Organizaciones de derechos humanos denunciaron que al menos 24 personas fueron ejecutadas en Irán desde marzo, seis de ellas en un lapso de dos días. Los grupos alertaron sobre un incremento de ejecuciones secretas, torturas y presiones contra los familiares, y señalaron que en varios casos las autoridades se han negado a entregar los cuerpos.
El observatorio Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, indicó que las ejecuciones aumentaron en el contexto de la represión tras las protestas y de acusaciones de espionaje vinculadas al conflicto regional. Añadió que el bloqueo de internet, vigente desde hace más de dos meses, dificultó la comunicación interna y la difusión de información sobre estos hechos.
Según el relator especial de la ONU para los derechos humanos en Irán, citado por organizaciones locales, en 2025 se habría ejecutado al menos a 1.600 personas. La mayoría de las sentencias correspondieron a delitos como narcotráfico o asesinato, aunque grupos humanitarios sostienen que las autoridades están aprovechando el contexto bélico para intensificar la represión contra críticos del régimen.
Uno de los casos destacados fue el de Saleh Mohammadi, un adolescente y campeón nacional de lucha libre ejecutado en marzo. Familiares describieron el impacto emocional y psicológico que dejó la ejecución en su entorno cercano.
Un familiar afirmó que, tras la ejecución, simpatizantes del gobierno se han congregado frente a su casa con consignas y han sometido a la familia a hostigamiento y presión psicológica constante, lo que ha agravado su sufrimiento y sensación de inseguridad. También relataron alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes.
Las ejecuciones han aumentado la inquietud entre las familias de detenidos vinculados a las protestas del movimiento “Mujeres, vida, libertad” de 2022. Entre los ejecutados durante el último fin de semana figuró Mehrab Abdollahzadeh, miembro de la minoría kurda detenido durante esas manifestaciones.
También fueron ejecutados Nasser Bakerzadeh y Yaghoub Karimpour, ambos acusados de espiar para Israel. Los tres estaban recluidos en la prisión central de Urmia, en el oeste de Irán.
Un familiar de Mohammadi dijo que cada nueva ejecución reabre el dolor por la pérdida de su hermano y agrava una herida que no ha cicatrizado.
Cartas y mensajes de voz enviados por algunos detenidos antes de su ejecución describieron supuestas torturas físicas y psicológicas. En comunicaciones dirigidas a la Red de Derechos Humanos del Kurdistán (KHRN), Abdollahzadeh y Bakerzadeh denunciaron amenazas a sus familias y coacciones para obtener confesiones.
Rebin Rahmani, miembro de la junta directiva de KHRN, afirmó que las autoridades trasladan a los detenidos a lugares secretos antes de ejecutarlos, sin notificar a las familias. También denunció que, al acudir a las prisiones, a menudo se impide a los familiares recibir los cuerpos.
Rahmani describió además prácticas de aislamiento y sujeción previas a las ejecuciones: según su testimonio, a los detenidos se les ataban las manos y los pies, se les llevaba primero a centros de máxima seguridad para forzar confesiones y luego a aislamiento antes de aplicar la sentencia.
En una nota de voz enviada antes de su muerte, Abdollahzadeh negó las acusaciones en su contra y aseguró haber sido sometido a torturas físicas y psicológicas durante 38 días para forzar una confesión.
Bakerzadeh dejó una carta en la que relató el efecto devastador de la sentencia en su vida y la de su familia, escribiendo que la pena de muerte los había destruido y advirtiendo que, tras él, podría venir otra víctima.
En otro caso señalado por IHRNGO, tres manifestantes arrestados en Mashhad en enero fueron ahorcados en un lugar no revelado. Fuentes locales aseguraron que las familias recibieron presión para guardar silencio.
Una fuente de Mashhad indicó que las familias habían sido presionadas previamente para mantenerse calladas con la promesa implícita de evitar represalias, pero aun así las ejecuciones se llevaron a cabo y las coacciones continuaron, incluidas restricciones para recuperar los cuerpos y enterrarlos con dignidad.
Ante estas denuncias, organizaciones de derechos humanos pidieron la intervención de la comunidad internacional y alertaron sobre el riesgo que enfrentan cientos de detenidos en Irán.
Mahmood Amiry-Moghaddam, de IHRNGO, declaró que muchos detenidos han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas para obtener confesiones y manifestó su preocupación de que cientos de personas puedan afrontar cargos castigables con la pena de muerte.
Amiry-Moghaddam agregó que el uso de la pena capital y las violaciones de derechos humanos han quedado en gran medida eclipsados por la guerra, y que las autoridades parecen aprovechar esa situación para intensificar la represión contra la población.
Un compañero de prisión de Abdollahzadeh, Bakerzadeh y Karimpour dijo a The Guardian que los presos viven en estado de shock y que durante el fin de semana realizaron un homenaje en memoria de los tres ejecutados.
