El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, pidió disculpas el viernes por las “dificultades” ocasionadas por su declaración de la ley marcial en 2024, un día después de ser condenado a cadena perpetua.
Yoon expresó su pesar por la frustración y los perjuicios causados, atribuyéndolos a sus propias deficiencias, y dijo lamentar el efecto que su decisión tuvo sobre la población a pesar de su intención de “salvar a la nación”.
En un comunicado difundido por su abogado, afirmó que su juicio y la decisión de declarar la ley marcial se tomaron “por el bien del país y del pueblo” y que su propósito y sinceridad no habían cambiado.
Respecto al veredicto, manifestó dudas sobre apelar, al considerar que no se puede garantizar la independencia del poder judicial y que resulta difícil esperar un fallo basado en la ley y la conciencia; dijo sentirse indiferente ante lo que calificó como una conclusión predeterminada del poder judicial y una persecución política en su contra.
Pidió a sus seguidores no permitir que se socave la democracia y centrarse en “la vida de la gente”. Añadió que tomará un tiempo para recuperarse y que asumirá la responsabilidad, pero expresó su confianza en que los ciudadanos restablecerán la justicia bajo la bandera de la democracia liberal.
Yoon fue condenado a cadena perpetua por su breve imposición de la ley marcial a finales de 2024, una medida que la Justicia consideró una insurrección tras el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional con el objetivo de obstaculizar sus funciones.
El fallo se pronunció en la misma sala del Tribunal de Distrito de Seúl donde, en 1996, el exmandatario Chun Doo-hwan fue condenado a muerte por su papel en el golpe de Estado de 1979 y la represión en Gwangju en 1980.
La fiscalía especial había pedido la pena capital para Yoon, pero el tribunal aplicó atenuantes como el uso limitado de la fuerza, la desorganización del plan, sus décadas de servicio público y su edad (65 años). Corea del Sur mantiene una moratoria sobre la pena de muerte desde 1997.
El 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró la ley marcial de forma inesperada, alegando una supuesta amenaza de “fuerzas antinacionales pro-Pyongyang” dentro de la oposición y señalando que la Asamblea estaba saboteando al Estado mediante recortes presupuestarios y destituciones de funcionarios clave.
La medida fue rechazada por la oposición y por sectores de su propio partido, que la interpretaron como un intento de aferrarse al poder. En aproximadamente seis horas, la Asamblea revocó la declaración, pese a la resistencia del Ejército.
El Parlamento aprobó la destitución de Yoon el 14 de diciembre de ese año. Un mes después, tras un operativo en la residencia presidencial donde se había atrincherado, fue arrestado, convirtiéndose en el primer presidente surcoreano —aunque suspendido— en enfrentar un proceso penal mientras estaba en el cargo.
En marzo de 2025 fue liberado por irregularidades formales en su detención, pero volvió a prisión en julio, donde esperó el juicio y el veredicto final. Yoon negó hasta el final haber cometido irregularidad alguna.
