El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, informó que ha pedido a su homóloga rusa, Tatiana Moskalkova, información precisa sobre el paradero de alrededor de cincuenta residentes de la región fronteriza de Sumy que, según denuncias, fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso el sábado pasado. Lubinets solicitó además el regreso inmediato de estas personas y contactó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que intervenga en el caso.
En su comunicación, Lubinets requirió a la comisionada para los Derechos Humanos de Rusia detalles sobre las condiciones de detención de los ciudadanos ucranianos, sus necesidades urgentes y los pasos necesarios para facilitar su retorno. Paralelamente, envió una carta formal al CICR pidiendo su implicación en la situación.
El defensor instó a la comunidad internacional a realizar una evaluación legal de las acciones atribuidas a Rusia y a movilizar todos los mecanismos disponibles para impedir las deportaciones forzosas de civiles ucranianos, consideradas por Ucrania como violaciones del derecho internacional humanitario.
Según la reconstrucción presentada por Lubinets, las fuerzas rusas habrían detenido el jueves a unas cincuenta personas en la aldea de Grabovske, en Sumy, manteniéndolas retenidas sin acceso a comunicaciones ni condiciones adecuadas, y procediendo al traslado forzoso a Rusia durante el sábado, según datos preliminares.
La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que tropas rusas cruzaron la frontera cerca de Grabovske. Tras la toma del pueblo, unos cincuenta civiles —principalmente personas mayores que se habían negado anteriormente a ser evacuadas dentro de Ucrania— fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso.
El Estado Mayor ucraniano enfatizó que la negativa de residentes a ser evacuados internamente no justifica acciones militares ni traslados forzosos, que constituyen violaciones del derecho internacional. Las autoridades señalaron que, ante el empeoramiento de la seguridad en Sumy, se han organizado evacuaciones: más de 30.000 personas, aproximadamente el 84 % de la población de ocho comunidades fronterizas, han sido reubicadas; el 16 % restante, cerca de 5.700 personas —incluidas 38 niñas y niños— ha optado por quedarse.
En un mensaje dirigido a quienes permanecen en zonas de combate, Lubinets advirtió sobre los riesgos presentes y reiteró que la evacuación sigue siendo la vía recomendada para proteger la integridad de las personas y sus familias.
