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P.: ¿Se puede estimar el costo de la reconfiguración productiva que impulsa el Gobierno?
G.R.: Se superponen problemas. A nivel mundial, la expansión de la inteligencia artificial ya está en marcha y es difícil de cuantificar; provocará la pérdida de muchos empleos y generará tensiones sobre la redistribución del ingreso.
G.R.: Además, en Argentina hay otro problema: no se ha desarrollado una política para preservar el aparato productivo. Ese sector arrastra ineficiencias —algunas propias de las empresas— y sufre el impacto de una elevada carga impositiva, infraestructura deficiente y limitaciones de escala. En cualquier caso, resulta imposible competir por escala con China.
G.R.: Por eso suele ser más conveniente proteger lo que ya existe en lugar de dejarlo a la deriva, sobre todo porque no contamos con un sistema de protección social robusto: no hay un seguro de desempleo amplio ni programas de capacitación masivos y eficaces.
G.R.: Por ejemplo, un tornero que pierde su puesto en una fábrica no puede inscribirse de inmediato en un curso de inteligencia artificial y reincorporarse a ese sector en un año; frecuentemente queda en trabajos informales o en plataformas de reparto como Rappi, Uber o PedidosYa.
