A casi cinco meses de la desaparición y posterior hallazgo de restos, el caso de Yanina Correa mantiene fuerte repercusión en el barrio de Abasto, al oeste de La Plata.
La familia insiste en que se trata de un homicidio y no de una muerte accidental, y reclama una investigación exhaustiva. Sus dichos han puesto en foco la actuación de la fiscalía, la policía y el sistema judicial en general, a los que acusan de demoras y de posibles maniobras de encubrimiento. Hasta ahora no hay personas imputadas ni avances procesales visibles, según sus miembros.
De acuerdo con el portal 0221, Yanina Correa —mujer de 30 años y madre de tres hijos— fue denunciada como desaparecida a fines del año pasado y su caso llegó a la atención pública por la preocupación de su familia.
El 3 de enero fueron hallados restos humanos en un descampado cercano a su domicilio. Más de un mes después, el 16 de febrero, las pruebas de ADN confirmaron que esos restos pertenecían a Correa, lo que profundizó el reclamo familiar por aclarar lo ocurrido.
Además del impacto personal por la pérdida, la familia señala numerosas irregularidades y retrasos en la investigación. Sus integrantes, entre ellos Germán y Jésica Correa y Angélica Bastida, sostienen que no hay nadie formalmente investigado y denuncian la existencia de intenciones de proteger a quienes podrían ser responsables.
El expediente está a cargo del fiscal Patricio Barraza y continúa caratulado como “averiguación de causales de muerte”. La familia, asesorada por la Asociación Miguel Bru y su presidenta Rosa Bru, exige que la causa sea trabajada como homicidio. Bru criticó la lentitud judicial y el trato a los familiares, y señaló que todavía no han recibido el certificado de defunción, documento que consideran imprescindible para formalizar la guarda de los hijos por parte de sus tíos.
Los allegados describen el proceso como paralizado, sin avances sustantivos ni imputados. También denuncian haber sido objeto de hostigamientos y amenazas en el marco de sus reclamos.
Germán afirmó que una funcionaria del área de Seguridad le envió mensajes intentando disuadir las protestas frente a la comisaría, con lo que, según él, se buscó intimidar a la familia y a sus apoyos. Otro hermano habría recibido amenazas verbales de un efectivo policial que, siempre según la denuncia, lo advirtió de posibles represalias judiciales si continuaban reclamando públicamente.
La familia cuestiona la labor policial desde el inicio de la búsqueda. Aseguran que la escena del hallazgo no fue preservada correctamente y que en el lugar se encontraron restos óseos, vísceras y pertenencias personales de Yanina, incluida ropa en mal estado. Rechazan la hipótesis sostenida por la fiscalía y la DDI de una muerte accidental por consumo de sustancias y posterior exposición a animales.
Dos testigos dijeron haber visto a Yanina ingresar al descampado acompañada por un hombre en bicicleta y que luego ese hombre salió solo del lugar. La familia denuncia que esos testimonios fueron desestimados y que no quedaron asentados en el expediente, ya que la fiscalía habría sugerido que los testigos “pudieron haberse confundido”.
Los hermanos también señalan inconsistencias en el estado de los restos: afirman que el grado de descomposición no coincide con el intervalo entre la desaparición y el hallazgo, que faltaban partes como las manos y que algunos huesos no mostraban signos habituales de degradación, lo que, según ellos, sugiere posible manipulación.
Otro punto de conflicto fue la demora en los estudios de ADN: aunque los restos se encontraron el 3 de enero, el análisis se realizó semanas después en Junín, y una de las hijas debió trasladarse para completar el procedimiento. La confirmación oficial llegó el 16 de febrero, lo que extendió la incertidumbre familiar.
La fiscalía explicó que faltan peritajes antropológicos para completar la investigación; la familia considera esa justificación insuficiente y reclama que el certificado de defunción debió haberse expedido mucho antes.
Los hermanos enfocan además sus sospechas en el entorno íntimo de Yanina, en particular en su última pareja, a quien identifican como una de las últimas personas que la vio con vida. Relatan que esa persona no fue localizada de inmediato, que luego declaró pero que no se secuestró su teléfono ni se lo citó nuevamente de forma profunda para aclarar su participación.
La familia, acompañada por la Asociación Miguel Bru, insiste en que la causa avance, que se revisen las actuaciones policiales y que la investigación se recalifique como homicidio. También reclama acceso pleno de su abogado a las actuaciones y el fin de lo que interpretan como maniobras de dilación y encubrimiento.
