La experiencia muestra que controlar la inflación de forma estable —es decir, durante un período prolongado— suele requerir varios años cuando se parte de desequilibrios importantes. Esa conclusión surge de la evidencia internacional, especialmente en economías latinoamericanas, en episodios de alta inflación de la posguerra en Europa y en casos como Israel. Solo mecanismos extremos como la Convertibilidad o la dolarización han logrado una convergencia más rápida en contextos de hiperinflación desatada.
En su presentación para FIEL del 12 de noviembre, Ernesto Talvi comparó el plan de estabilización propuesto para Argentina con la experiencia de Uruguay a inicios de los años ’90. Aunque los contextos y algunos detalles de política difieren, la lección central sobre coordinación de políticas y los tiempos necesarios para una reducción estable de la inflación y el ordenamiento macroeconómico sigue siendo válida para Argentina. Uruguay tardó casi ocho años en bajar a menos del 10% anual. Es probable que Argentina necesite menos años, pero no se espera una normalización en 2026 y probablemente tampoco en 2027. Lograrlo exige cambios profundos, disciplina, perseverancia y tiempo, como ocurrió en Chile, Uruguay, Brasil, Israel, Perú y Paraguay.
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En primer lugar, se necesita tiempo porque la evolución de la inflación depende del conjunto de reformas en curso: la desarticulación y reorganización del esquema de subsidios —especialmente en transporte y en la provisión de electricidad, gas y agua—, cambios regulatorios y legales que promuevan mayor competencia en mercados de factores y productos, y el ajuste y la reestructuración del gasto compatibles con una reforma tributaria.
El retiro de subsidios aún está en proceso y seguirá incidiendo en los precios. La reducción de subsidios explica en parte el aumento de tarifas reguladas, que se mantienen relativamente altos mes a mes y durante cierto tiempo deberán crecer por encima de la inflación agregada. Entre enero y octubre la inflación de precios regulados promedió 2,36% mensual y fue 2,63% mensual entre agosto y octubre; es probable que se mantenga por encima del 2% en los últimos dos meses de 2025 y durante buena parte de 2026. Aunque el peso directo de los regulados no sea muy grande, las subas tarifarias tienen efectos indirectos sobre otros precios.
La corrección de precios relativos, cuando todos los precios avanzan a un ritmo elevado, implica que aquellos que deben aumentar en términos reales lo hagan a ritmos superiores durante un tiempo, o que esos sectores logren mejoras de eficiencia significativas. Esto es especialmente relevante en transporte de pasajeros, donde evitar tarifas prohibitivas requiere inversiones y reestructuración para elevar la eficiencia. Es una pregunta abierta si ya están disponibles los recursos y la capacidad institucional para evitar que se perpetúen aumentos diferenciados de precios.
El proceso de desarme de subsidios sigue vigente y sus efectos continuarán manifestándose en el corto plazo.
En materia tributaria, la reducción de retenciones a exportaciones tenderá a presionar los precios al alza en el corto plazo, aunque promueva reasignación de recursos y mayores eficiencias que podrían moderar la inflación a mediano plazo. Un aumento de impuestos a los combustibles también eleva los precios en el corto plazo, aunque puede mejorar la estructura tributaria si reemplaza otros tributos. La formalización económica implicará que algunos precios suban al ser gravados efectivamente y otros bajen al desaparecer la economía informal; ese ajuste favorecerá la eficiencia, pero solo en el mediano plazo. Todas estas medidas son necesarias para mejorar el funcionamiento de la economía, pero conllevan costos iniciales.
Una reforma del gasto público, tanto a nivel nacional como subnacional (provincias y municipios), facilitaría el ajuste del sector privado y consolidaría la estabilización macroeconómica. Cuanto más se demoren estas reformas, más largo y traumático será el ajuste para la economía, más lenta la reducción de la carga tributaria y mayores los desequilibrios que alimentan la inflación. La apertura comercial puede contribuir a reducir precios por mayor competencia, aunque no garantiza una menor inflación inmediata: además del efecto puntual de eliminar trabas y reducir aranceles al inicio, la caída sostenida de la inflación en años posteriores depende del equilibrio macroeconómico y del diseño regulatorio que predomine en los mercados de factores y productos.
Una reforma laboral suficientemente profunda que flexibilice los contratos puede mejorar la respuesta de la oferta en los ciclos económicos —reduciendo el miedo a contratar— y facilitar un ajuste más rápido entre oferta y demanda, evitando aceleraciones inflacionarias. Esto exige reducir la incertidumbre sobre los costos de despido y la capacidad de ajustar contratos, y habilitar contratos temporarios que no se transformen en permanentes por litigiosidad. En muchos casos, esas mejoras en la flexibilidad pueden tener un impacto mayor que una reducción marginal del costo directo de contratar.
La calidad y profundidad de las reformas laborales que se implementen será clave para determinar si Argentina puede, tras las reformas macro y microeconómicas, aspirar a tasas de crecimiento altas manteniendo una oferta diversificada y estabilidad de precios.
Alcanzar niveles de inflación considerados “normales” es posible para Argentina, como lo fue para países con historias largas de desequilibrios. Pero después de una primera baja se requiere intensificar y sostener las políticas: tras recoger los frutos más accesibles hay que seguir esforzándose para consolidar los resultados.
Es fundamental entender que el éxito del programa de estabilización y reformas se medirá en años, no en meses. La reducción duradera de la inflación dependerá del avance de todo el conjunto de reformas, no solo de una parte de ellas.
El autor es Director y Economista Jefe de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 681 de FIEL
