Arabia Saudita registró en 2025 el mayor número de ejecuciones documentadas desde que hay registros: 347 personas ajusticiadas, dos más que en 2024, según informó la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.
Los delitos relacionados con las drogas representaron el 69 % del total de las ejecuciones, con 238 personas condenadas a muerte frente a las 222 de 2024. La organización advirtió además de un aumento “sin precedentes” en las ejecuciones por delitos vinculados al cannabis: 97 personas ejecutadas por causas relacionadas exclusivamente con esta sustancia, frente a 15 el año anterior.
En los últimos años, Arabia Saudita intensificó su lucha contra el narcotráfico, considerado un problema grave en el país. La elevada demanda interna, el poder adquisitivo del mercado y la posición geográfica del reino han favorecido su uso como destino y tránsito para redes internacionales de tráfico de drogas.
La legislación saudita establece la pena de muerte como sanción máxima para el contrabando de estupefacientes. La ley incluye como “contrabandista” tanto a quien introduce drogas desde el extranjero como a quien las recibe y distribuye, y distingue entre infractores primerizos y reincidentes: para un primer delito puede imponerse prisión, azotes, multa o una combinación de estas penas; para los reincidentes la sanción puede llegar a la pena de muerte.
En noviembre de 2022 el país reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, revocando una moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.
El informe también advierte sobre un aumento de las ejecuciones de extranjeros, que representaron el 57 % del total en 2025, con 202 personas ejecutadas; el 94 % de esos casos estuvo relacionado con narcotráfico. Asimismo, se documentaron ejecuciones de dos personas por hechos cometidos cuando eran menores de edad.
ESOHR recordó que el príncipe heredero y dirigente de facto, Mohamed bin Salmán, declaró en 2018 su intención de reducir de forma significativa el número de ejecuciones en el país.
La ONG consideró que este récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que afecta con frecuencia a los grupos más vulnerables”, lo que contraviene las declaraciones y compromisos realizados en años recientes.
ESOHR advirtió además que las cifras oficiales podrían subestimar el número real de ejecuciones debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se ejecuten sentencias sin previo aviso, en un contexto que incluye denuncias de tortura y la negación a las familias del derecho al duelo y al entierro. Aunque muchas ejecuciones se anuncian mediante comunicados del Ministerio del Interior, algunas no se hacen públicas.
(Con información de EFE)
