comenzaron siendo manifestaciones por motivos económicos evolucionó hacia un movimiento que reclama el fin del régimen. Pigott reafirmó el “apoyo inquebrantable” de Washington a la población iraní y su derecho a la libertad de expresión. El Parlamento Europeo condenó la represión el 22 de enero y pidió el cese de la violencia, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de “extremadamente preocupantes” las amenazas de ejecutar a manifestantes.
