La Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz a remitir, en un plazo de 48 horas, el expediente completo relacionado con la ampliación del tribunal provincial. Antes la composición era de cinco jueces y pasó a ser de nueve tras la aprobación de la medida por la Cámara de Diputados de la provincia.
La orden se dictó luego de que se rechazara la recusación promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz. El máximo tribunal reiteró su pedido por segunda vez tras la negativa de las autoridades provinciales a entregar la documentación requerida.
El requerimiento de la Corte se remonta al 23 de abril, cuando notificó al TSJ que debía remitir todas las actuaciones vinculadas a la causa que impugna la constitucionalidad de la ampliación de vacantes en el Poder Judicial provincial.
Ante la falta de respuesta del TSJ, la Corte endureció su postura y ordenó que la documentación sea enviada “de inmediato” en formato digital. Según el sitio oficial del Gobierno de Santa Cruz, la intimación se formalizó este miércoles en Buenos Aires y aludió a la causa 917/2025 y a los incidentes relacionados.
Días antes, la Corte había rechazado la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz contra varios de sus miembros en el expediente que analiza la validez de la ampliación del tribunal superior provincial.
El tribunal consideró que la presentación del gremio fue extemporánea y no estuvo fundada en causales legales que justificaran el apartamiento de los magistrados. Asimismo, recordó que la recusación es una medida de carácter excepcional y de aplicación restrictiva, especialmente cuando se pretende apartar a integrantes de la propia Corte Suprema.
La decisión respondió directamente a las acusaciones del gremio, que había fundamentado su negativa a entregar el expediente en supuestos vínculos políticos e institucionales entre los abogados patrocinantes y algunos actores del caso.
El conflicto se inició tras la sanción de la ley provincial N° 253/25, que dispuso ampliar la integración del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. La norma fue aprobada el 28 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados provincial y elevó el número de vocales de 5 a 9.
El proyecto fue impulsado por la diputada Adriana Nieto, del bloque Por Santa Cruz, quien argumentó que la ampliación busca atender el crecimiento poblacional y garantizar mayor imparcialidad, celeridad, eficacia y equilibrio en el Poder Judicial provincial.
El texto de la ley no modificó los requisitos para ser miembro del TSJ, que siguen establecidos en el artículo 127 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz: ser argentino nativo o por opción, tener más de 30 años y poseer seis años de ejercicio de la abogacía, ya sea en el ámbito privado o en organismos judiciales.
Al defender la iniciativa, la legisladora señaló que se trata de “una política de Estado” que fortalece las instituciones y promueve una justicia más democrática, accesible y transparente.
A pesar de estos argumentos, distintos sectores políticos, judiciales y sindicales cuestionaron el proceso y denunciaron supuestas irregularidades en la designación y la toma de juramento de los nuevos vocales.
Ante esas denuncias, la Asociación Gremial de Judiciales promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Legislatura provincial. Paralelamente se tramitaron medidas cautelares y expedientes conexos, todos actualmente bajo análisis de la Corte Suprema.
En respuesta a las consultas sobre el caso, la Corte exigió ahora el envío inmediato de la totalidad de los documentos, incluidos los incidentes cautelares, resoluciones internas sobre organización y juramentos, y antecedentes de otros procesos relacionados.
Con la intimación de 48 horas vigente, el expediente por la ampliación del tribunal santacruceño entra en una etapa decisiva y queda a la espera de la remisión de todos los antecedentes solicitados por la Corte Suprema.
