La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó en los últimos días allanamientos en Rosario para seguir la supuesta ruta del narcotráfico y rastrear las inversiones de una organización que, según la investigación, habría importado 750 kilos de cocaína a fines de 2025. Las actuaciones judiciales se enmarcan en una causa por lavado de activos iniciada tras la detención de trece presuntos miembros de la banda en noviembre del mismo año.
Por orden de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se llevaron a cabo procedimientos en las oficinas del Grupo Roma, en Puerto Norte, y en la sede del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara), en el centro de la ciudad. El operativo, centrado en las maniobras financieras vinculadas al tráfico mayorista de estupefacientes, incluyó la presentación y el secuestro de documentación con el objetivo de esclarecer el circuito económico que habría servido para blanquear activos ligados a la distribución de droga, informaron fuentes judiciales.
El principal imputado en la causa FRO 11201/2026 es Ariel Fernando Suppa, sindicado como organizador y financista de la red. En una primera diligencia los investigadores allanaron la inmobiliaria JR Negocios Inmobiliarios, en Córdoba al 1400, aunque constataron que la firma no operaba en esa dirección desde hacía al menos cinco años.
Luego los agentes se trasladaron al edificio del Grupo Roma en avenida Carballo 186, donde incautaron papelería relacionada con la investigación. El operativo también abarcó la sede de Urgara en San Lorenzo 2067; allí el secretario adjunto, Andrés Enz, entregó dos boletos de compraventa inmobiliaria requeridos por la fiscalía.
El titular de Grupo Roma, Pablo Cofano, emitió un comunicado para desvincular a la desarrolladora de irregularidades, indicando que, por disposición del fiscal federal Juan Argibay Molina, se dispuso una medida de presentación —no un allanamiento— para solicitar documentación vinculada a la venta de tres lotes.
Según el comunicado, la desarrolladora cumplió con las obligaciones y aportó toda la información solicitada a los fiscales Andrés Carro Rey y Juan A. Argibay Molina. Cofano añadió que la supuesta venta de tres lotes adicionales nunca se concretó y que solo existió una reserva entre el imputado y una inmobiliaria externa no vinculada a la empresa, que ofrecía terrenos que no eran de su propiedad.
El seguimiento de la causa
La investigación se inició en diciembre de 2024 a partir de una denuncia por microtráfico en un búnker ubicado en Braille al 1400, en el norte de Rosario. Las tareas incluyeron vigilancia y escuchas telefónicas durante once meses, medidas que permitieron identificar a Suppa como responsable de organizar y financiar los viajes logísticos hacia Bermejo, en Bolivia, señalado como principal punto de abastecimiento.
Según los fiscales federales Franco Benetti, Santiago Alberdi y Matías Scilabra, en los últimos dos meses y medio de 2025 la organización habría introducido por vía terrestre desde Bolivia 750 kilos de cocaína, lo que permitió dimensionar el volumen de la operatoria. Los vehículos utilizados registraron infracciones de tránsito en rutas del norte argentino, incluyendo Aguas Blancas y zonas cercanas a Salta capital, y la PSA detectó registros de antenas de telefonía celular en las localidades por las que circulaban.
El modus operandi consistía en viajes de uno o dos días que usaban el transporte ocasional de electrodomésticos como tapadera comercial. En el domicilio de Gastón Alejandro Gómez, en Vieytes al 2700, la PSA secuestró el 27 de noviembre 52 kilos de cocaína. Entre el 12 de noviembre y los allanamientos se habrían distribuido en la región alrededor de 500 panes de droga, según la documentación judicial citada.
Los principales operadores de la organización fueron, además de Ariel Suppa y su hermano Hugo Sebastián Suppa, Marcos José Moreira, Luca Carmelo Fabián Lucente y Juan José Alfonso, quienes se encargaban de los viajes a Bolivia, el abastecimiento, el acopio y la comercialización a gran escala. A Gastón Gómez y a José Fabián Ruiz se les atribuye la función de subdistribuidores: Ruiz coordinaba el búnker de Braille al 1400 y el flujo de distribución en Rosario, mientras que Gómez supervisaba el almacenamiento.
Ante los indicios reunidos, el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz ordenó la prisión preventiva de los trece presuntos integrantes de la organización tras la audiencia de imputación en diciembre de 2025. La pesquisa actual está orientada a trazar el circuito financiero y seguir la pista de las inversiones inmobiliarias presuntamente financiadas con los beneficios del narcotráfico.
