Ayer por la manana se realizo un operativo judicial en la Legislatura de la provincia de Cordoba que genero una fuerte conmocion entre funcionarios y empleados presentes en el edificio.
La intervencion fue ordenada por el fiscal Anticorrupcion Franco Mondino y ejecutada por agentes de la Policia de Cordoba junto con la Direccion de Investigacion Operativa del Ministerio Publico Fiscal.
El procedimiento conto con la autorizacion del juez de Control Gustavo Hidalgo y tiene como finalidad esclarecer posibles irregularidades vinculadas a contratos y gestion de personal en la Legislatura.
Segun publico un medio local, los agentes buscaron incautar documentacion relacionada con contratos, normativas internas y reglamentos que regulan la designacion y el funcionamiento del personal legislativo.
La medida surge como derivacion del caso conocido como de la “empleada fantasma”, que ya habia conmocionado al ambito publico provincial y motivado detenciones por presunta defraudacion a la administracion publica.
El origen de la investigacion se remonta a una denuncia vinculada a un hecho ocurrido en enero de este ano: segun la reconstruccion, Guillermo Kraisman -imputado en la causa- concurrio junto a Luciana Castro a una entidad bancaria para intentar cobrar el primer sueldo a nombre de Virginia Martinez, recientemente contratada por la Legislatura.
El cajero detecto inconsistencias en la identificacion presentada y, tras consultarlo con superiores, se impidio el cobro y se solicito intervencion policial inmediata; Kraisman y Castro fueron detenidos el 16 de enero por presunta apropiacion indebida de fondos estatales mediante el uso de una identidad ajena.
Desde entonces el caso tomo notoriedad publica, ya que la existencia de una persona registrada como empleada sin cumplir funciones ni percibir el salario directamente puso en alerta sobre la posible utilizacion de “empleados fantasma” en la administracion provincial.
El allanamiento ordenado por Mondino responde a la investigacion formal abierta para determinar si existen irregularidades que trasciendan el hecho denunciado originalmente.
El objetivo principal del procedimiento fue asegurar contratos laborales, normativas administrativas y cualquier reglamentacion que permita verificar la legalidad y las condiciones de las contrataciones realizadas recientemente.
Los documentos incautados seran sometidos a analisis por equipos tecnicos de la fiscalia con el fin de identificar posibles patrones o sistemas de incorporacion irregular de personal.
La intervencion busca asimismo establecer responsabilidades en la autorizacion y supervision de los contratos; hasta ahora no se confirmaron nuevos imputados, aunque la fiscalia no descarta consecuencia penales adicionales conforme avance la pericia documental.
Tras el allanamiento, los investigadores continuaran con el examen de la informacion recolectada para determinar la cantidad real de contratos vigentes, las condiciones de ingreso de los contratados y las verificaciones realizadas en cada caso.
El expediente, que tiene a Kraisman como principal imputado, podria ampliarse si de la revision documental surgen nuevos elementos que indiquen un patron de irregularidades administrativas o la participacion de otras personas. Las autoridades judiciales siguen la pesquisa en curso.
