Las fuerzas del orden practicaron registros en el domicilio de la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, así como en la sede de su ministerio y en el ayuntamiento del VII distrito de París.
Esos registros forman parte de una investigación judicial abierta en octubre por presuntas conductas de corrupción, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, ocultación y blanqueo de capitales, que se centra en su actividad como eurodiputada entre 2009 y 2019, según informó la Fiscalía Nacional Financiera.
Las actuaciones las realizó la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales y se vinculan a sospechas sobre el cobro de 299.000 euros por parte de Dati, presuntamente procedentes del grupo energético GDF Suez (actual Engie).
Según la investigación, esos pagos habrían transitado por un despacho de abogados parisino y habrían podido utilizarse para que la entonces eurodiputada defendiera intereses privados del grupo en el Parlamento Europeo. Tras conocerse el caso, Engie puso en marcha una investigación interna bajo la supervisión de su comité de ética.
Los registros se produjeron en un momento en que Dati es candidata a la Alcaldía de París por Los Republicanos de cara a las elecciones previstas para marzo de 2026.
Además de su candidatura, Dati es alcaldesa del VII distrito de París y cuenta con una carrera política relevante, que incluye su paso por el Ministerio de Justicia en el gobierno de Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2009, lo que refuerza su perfil en el escenario electoral de la capital.
El fiscal financiero señaló que las presuntas irregularidades corresponden al periodo en que Dati estuvo en el Parlamento Europeo y estarían relacionadas con actividades de lobby a favor de Renault-Nissan, empresa que, según las pesquisas, habría abonado 900.000 euros entre 2010 y 2012 por supuestos servicios de asesoría jurídica; los investigadores investigan si esos pagos encubrieron acciones de presión ante las instituciones europeas.
La instrucción también guarda relación con el caso de Carlos Ghosn, expresidente de Renault-Nissan, sobre quien pesa una orden de arresto internacional desde abril de 2023.
Ghosn reside en Líbano tras huir de Japón en 2019, donde afrontaba acusaciones de malversación. Dati deberá comparecer próximamente ante el tribunal correccional de París, imputada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias vinculados a gestiones relacionadas con Ghosn.
Según Le Monde, la causa está instruida por jueces especializados en delitos económicos, que analizan documentación y testimonios para aclarar el alcance de las irregularidades.
(Con información de Europa Press y AFP)
