Bruce Lee Bermudo, empresario y ex candidato regional conocido como el “Gordo Bruce”, aparece vinculado por informantes en Estados Unidos a una red de tráfico internacional de cocaína. Las investigaciones relacionan su perfil público con actividades ilícitas que incluyen producción, rutas de exportación y operaciones financieras de gran escala, además de una fuga tras una excarcelación judicial que dejó interrogantes sobre el vínculo entre el crimen organizado y la política local.
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La trayectoria investigada de Bruce Lee Bermudo Guerra muestra cómo operadores del narcotráfico procedentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) pueden escalar hasta articular redes transnacionales y, al mismo tiempo, consolidar presencia en espacios políticos regionales. Informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) comunicados a la Dirección Antidrogas peruana (Dirandro) indicaron en mayo del año en curso que integrantes de una organización desarticulada en Texas identificaron a Bermudo como proveedor directo de cocaína, y relataron supuestos encuentros en México para coordinar entregas.
En lo político, Bermudo se había afiliado el 2 de octubre de 2024 al partido Alianza para el Progreso (APP). Con anterioridad participó en movimientos regionales como Agua y Wari Llaqta y fue candidato a una alcaldía en Ayacucho. Ese tránsito entre espacios políticos y sociales le permitió construir una visibilidad pública que las autoridades consideran aprovechada para facilitar o cubrir actividades irregulares.
La Dirandro llevaba tiempo registrando a su entorno. El clan familiar de Bermudo, oriundo de Sivia —una localidad del VRAEM considerada de alto riesgo por el narcotráfico—, desarrolló una logística inusual: en lugar de concentrar laboratorios en zonas tradicionales del VRAEM, se habría instalado un centro de procesamiento en Santa María de Nieva, en la región Amazonas. Esa localización, según las indagaciones, facilitaba la salida de cargamentos por rutas alternas hacia países vecinos y otros puntos de tránsito como Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, con el objetivo de evadir controles habituales.
La correspondencia entre indicios de inteligencia y operativos se materializó en la denominada Operación Gambeta, ejecutada el 12 de noviembre de 2024. En ese operativo, las autoridades incautaron más de una tonelada de cocaína camuflada en cartones prensados en el puerto del Callao; ese cargamento fue valorado en más de dos millones de dólares antes de su supuesto tránsito a México. Según la Dirandro, la droga tenía como destino final el mercado estadounidense, donde su valor y márgenes de lucro son significativamente mayores.
El componente financiero del caso también llamó la atención de los investigadores. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó, hasta agosto del mismo año, movimientos sospechosos por un valor acumulado que superaba los US$929 millones, atribuidos a operaciones vinculadas al narcotráfico. Esos flujos evidencian la magnitud económica del negocio y la capacidad para integrarse en actividades declaradas como legales, incluidas adjudicaciones o contrataciones públicas en las que, según las autoridades, habrían participado personas del entorno de Bermudo.
Ante una solicitud de la justicia de Texas, Bermudo fue detenido el 27 de octubre de 2025 por la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) en la zona de Chiriaco, Amazonas. La jueza encargada del proceso, Lorena Sandoval Huerta, libró una orden de captura con fines de extradición. No obstante, el curso del procedimiento cambió cuando, el 3 de noviembre, la magistrada autorizó su excarcelación tras la presentación de documentos que apuntaban a presuntos vínculos de arraigo familiar y laboral. Tras quedar en libertad, Bermudo huyó y hasta la fecha permanece prófugo.
El caso motivó comentarios de la dirigencia policial. El jefe de la Dirandro, general PNP Nilton Santos Villalta, señaló que no es aislado encontrar a ciudadanos con presuntas vinculaciones ilícitas que buscan refugio en la política regional. Además, recordó la obligación de las fuerzas de seguridad de reportar de inmediato cualquier intento de acceso a cargos públicos por parte de personas cuyos recursos o acciones generen sospechas sobre su origen.
Más allá del perfil de Bermudo, el expediente pone en evidencia dos preocupaciones centrales: la capacidad de ciertos operadores peruanos para integrar cadenas de producción y exportación internacionales, y la penetración de intereses del narcotráfico en estructuras políticas locales, donde el financiamiento ilícito puede ofrecer ventajas para ascensos y contratos.
Entre enero y noviembre de 2025, la Dirandro reportó la incautación de 29 toneladas de cocaína y la desarticulación de 91 organizaciones vinculadas al narcotráfico. Aun así, la fuga de figuras como el llamado “Gordo Bruce” subraya que, pese a los golpes operativos, la articulación entre crimen organizado, redes financieras y la esfera política regional sigue representando un desafío persistente para las autoridades.
