El Departamento de Estado de EE. UU. anunció el miércoles restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes, por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos durante la represión de protestas antigubernamentales que comenzaron a finales de 2025. Las sanciones se aplican en medio de negociaciones nucleares indirectas con Irán y de un despliegue militar estadounidense inusual en el Golfo Pérsico.
“Seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para exponer y promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos por funcionarios del régimen iraní”, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott. Con estas medidas, asciende a 58 el número de personas sancionadas bajo esta política de responsabilidad por violaciones de derechos humanos.
Las restricciones se dirigen a funcionarios señalados por vulnerar derechos de expresión y reunión durante las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en Teherán. La represión ha sido la más letal en la República Islámica desde 1979: la agencia Human Rights Activists News Agency documentó, hasta el 5 de febrero, más de 6.900 muertes confirmadas, mientras que estimaciones independientes elevan la cifra por encima de 30.000.
El régimen iraní aplicó un apagón casi total de internet durante varios días desde el 8 de enero, lo que, según el Departamento de Estado, “restringió severamente” la capacidad de registrar abusos. Amnistía Internacional calificó la represión de “masacre de manifestantes” y advirtió que el corte de comunicaciones ocultó posibles crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones se anuncian mientras Estados Unidos y Irán sostienen conversaciones indirectas en Ginebra, mediadas por Omán. El martes 17 de febrero tuvo lugar la segunda ronda sobre el programa nuclear iraní; el canciller Abbas Araghchi afirmó que se acordaron “líneas generales” para un posible acuerdo, aunque persisten diferencias. Irán exige el levantamiento de sanciones económicas; Estados Unidos busca abordar además el uranio, los misiles balísticos y el apoyo iraní a grupos armados regionales.
El contexto militar añade presión: a finales de enero EE. UU. envió al Golfo Pérsico al portaviones USS Abraham Lincoln acompañado de tres destructores, unas 90 aeronaves y 5.700 tripulantes. El 14 de febrero el gobierno estadounidense confirmó también el envío del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo. La presencia simultánea de dos portaaviones es inusual y refleja una presión militar directa.
Imágenes satelitales verificadas situaron al Abraham Lincoln a unos 700 kilómetros de las costas iraníes el 16 de febrero. En respuesta, Irán realizó maniobras militares en el estrecho de Ormuz y cerró temporalmente esa vía estratégica, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.
El líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió que Washington “no logrará” destruir Irán y amenazó con hundir buques de guerra estadounidenses. Por su parte, el presidente estadounidense ha reiterado su disposición a usar la fuerza para limitar el programa nuclear iraní y no descartó la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán.
Las protestas surgieron por la crisis económica en Irán, con una inflación del 42% en diciembre de 2025 y una devaluación del rial superior al 40% desde el conflicto de doce días con Israel en junio. Movimientos inicialmente económicos evolucionaron hacia demandas más amplias contra el régimen. Pigott reafirmó el “apoyo inquebrantable” de Washington a la población iraní y su derecho a la libertad de expresión. El Parlamento Europeo condenó la represión el 22 de enero y pidió el cese de la violencia, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó de “extremadamente preocupantes” las amenazas de ejecutar a manifestantes.
