El creciente uso de fatbikes eléctricos entre adolescentes de los barrios costeros más acomodados de Sídney ha provocado un aumento notable de accidentes graves y una mayor presión sobre los hospitales. Más allá del debate nacional sobre la regulación y la salud pública, en Sídney este fenómeno se presenta como una subcultura aspiracional que desafía normas y la capacidad de respuesta de las autoridades, según BBC News.
Harold Scruby, presidente del Pedestrian Council of Australia, advierte que el fenómeno “se ha expandido de forma imparable” y teme que, sin medidas firmes, su difusión continúe por la viralidad en redes sociales, donde se promocionan maniobras peligrosas y concentraciones masivas.
Los hospitales de la ciudad registran un incremento de lesiones relacionadas con fatbikes modificadas en servicios de urgencias y en centros de trauma pediátrico y de adultos. El hospital privado St Vincent’s, en el este de Sídney, reportó que en 2025 las lesiones graves por bicicletas eléctricas atendidas en urgencias se duplicaron respecto al año anterior y aumentaron un 350 % desde 2023.
Los médicos indican que las consultas por lesiones de fatbikes se han vuelto frecuentes. El Dr. Brian Burns, traumatólogo del Royal North Shore Hospital, señala que muchos adolescentes circulan a velocidades comparables a las de vehículos motorizados, pero sin casco ni protecciones adecuadas, lo que eleva el riesgo de traumatismos craneales y otras lesiones serias.
Los adolescentes toman las calles con fatbikes modificadas para superar los límites legales
En barrios como Manly, Bondi y Cronulla, jóvenes circulan sin casco y con poco respeto por las normas de tráfico, superando con frecuencia el límite legal de 25 km/h. Muchas fatbikes han sido manipuladas para eliminar los límites de fábrica, lo que facilita exceder las restricciones. La difusión de videos en redes sociales, que muestran recorridos por campos de golf, centros comerciales y el Harbour Bridge, ha incrementado la visibilidad y el atractivo del fenómeno.
El gobierno de Nueva Gales del Sur estima que en el estado circulan 750.000 bicicletas eléctricas, de las cuales decenas de miles serían fatbikes ilegales.
El crecimiento de estos modelos ilegales se aceleró tras la relajación de normas federales en 2021, que eliminó algunos requisitos de certificación, y con la subida en 2023 del límite de potencia a 500 vatios en Nueva Gales del Sur. Además, vendedores han ofrecido códigos para desbloquear la velocidad bajo la excusa de uso en propiedad privada.
El auge responde a varios factores: falta de transporte público eficiente, clima favorable, ausencia de una edad mínima obligatoria para conducir e-bikes y la autorización para que menores de 16 años circulen por las veredas, lo que facilita el acceso entre adolescentes de familias acomodadas.
El control policial se complica por el riesgo que implican las persecuciones y por la rápida adaptación de los jóvenes a vacíos legales, lo que alimenta una sensación de impunidad. Scruby afirma que “la tecnología ha superado la capacidad de la ley para regularla”, y que la insuficiencia regulatoria ha permitido la expansión del fenómeno.
La respuesta de las autoridades y nuevas medidas
Un caso en Queensland ilustra la gravedad: un niño de ocho años murió tras chocar su bicicleta eléctrica ilegal contra la de un adolescente de quince años, que conducía un fatbike de mayor potencia. El joven fue imputado por conducción peligrosa con resultado de muerte y por manejar sin registro ni seguro. El episodio puso de relieve la brecha en la cobertura de seguros, ya que la normativa no exige pólizas para estos vehículos.
Ante la presión pública, el gobierno de Nueva Gales del Sur propuso reformas que incluyen establecer una edad mínima para conducir e-bikes, adoptar estándares europeos de seguridad con límite de 250 vatios, instalar protecciones anti-manipulación y facultar a la policía para destruir bicicletas eléctricas ilegales.
El ministro de Transporte de Nueva Gales del Sur, John Graham, declaró que se buscará “convertir a Sídney en una ciudad ciclística, pero bajo condiciones que garanticen la seguridad y el control del fenómeno”.
Las propuestas han dividido posturas: el sector comercial advierte que algunas medidas pueden ser excesivas y subraya los beneficios ambientales, mientras que familias usuarias valoran la utilidad de las e-bikes. Scruby señala que, pese a los avances, aún falta resolver la cuestión del seguro para compensar a las víctimas de accidentes graves causados por e-bikes.
