El 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos, de 23 años, salió a un boliche en San Miguel de Tucumán y no volvió a su hogar. Desde entonces su padre, Alberto Lebbos, reclama justicia por la muerte de su hija y denuncia que el avance del caso se ha visto obstaculizado por maniobras de encubrimiento vinculadas al poder.
Esa noche Paulina había ido a bailar al boliche “Gitana” y luego se retiró en un remis acompañada por su amiga y compañera de la carrera de Comunicación Social, Virginia Mercado. Mercado declaró inicialmente que ella regresó a su casa y que Paulina se dirigió a la vivienda de su ex pareja.
La investigación sostuvo que Mercado fue la última persona que vio a Paulina con vida. En diciembre del año pasado, tras detectarse incongruencias en su relato, Mercado admitió haber mentido sobre aquella versión.
Mercado quedó imputada por encubrimiento agravado y espera que se defina si accederá a un juicio abreviado, lo que implicaría una reducción de pena por admitir responsabilidad. En una audiencia virtual —la acusada se conectó desde Salta alegando enfermedad— Alberto le pidió que dijera la verdad.
Al cumplirse dos décadas del hecho, Alberto afirmó que llevan 20 años de lucha sin que se haya condenado a todos los responsables. Calificó la falta de avances como una “catástrofe jurídica” y sostuvo que la ausencia de verdad responde, según su criterio, a una red de protección de los autores desde el poder.
Tras años de pesquisas, para la semana siguiente estaban previstos a juicio los principales sospechosos: Víctor César Soto, ex pareja de la víctima y padre de su hija, y Sergio Hernán Kaleñuk, vinculado por ser hijo del secretario del ex gobernador José Alperovich.
El inicio del juicio oral estaba fijado para el lunes 2 de marzo, aunque Alberto advirtió que podría postergarse por un reciente cambio de fiscal. Señaló que persiste una estructura de impunidad y que muchos procedimientos se realizan “a la sombra”.
Un día antes de cumplirse otro aniversario del crimen, Alberto se enteró de que Raúl Antonio Ferreira, un alto funcionario imputado por falso testimonio, había sido sobreseído, noticia que lo conmovió.
En el momento del hecho Ferreira era jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán. En 2023 se había pedido su elevación a juicio, pero el 25 de febrero de este año el juez Raúl Cardozo, del Juzgado de Instrucción Conclusional II, decidió sobreseerlo.
Según la resolución a la que tuvo acceso este medio, la defensa, representada por el abogado Álvaro Ricardo Zelarayán, había solicitado extinguir la acción penal alegando la prescripción del plazo aplicable a esos delitos.
En 2018 se realizó un juicio en el que resultaron condenados varios altos funcionarios por encubrimiento, entre ellos el ex jefe de la Policía de Tucumán Hugo Rubén Sánchez; el ex secretario de Seguridad Eduardo Oscar Di Lella; el ex subjefe Luis Nicolás Barrera; y el ex titular de la Unidad Regional Norte Héctor Rubén Brito.
Ese proceso motivó la investigación de más de treinta personas por su presunta colaboración en el encubrimiento del crimen, por testimonios falsos o, en el caso de funcionarios públicos, por abuso de autoridad. El nombre más resonante vinculado a la cúpula provincial fue el de José Alperovich.
A ocho años de aquel fallo, tres de los investigados admitieron responsabilidad y accedieron a juicios abreviados. El primero fue Jorge Hernán Jiménez, amigo cercano de Soto, detenido en marzo de 2018 por falso testimonio.
Tras la instrucción en su contra, en marzo de 2025 la defensa de Jiménez, también representada por Zelarayán, acordó un juicio abreviado por el que recibió una pena de dos años de prisión condicional.
En julio de ese mismo año, el ex subjefe de la Unidad Regional Norte Vicente Francisco Picón reconoció ser autor del delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y fue condenado a dos años de prisión condicional.
El ex jefe de Inteligencia Fernando Rodolfo Maruf fue condenado por encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública; se le impuso una pena de tres años de prisión condicional y la obligación de realizar cursos de Derechos Humanos y de Violencia de Género.
Ante las penas impuestas en esos acuerdos, Alberto expresó que las condenas para funcionarios públicos que cometan delitos deberían agravarse.
Mientras espera que a fines de esta semana se resuelvan los procesos contra Soto, Kaleñuk y Mercado, Alberto confirmó que encabezará la marcha anual por Justicia este jueves en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán; la convocatoria está prevista a las 17:00.
A pesar del paso de los años, Alberto reconoció que estas fechas reavivan el dolor vivido entonces: “Es como que todos los recuerdos aterrizan en tu corazón y en tu alma”, dijo, y afirmó que la familia Lebbos está unida con el objetivo de lograr que los responsables cumplan las condenas correspondientes.
