El oficialismo intenta acelerar el tratamiento de una reforma laboral en la última semana de diciembre, mientras el peronismo y los gremios se organizan para bloquear una iniciativa que afecta derechos laborales y el financiamiento sindical.
La reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei entró en una etapa decisiva en el Senado. La Libertad Avanza (LLA) negocia contrarreloj con bloques dialoguistas para conseguir su aprobación antes de fin de mes, mientras que el peronismo evalúa diversas tácticas parlamentarias para frenar el proyecto y la CGT y las CTA preparan movilizaciones en la calle.
Los plazos juegan en contra del Ejecutivo. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó recién para el martes a las 11 a los presidentes de bloque para definir la conformación de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, por lo que el debate formal podría comenzar recién el miércoles.
El primer desafío del oficialismo será obtener mayorías propias y aliadas en ambas comisiones para emitir dictamen. Además deberá persuadir a la UCR, al PRO y a los bloques provinciales para reducir la nómina de expositores: el peronismo impulsa la participación de cerca de un centenar de representantes de distintos sectores, una táctica destinada a dilatar el tratamiento.
Según fuentes parlamentarias citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el esquema del Gobierno prevé debatir la reforma en un plenario de comisiones entre miércoles y viernes, emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto entre el viernes 26 y el martes 30, junto con el Presupuesto 2026.
Para alcanzar ese cronograma, LLA necesita acuerdos precisos: tres votos del PRO, diez de la UCR y al menos tres senadores de bloques provinciales. Sin ese apoyo, el proyecto queda virtualmente trabado.
Gobernadores en la mira y resistencias internas
Uno de los principales obstáculos para el oficialismo es que varios senadores clave responden a gobernadores de extracción peronista, que muestran reticencia a confrontar abiertamente con la CGT. Entre ellos se mencionan Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
La Casa Rosada confía en el acompañamiento de los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa, que cuentan con una senadora cada uno. En cambio, descartan por ahora el respaldo de Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca), alineados con el bloque peronista.
Por su parte, el peronismo, que reúne 28 senadores, busca sumar al menos siete voluntades para voltear la reforma, disputando los mismos votos provinciales que intenta captar el oficialismo.
Este escenario se desarrolla en un clima de creciente tensión social. Las comisiones sesionarán mientras la CGT y las CTA realizan protestas: anunciaron una marcha para el jueves a las 15 en Plaza de Mayo en rechazo a una reforma que consideran regresiva.
Los puntos más polémicos de la reforma laboral
El proyecto introduce cambios en convenios colectivos, indemnizaciones y vacaciones, y modifica el régimen de financiamiento sindical. Uno de los artículos más cuestionados establece que las empresas solo podrán retener cuotas sindicales si existe la conformidad expresa del trabajador, un acuerdo entre las partes y una resolución de la Secretaría de Trabajo.
También permite que cualquiera de las partes revoque ese acuerdo con 30 días de anticipación, lo que los gremios interpretan como un intento de debilitar a las organizaciones sindicales.
Otro punto conflictivo son las sanciones por bloqueos y tomas de empresas, consideradas “infracciones muy graves”, con posibles consecuencias administrativas, civiles y penales para las entidades sindicales.
En materia de asambleas, el proyecto exige autorización previa del empleador para el horario y el lugar, y establece que el trabajador no percibirá salario durante el tiempo que dure la reunión. Además, limita a diez horas mensuales el crédito horario para delegados gremiales.
La iniciativa también afecta a las cámaras empresarias al establecer que los aportes patronales previstos en convenios colectivos tendrán carácter voluntario y no obligatorio para los empleadores que no estén asociados.
Estos puntos, sumados al fin de la ultraactividad y a los cambios en indemnizaciones y vacaciones, explican el fuerte rechazo sindical y el anuncio de un plan de lucha que excede la movilización del 18 de diciembre.
Mientras el Gobierno acelera las negociaciones en el Senado, el conflicto promete intensificarse dentro y fuera del Congreso, en una nueva confrontación entre el modelo laboral impulsado por Javier Milei y los sectores que advierten sobre un retroceso en los derechos de los trabajadores.
