La Libertad Avanza (LLA) cerró las sesiones extraordinarias en el Senado con la sanción de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Tras cuatro horas de debate, la Cámara alta aprobó el proyecto que ya había sido modificado por Diputados —eliminando el polémico artículo sobre licencias médicas— con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones (los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano). La iniciativa contó con el apoyo del oficialismo y de sectores dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y representantes provinciales.
En términos generales, el texto llegó al recinto con varios cambios y concesiones que facilitaron su aprobación: se suprimió un artículo que implicaba alivios impositivos para grandes empresas; se aceptaron ajustes que mantienen aportes a sindicatos y entidades empresarias aunque con topes más bajos; se confirmó el 6% destinado a obras sociales; se moderó la propuesta inicial sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) vinculado a indemnizaciones; y se habilitaron plazos más amplios que preservan estatutos por hasta un año, una modificación que sectores libertarios celebraron en Diputados. En conjunto, estas adaptaciones ayudaron a inclinar la votación a favor.
Además, se incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Críticos señalaron que esa transferencia debería haberse incluido formalmente en el temario de sesiones extraordinarias, con ingreso, tratamiento en comisión y debate en recinto; la falta de oposición visible permitió que avanzara sin ese proceso, lo que fue interpretado como el uso de mayorías parlamentarias para imponer la iniciativa.
¿Qué se cambió en Diputados?
La principal modificación aprobada por Diputados y ratificada en el Senado fue la eliminación del artículo 44, que recortaba plazos de licencias pagas y reducía porcentajes de remuneración por enfermedad o accidente no laboral. La redacción removida establecía diferencias según si el hecho fue consecuencia de una actividad voluntaria o no, con porcentajes del 50% o 75% del salario básico y topes temporales de tres o seis meses según la existencia de cargas a cargo. Ante la votación en extraordinarias, la alternativa fue avalar la versión de Diputados o reinstaurar el texto original; el Senado optó por ratificar la eliminación.
Debate
Antes del intercambio de oradores, el cristinista Mariano Recalde solicitó enviar el proyecto a comisiones, moción que fue rechazada 43 a 29, pese a que ya había tenido tratamiento previo. La vicepresidencia y presidencia del Senado estuvo a cargo de Victoria Villarruel durante la sesión. Desde LLA, el chaqueño Juan Cruz Godoy defendió la reforma con argumentos sobre el estancamiento del empleo formal y el crecimiento de los juicios laborales, y señaló que la ley es perfectible y podría revisarse con el avance tecnológico.
En contraste, Mariano Recalde sostuvo que la ley viola principios constitucionales y tratados internacionales y que aumentará la litigiosidad. La senadora Victoria Huala (PRO) advirtió sobre efectos negativos para la contratación y manifestó reparos discursivos sobre ciertos artículos, aunque su bloque respaldó el texto en la votación. Voces del peronismo opositor, como Pablo Bensusán, defendieron la progresividad de derechos laborales y criticaron cambios que afectan expectativas y protecciones adquiridas por los trabajadores; Florencia López describió la iniciativa como una eliminación de derechos bajo el argumento de generación de empleo.
En las calles, la presencia de manifestantes fue controlada y sin incidentes mayores durante la noche. Otros senadores, como Fernando Salino, dijeron que el texto no alcanza los objetivos planteados. La UCR evitó participar del cierre del debate; los últimos oradores en el recinto fueron José Mayans y Patricia Bullrich. Mayans cuestionó el alcance de la reforma, el FAL y las limitaciones a las huelgas, y advirtió sobre consecuencias negativas para jubilados, pensionados y trabajadores. Bullrich defendió la iniciativa señalando que busca combatir la informalidad y reducir la dependencia de planes sociales, y criticó a la estructura sindical y a gestiones previas por la falta de medidas contra la informalidad.
Otros puntos de la ley
* Convenios colectivos: se da prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región por sobre los convenios sectoriales o por rama y se elimina la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de convenios vencidos cuando no hay nuevo acuerdo.
* FAL: se crea un Fondo de Asistencia Laboral para asistir a las empresas en el pago de indemnizaciones, nutrido por aportes obligatorios mensuales. Las grandes empresas aportarían el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) un 2,5%. La medida podría afectar recursos destinados hoy al financiamiento de jubilaciones dentro del SIPA.
* Vacaciones: se permite fraccionar las vacaciones en períodos no menores a siete días corridos, preferentemente entre el 1 de octubre y el 30 de abril, salvo acuerdo entre partes que fije otra fecha. La notificación al trabajador deberá hacerse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga un plazo distinto.
* Indemnizaciones por despido: se mantiene la regla de un mes de sueldo por año de servicio (o fracción mayor a tres meses), calculado sobre la mejor remuneración mensual habitual de los últimos doce meses, pero se excluyen conceptos no mensuales como el aguinaldo y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio aplicable y no será inferior al 67% de la remuneración mensual habitual ni menor a un mes de sueldo. Se admite el pago en cuotas —hasta seis para grandes empresas y hasta 12 para MiPyMEs— ajustadas por inflación más un interés anual del 3%. La indemnización será la única reparación por despido sin causa y los créditos laborales se actualizarán por IPC más 3% anual.
* Banco de horas: se autoriza que empleador y trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias mediante banco de horas, con un límite de hasta 12 horas por jornada y respetando 12 horas de descanso entre jornadas. Estos acuerdos pueden celebrarse con representación sindical y no deben exceder los máximos semanales previstos por ley o convenio.
* Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilitan formas contractuales de prestación de servicios que no constituyen relación laboral, al definir estos vínculos como contratos de servicio independientes.
* Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75%, mientras que la nueva categoría de “trascendentales” exigirá una cobertura mínima del 50%. Se amplía la lista de servicios esenciales para incluir más actividades, entre ellas la educación en sus distintos niveles, y las asambleas en los puestos de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.
* Blanqueo laboral: se prevén incentivos para formalizar trabajadores informales, incluyendo la posibilidad de eximir hasta el 70% de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Además, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) propone una reducción de cargas patronales —con una rebaja del 8% en contribuciones sociales— para empleadores que registren nuevos trabajadores.
