La noche del viernes, Burford Capital —el financiador de litigios que impulsó la demanda por la expropiación en 2012 del 51% de YPF— presentó ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York una petición para que el pleno revise su reciente decisión, que hacía poco había revocado el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska y había favorecido a la Argentina.
Según explicó esta mañana en la red X el analista Sebastián Maril, los demandantes solicitaron formalmente una revisión “en banc” del fallo dividido 2-1 que anuló la sentencia de 16.100 millones de dólares contra la República Argentina.
Maril añadió que la revisión “en banc” suele concederse únicamente cuando la decisión entra en conflicto con precedentes previos del mismo circuito o cuando plantea una cuestión de importancia excepcional, situaciones que ocurren con muy poca frecuencia.
“Muy raramente”
El también experto Sebastián Soler coincidió en que la reconsideración en pleno es un recurso que se otorga en muy pocos casos y solo si quien la solicita persuade a la Corte de que la sentencia contradice precedentes vinculantes. Señaló además que la defensa argentina no está obligada a presentar una respuesta al pedido de Burford, salvo que la Cámara de Apelaciones lo requiera expresamente.
Por lo general, indicó, la Corte se toma varias semanas para resolver este tipo de peticiones. Si la rechaza, Burford dispondrá de 90 días para intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que sería su última instancia para tratar de revertir lo que, hasta ahora, constituye una victoria judicial para Argentina.
Soler también recordó que, en su informe trimestral, Burford admitió que sus probabilidades de que la Corte Suprema revierta la decisión del Segundo Circuito son bajas; según el experto, esas chances son en la práctica casi nulas.
En ese mismo informe, Burford reiteró su intención de intentar presentar reclamos ante el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial para disputas entre inversores y Estados), donde evaluaría los reclamos vinculados a tratados bilaterales de inversión: el acuerdo Argentina-España, aplicable al caso del Grupo Petersen, y el acuerdo Argentina-EE. UU., relativo a Eton Park —ambos proyectos financiados por Burford. Soler recordó que uno de los obstáculos para un eventual reclamo ante el Ciadi es que el tratado entre Argentina y España protege únicamente a inversores españoles.
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En su recapitulación del caso y del reclamo, Maril explica varios otros aspectos del nuevo recurso de Burford:
Los demandantes sostienen que la decisión reciente entra en contradicción con resoluciones previas del propio Segundo Circuito en este litigio, en las que se determinó que la conducta de Argentina fue de carácter comercial y no soberano. La petición argumenta que un panel no puede dejar sin efecto precedentes vinculantes establecidos por otro panel sin que lo revise el pleno. • El fallo 2-1 dejó sin efecto la sentencia más alta en la historia del Segundo Circuito tras más de una década de litigio, con peritajes, discovery y juicio. • Los demandantes afirman que la decisión priva a los inversores de un remedio judicial pese a que tribunales anteriores concluyeron que Argentina incurrió en una “violación consciente y flagrante” de los estatutos de YPF. • La petición advierte que la resolución podría minar la confianza en los mercados de capitales estadounidenses al transmitir que un Estado extranjero puede obtener financiamiento en la NYSE con protecciones contractuales que después resultan difíciles o imposibles de ejecutar. • También sostienen que los inversores no habrían adquirido acciones de YPF si hubiesen sabido que la única vía efectiva para exigir cumplimiento sería recurrir a tribunales argentinos. No hay un plazo fijo para que el Segundo Circuito decida si acepta la revisión “en banc”; el proceso podría tardar varias semanas o incluso meses.
