Arabia Saudita registró en 2025 el mayor número documentado de ejecuciones desde que existen registros oficiales: 347 personas fueron ajusticiadas, dos más que en 2024, según informó la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.
Los delitos relacionados con las drogas representaron el 69 % del total, con 238 ejecuciones frente a 222 el año anterior. La organización alertó además de un aumento notable en las ejecuciones por delitos vinculados al cannabis: 97 personas ejecutadas por este motivo en 2025, frente a 15 en 2024.
En los últimos años el reino ha intensificado su lucha contra el narcotráfico, que las autoridades consideran uno de los principales problemas del país. La fuerte demanda interna, el alto poder adquisitivo de ciertos sectores y la posición geográfica de Arabia Saudita han favorecido su papel como destino y tránsito para redes internacionales de drogas.
La legislación saudí establece la pena de muerte como castigo más severo para el contrabando de estupefacientes y define como “contrabandista” tanto a quien introduce drogas desde el extranjero como a quien las recibe y distribuye. La ley distingue entre infractores primerizos y reincidentes: en el primer caso puede imponerse prisión, azotes, multa económica o una combinación de estas penas; para los reincidentes la sanción puede elevarse hasta la pena capital.
En noviembre de 2022 el país reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, revirtiendo una moratoria que había sido anunciada en 2021 por la Comisión Saudí de Derechos Humanos.
El informe también advierte sobre un aumento en la persecución de extranjeros: representaron el 57 % de las personas ejecutadas en 2025, un total de 202 casos, y el 94 % de ellos fueron condenados por delitos vinculados al narcotráfico. Además, se documentaron ejecuciones de dos personas por crímenes cometidos cuando eran menores de edad.
ESOHR recordó que el príncipe heredero y dirigente de facto, Mohamed bin Salmán, declaró en 2018 su intención de reducir de forma significativa el número de ejecuciones en el país.
Para la ONG, el nuevo récord de 2025 “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que suele afectar a los grupos más vulnerables”, lo que contradiría las declaraciones y compromisos públicos realizados en años recientes.
La organización señaló que las cifras oficiales podrían no reflejar el total real de ajusticiamientos debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se ejecuten sentencias sin previo aviso, en el contexto de prácticas denunciadas como tortura o la negación a las familias del derecho a la despedida y al entierro. Aunque la mayoría de las ejecuciones se anuncian mediante comunicados del Ministerio del Interior, existen casos que no se hacen públicos.
(Con información de EFE)
