Este martes se inicio en el Palacio de Justicia de Alepo el primer juicio contra sospechosos vinculados a la ola de violencia sectaria de marzo, episodio que dejo alrededor de 1.500 muertos -en su mayoria civiles alauitas- y que fue la peor masacre tras la caida del ex dictador Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Para el gobierno interino del presidente Ahmad al-Sharaa, el proceso es una muestra de su intencion de responsabilizar a los responsables despues de decadas de autoritarismo.
La audiencia, publica, reune a catorce acusados: siete presuntos leales a Assad y siete miembros de las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno. Los cargos incluyen sedicion, incitacion a la guerra civil, pertenencia a banda armada, asesinato, saqueo y ataques contra puntos de control e instalaciones estatales, segun fuentes judiciales.
Autoridades indicaron que estos imputados son solo una parte de los mas de 560 sospechosos remitidos a los tribunales tras una investigacion gubernamental que duro varios meses. El fiscal general presento cargos contra aproximadamente 300 personas vinculadas a facciones armadas afiliadas al ejercito y contra unas 265 pertenecientes a grupos paramilitares de la epoca de Assad.
El viceministro de Justicia, Mustafa al-Qassem, describio el procedimiento como el comienzo de una etapa mas amplia de rendicion de cuentas y afirmo que los juicios continuaran hasta investigar a los principales responsables de crimenes y asesinatos masivos cometidos en anos anteriores.
La violencia de marzo: de una emboscada a masacres sectarias
La violencia se desato cuando grupos armados afines a Assad emboscaron a fuerzas del nuevo gobierno, lo que provoco una contraofensiva que derivo en ataques de represalia contra comunidades alauitas en la costa, comunidad a la que pertenece el ex dictador, con un saldo de cientos de muertos.
Una investigacion previa de Reuters senalo que entre el 7 y el 9 de marzo murieron cerca de 1.500 alauitas, en respuesta a una revuelta de un dia organizada por antiguos oficiales leales a Assad que, segun el gobierno, causo la muerte de 200 miembros de las fuerzas de seguridad.
La comision oficial no encontro pruebas de que el gobierno interino hubiera ordenado ataques dirigidos contra civiles alauitas; sin embargo, la ONU concluyo en agosto que la violencia perpetrada por facciones vinculadas al nuevo gobierno y por grupos fieles a Assad fue “generalizada y sistematica”, documentando practicas como preguntar durante allanamientos si los civiles eran sunitas o alauitas y separar y matar a hombres y menores alauitas.
Un proceso controvertido
A pesar de las declaraciones oficiales sobre una justicia independiente, opositores y colectivos alauitas critican el juicio y lo consideran una puesta en escena politica, alegando falta de transparencia y garantias para investigar a todas las partes implicadas.
La audiencia televisada tuvo momentos de tension: el juez interrogo a los acusados sobre su condicion militar o civil y mostro, en uno de los interrogatorios, un video que supuestamente exhibia un asesinato selectivo. El juez afirmo que las imagenes mostraban a un hombre asesinado mientras estaba arrodillado; el acusado nego la veracidad del material.
Familiares de procesados asistieron a la sesion. Ayman Bakkour dijo a The Associated Press que su hijo, miembro de la 82. Division Militar del gobierno, lleva detenido al menos siete meses y aseguro que fue arrestado tras grabar un video que se viralizo durante enfrentamientos en la costa. El juez suspendio la sesion inaugural y fijo la siguiente audiencia para diciembre.
Criticas y dudas sobre la imparcialidad del proceso persisten, especialmente entre quienes piden que se investigue con el mismo rigor a todas las fuerzas implicadas en la violencia.
Una prueba crucial para el futuro de Siria
El inicio del juicio responde a presiones internas y externas para que el gobierno de Sharaa demuestre avances en justicia y respeto a los derechos humanos, pasos considerados claves para superar el aislamiento diplomatico y optar al levantamiento de sanciones impuestas por Estados Unidos. No obstante, la duracion y alcance de los procedimientos son inciertos por la magnitud de la violencia y el numero de sospechosos.
Para el presidente Ahmad al-Sharaa, que asumio el poder tras la caida de Assad, el reto es doble: estabilizar un pais devastado y probar que la nueva Siria sera distinta del regimen que goberno durante 54 anos.
Funcionarios del Ministerio de Justicia han calificado la violencia como una amenaza a la reconciliacion nacional y han prometido perseguir responsabilidades, describiendo los juicios como el comienzo de un proceso largo.
La poblacion siria -y en particular la comunidad alauita, muy afectada por las masacres- observa el desarrollo del caso con esperanza, prudencia y escepticismo. El resultado del proceso puede favorecer la reconciliacion si se conduce con rigor y transparencia, o bien profundizar las tensiones si se percibe como parcial o incompleto.
(Con informacion de agencias)
