La entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, acompañada del discurso del presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, y de una amplia cobertura mediática internacional, puso al gobierno de Nicolás Maduro bajo un fuerte escrutinio exterior.
¿Cómo reaccionó el Ejecutivo? Tras el pico de atención mediática, las autoridades aumentaron medidas de represión e intimidación y buscaron crear una narrativa pública que mitigara la percepción de pérdida de control político.
En las semanas siguientes se registraron nuevas detenciones: entre ellas la de Melquíades Pulido, ex presidente de VenAmCham, de 70 años y con Parkinson, vinculado a Machado; la del periodista Nicmer Evans, también con problemas de salud; y la condena a 10 años de prisión de un joven de 17 años. Estas acciones fueron interpretadas como una respuesta destinada a contener la disidencia.
Analistas y opositores han señalado que estas medidas encajan en patrones recurrentes de actuación del Estado cuando percibe una erosión de su control, y que podrían coordinarse desde instancias del poder como la dirigencia del Partido oficialista. Desde el Gobierno, algunos consideran que la presencia política de Machado dentro del país complica la gestión del conflicto.
Al mismo tiempo, llegó desde Estados Unidos un mensaje del expresidente Donald Trump en el que exigió la devolución de lo que él considera bienes “robados”: crudo, activos y tierras expropiadas a empresas estadounidenses durante los gobiernos de Chávez y Maduro.
Conviene subrayar que, conforme a la posición de amplios sectores en Venezuela, los recursos petroleros y las tierras son propiedad de la nación venezolana y no de la cúpula gubernamental.
Una de las principales preocupaciones del Gobierno es la posible confiscación de 18 buques petroleros sancionados, que afectaría el flujo de caja necesario para mantener al aparato militar, programas sociales mínimos y la maquinaria comunicacional. En ese contexto, las autoridades y simpatizantes oficialistas impulsaron la narrativa de un supuesto “bloqueo naval” para movilizar apoyo y desacreditar las sanciones.
En redes sociales se observaron campañas de ataques contra María Corina Machado por parte de cuentas afines al Gobierno y automatizadas. Desde la Asamblea Nacional y otras tribunas, dirigentes como Jorge Rodríguez recurrieron a tonos ofensivos en sus intervenciones el 17 de diciembre, mientras el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el fiscal Tarek William Saab y exdirigentes opositores ahora alineados con el Ejecutivo ofrecían discursos con fuerte carga antiimperialista que favorecen la propaganda oficial.
En el plano internacional, hubo señales de retirada de empresas rusas: el periodista Roberto Deniz informó que Cyprus Limited —empresa sucesora de Rosneft y luego Roszarubezhneft— comunicó a su personal su salida del país. Su representante legal, Andrey Shavkun, atribuyó la decisión a las sanciones que, según él, hacen inviable la operación.
Con un menor involucramiento ruso, menos exportaciones hacia China y restricciones que limitan el acceso de Cuba al petróleo venezolano, el Gobierno ha recurrido al discurso nacionalista para intentar mantener la cohesión interna ante las dificultades económicas y las acusaciones de fraude en las elecciones del 28 de julio de 2024, formuladas por la oposición y observadores críticos.
La situación permanece abierta. Si el Ejecutivo persiste en descartar una salida negociada, la pregunta central es si podrá resistir las presiones financieras y económicas que se prevén sobre Venezuela hasta 2026.
