Un anestesiólogo propone reunirse para analizar la nueva crisis por el uso y posible sustracción de propofol en Argentina, en una conversación que funciona como una especie de sala de situación sobre el tema.
El profesional tiene autoridad para opinar: es un especialista con quince años de experiencia, con cargos en hospitales públicos y clínicas privadas de la ciudad de Buenos Aires. Es un hombre joven, padre de dos hijos, con amplio conocimiento de la práctica en quirófanos. La situación lo alarma: la sociedad de 2026 enfrenta la revelación de que algunos colegas consumen en secreto las mismas drogas que administran a sus pacientes.
El anestesiólogo explica que el consumo entre personal sanitario no es nuevo, pero considera inédita la frivolidad y la exposición pública de los hechos, en particular la vinculación con dos muertes que terminaron en la Morgue.
En menos de dos semanas, el escándalo de las llamadas “propofest” —supuestas fiestas donde se administraban propofol y fentanilo a domicilio para “viajes controlados”— se transformó en una historia que involucró las muertes del anestesiólogo Alejandro Zalazar y del enfermero Eduardo Bentancourt.
Zalazar fue encontrado sin vida con una vía conectada al pie derecho y presencia de propofol y midazolam en su domicilio. En el caso de Bentancourt había una marca de inyección y más de 50 ampollas en su departamento, incluidas varias de propofol; se encontraron además una jeringa en la cocina y una ampolla de fentanilo abierta en un cesto de basura.
En paralelo, una causa penal apunta al anestesista Herná Rodolfo Boveri y a la médica residente Delfina Lanusse, alias “Fini”. Ambos fueron procesados y embargados por 100 millones de pesos, imputados por el presunto hurto de propofol del Hospital Italiano y por administración fraudulenta.
“Tati”, “Fini” y el Código Penal
Para reconstruir los hechos, la raíz del caso está en una denuncia presentada por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA). La denuncia, presentada tras la muerte de Zalazar, quedó a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y del fiscal Lucio Herrera y describía “hechos de gravedad” relacionados con el uso indebido, la sustracción y el consumo de sustancias.
Según el escrito al que tuvo acceso la prensa, el jefe del servicio de anestesia del Hospital Italiano informó que residentes habían señalado haber visto a Lanusse bajo los efectos de drogas dentro del hospital.
Esos testimonios sostienen que la residente admitió consumir propofol, en ocasiones en presencia del anestesista Boveri.
Al ser citada en la investigación interna de AAARBA, Lanusse declaró que mantenía un vínculo personal con Boveri y que, en ese marco, habrían ocurrido episodios de consumo de propofol fuera del ámbito hospitalario.
Boveri también declaró y admitió que en el domicilio de Lanusse se consumía propofol; ante ello, el Hospital Italiano le pidió que se tome una licencia. AAARBA sospecha que parte de ese propofol pudo haber sido sustraído del propio hospital.
Julieta, hermana de Zalazar, declaró ante representantes de AAARBA que su hermano habría comenzado a consumir propofol al menos dos meses antes de su muerte, y que habría sido “presuntamente instigado por alguien”.
También relató haber oído hablar de supuestas “fiestas” en las que residentes se administraban drogas entre sí, supuestamente organizadas o encabezadas por un médico referente del hospital.
Mientras tanto, audios atribuidos a esas “propofest” circularon viralmente en redes y mensajería.
La causa por la muerte de Bentancourt, investigada por el fiscal Carlos Vasser, sigue sin imputados formales y hasta ahora no muestra un vínculo evidente con la investigación que involucra a Boveri y Lanusse. La pesquisa por la muerte de Zalazar, a cargo del fiscal Eduardo Cubría y del juez Santiago Bignone, también continúa sin acusados formales.
La semana pasada hubo un avance: la doctora Chantal Leclercq, conocida como “Tati” y amiga de Lanusse y del médico fallecido, fue allanada en su casa del country Santa Bárbara por orden del fiscal que investiga la muerte de Zalazar. La policía secuestró su teléfono y su iPad. Testimonios sitúan a Leclercq junto con Lanusse en el departamento del médico después de su deceso.
Leclercq había sido mencionada en una ampliación de la denuncia de AAARBA: según esa presentación, su jefe del hospital Rivadavia la denunció y ella admitió haber consumido propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, sustancias que, según la acusación, habrían sido obtenidas del Hospital Rivadavia.
En la conversación con colegas que analiza el caso, el anestesiólogo señaló que esta situación rompe con la manera en que históricamente se han manejado los consumos entre profesionales. Aclaró que el propofol, usado en contexto controlado, puede producir efectos sedantes, pero que el problema actual es el uso por placer y la exposición pública de esas prácticas.
Agregó que el consumo de drogas entre médicos suele estar vinculado a estrés y depresión, y que la sustracción de medicamentos de hospitales es técnicamente sencilla; por eso, dijo, el fenómeno se ha discutido en la comunidad médica durante años, pero ahora estalló mediáticamente.
El placer, el dolor y el punto límite
En la bibliografía profesional hay antecedentes que abordan el tema con preocupación y empatía. La Federación Argentina de Asociaciones de Anestesistas (FAAAAR) compiló en 2012 un trabajo del anestesiólogo Gustavo Calabrese sobre estrés laboral en la especialidad, donde el propofol aparece mencionado entre los riesgos de abuso de drogas.
El texto señala la creciente inquietud internacional por los múltiples riesgos asociados al trabajo del anestesiólogo, incluyendo agentes biológicos y químicos, abuso de sustancias (opiáceos, ketamina, propofol) y los efectos del estrés laboral y la organización del trabajo.
Describe además las largas jornadas, la presión por productividad y la exposición a agentes y situaciones que elevan el costo para la salud, el rendimiento y la vida familiar, por lo que la anestesiología se considera una actividad de “alto riesgo profesional”.
Un estudio publicado en 2013 en el Journal of Addiction Medicine, realizado por el Georgia Health Professionals Program, documentó una dependencia al propofol en decenas de médicos tratados entre 1990 y 2010, mayoritariamente anestesiólogos, en muchos casos asociada a depresión y al uso del propofol para conciliar el sueño.
El informe señaló que los efectos adversos se manifestaban rápidamente: muchos iniciaron tratamiento después de accidentes o lesiones y varios buscaron ayuda sólo tras episodios de pérdida de conciencia.
En 2023, un análisis en el Canadian Journal of Anesthesia, basado en estudios previos, recopiló 88 casos individuales de uso indebido de propofol, con anestesiólogos y enfermeras certificadas como los principales implicados, y concluyó que la muerte suele ser la forma más común de detectar ese uso indebido.
Fuentes del ámbito médico indican que AAARBA dispone de protocolos o mecanismos de apoyo a profesionales con problemas de consumo, como reubicaciones a tareas administrativas; la asociación no respondió consultas públicas sobre ese punto.
AAARBA informó a sus afiliados sobre la muerte de Zalazar mediante un correo enviado el 24 de febrero, en el que figura el fallecido como “socio adherente”, categoría que agrupa a quienes llevan menos de cinco años en la institución, lo que reforzó la impresión de que se trataba de una víctima joven.
Al cierre de esta nota, los únicos procesados vinculados a la investigación por la sustracción de propofol son Boveri y Lanusse; la denuncia de AAARBA limita la pesquisa especialmente al presunto hurto del hospital.
Las supuestas “propofest”, de existir, no configurarían por sí mismas un delito, salvo que el material empleado hubiera sido robado, lo que podría implicar responsabilidades penales. El Hospital Italiano, que según voceros realiza una investigación interna, aún no entregó a la Justicia un inventario completo de insumos faltantes.
En ámbitos médicos y en pesquisas judiciales circulan rumores sobre la posible sustracción no sólo de drogas, sino también de equipos como bombas de infusión y monitores BIS, cuyo uso es habitual en quirófanos. El hospital no respondió públicamente sobre esas versiones. Investigadores del caso y especialistas sostienen que con ese equipamiento la existencia de eventos como las denunciadas “propofest” cobraría mayor sentido. La causa contra los procesados sigue su curso, a la espera de peritajes y nuevos testimonios.
