En el marco del debate sobre el nuevo presupuesto —que recibió media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada y que hoy tratará el Senado— la Unión Argentina de Salud (UAS) expresó su preocupación porque la ley se apruebe sin mantener la emergencia sanitaria. La entidad advirtió que eso pondría en riesgo a más de un millón de trabajadores del sector y dejaría al borde del cierre a cientos de empresas del rubro.
La UAS agrupa a 17 cámaras que representan a clínicas, sanatorios, empresas de emergencias médicas, laboratorios y otras prestadoras privadas de salud del país.
La entidad objetó la reciente eliminación del Capítulo XI, artículo 78, de la Ley de Presupuesto, que incluía —entre otros puntos— la derogación de normas como las de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, medidas sobre la movilidad de las asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías, así como la prórroga de la “Emergencia Sanitaria Nacional” hasta el 31 de diciembre de 2026.
La emergencia sanitaria está vigente desde 2001. Desde el sector explican que la razón por la que se mantiene desde hace 25 años es que no se resolvió la situación de fondo de la industria ni se actualizaron de forma realista precios y costos.
En su comunicado, la UAS advirtió que lo aprobado en Diputados “deja en situación de extrema vulnerabilidad a más de 5.000 instituciones”, que emplean a más de un millón de personas con trabajo registrado —entre clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y otros establecimientos asistenciales— y que, de prosperar la medida, podrían quedar en riesgo de cierre a partir del 1 de enero de 2026.
Además, la UAS reclamó con carácter de urgencia una norma que prorrogue de forma explícita el régimen de inembargabilidad para garantizar que las deudas fiscales no se traduzcan en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales.
La entidad destacó que esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio para proteger el interés público. Subrayó la necesidad de preservar los mecanismos de protección vigentes, en particular los que aseguran la inembargabilidad de las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. Advirtieron que la posibilidad de embargar cuentas y activos esenciales comprometería de inmediato la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema. El comunicado fue firmado por Hugo Magonza, del Cemic.
“El sector considera urgente el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad”, afirmó la UAS.
— ¿Cómo está el sector?, le preguntó Infobae a Magonza.
— Hay preocupación por la caída del Capítulo XI de la Ley de Presupuesto. Esas 5.000 instituciones mencionadas mantienen deudas fiscales vinculadas a aportes y contribuciones, acumuladas en un contexto de crisis económica prolongada, atraso arancelario y aumento sostenido de los costos operativos. Esa situación pone en riesgo su continuidad y la estabilidad laboral en uno de los sectores con mayor empleo formal del país.
– ¿Qué es lo que más les preocupa?
— Es imprescindible preservar los mecanismos de protección vigentes, en particular los que garantizan la inembargabilidad de las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. Avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema.
— ¿El pedido concreto es que continúe el esquema de emergencia?
— El sector considera urgente que el Poder Ejecutivo dicte un decreto que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, asegurando que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen los establecimientos asistenciales. Esta medida no significa condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio para proteger el interés público. Además, debe acompañarse de un análisis profundo y responsable del modelo tributario vigente: con aranceles postergados, costos estructuralmente crecientes y una elevada carga laboral inherente a los servicios de salud, el sistema resulta cada vez más inviable. A esto se suma una mayor litigiosidad laboral que aumenta la incertidumbre, distorsiona incentivos y agrava el deterioro económico del sector. Por ello es necesario avanzar hacia un cambio normativo integral que reconozca las particularidades del sistema de salud y garantice su sostenibilidad en el tiempo.
El comunicado concluyó señalando que “la salud no debe ser tratada como una actividad económica más. La continuidad del sistema sanitario requiere previsibilidad, protección normativa y decisiones urgentes que contemplen la realidad financiera de los prestadores y garanticen el derecho a la salud de toda la población”.
