El Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso, fue el eje del debate político y económico de fin de año. El texto define las principales pautas fiscales, financieras y presupuestarias para el próximo ejercicio y aquí se resumen sus puntos centrales.
Equilibrio fiscal como eje del proyecto
La ley establece como objetivo central el equilibrio de las cuentas públicas, con la intención de no registrar déficit fiscal y mantener una consistencia con la estrategia macroeconómica del Ejecutivo. El oficialismo afirmó que el texto aprobado en el Senado se mantuvo idéntico al de Diputados, sin cambios de último momento.
El proyecto refuerza la contención del gasto público y fija límites estrictos a la expansión del presupuesto, con la finalidad de evitar desvíos durante el año electoral.
Los números económicos
El Presupuesto proyecta variables macroeconómicas: el Gobierno estima un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% para 2026.
Asimismo, prevé una inflación anual de 10,1% y ubica el tipo de cambio de diciembre en $1.423, cifra por debajo de la cotización mayorista vigente al momento del debate.
Facultades para el manejo de la deuda pública
El texto autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a realizar operaciones de gestión de la deuda —como canjes y reestructuraciones— con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos.
El Gobierno sostiene que estas facultades buscan ordenar los compromisos del Tesoro y reducir riesgos sin aumentar el stock de deuda; la oposición advirtió que amplían poderes ejecutivos, mientras el oficialismo las defendió como prácticas habituales.
Reasignación de partidas y control del gasto
Se habilitan mecanismos para reasignar partidas dentro de ciertos límites, lo que da margen para atender contingencias sin modificar el total del gasto aprobado.
Desde el Ejecutivo indicaron que estas reasignaciones no implican un incremento del gasto global, sino una redistribución interna de recursos ya autorizados por el Congreso.
Subsidios y transferencias
El Presupuesto mantiene la política de reducción y focalización de subsidios, en particular en energía y transporte, orientada a concentrar la asistencia en los sectores de menores ingresos.
En lo que respecta a transferencias a las provincias, el texto se ajusta a los criterios automáticos vigentes y no contempla incrementos discrecionales, lo que generó reclamos de legisladores provinciales por mayor financiamiento.
Gasto social y sistema previsional
Se incluyen las partidas para el sistema previsional y los programas sociales existentes, con ajustes de jubilaciones y pensiones conforme a la fórmula de movilidad prevista por ley.
El Gobierno aseguró que el gasto social está garantizado dentro de las reglas fiscales y que no habrá recortes adicionales más allá de lo que determinen los ingresos y la normativa vigente.
Impuestos y presión tributaria
El proyecto no incorpora nuevos impuestos ni aumentos de alícuotas; desde el oficialismo señalaron que se apuesta a estabilidad tributaria esperando que la recuperación económica sostenga la recaudación.
En paralelo, el Congreso trató por separado una iniciativa sobre penalidades y fiscalización tributaria, conocida como ley de inocencia fiscal, cuyo debate generó cruces entre bloques aunque no forma parte del Presupuesto.
Los artículos cuestionados por la oposición
La oposición intentó modificar o eliminar artículos relacionados con facultades delegadas, administración de deuda y reasignaciones sin autorización adicional del Congreso, pero esos cambios no fueron incorporados.
Uno de los focos de disputa fue el artículo que suprime pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia y Tecnología, educación técnico profesional y defensa; la oposición buscó preservarlos sin éxito en el trámite descrito.
Hasta el cierre del año, la normativa vigente fijaba determinados porcentajes del PBI o del gasto presupuestario para esos sectores, y la discusión sobre su mantenimiento fue un punto álgido del debate.
Ejecución y control parlamentario
El Presupuesto prevé informes periódicos sobre la ejecución del gasto y la evolución de los ingresos, lo que permitirá al Congreso monitorear el cumplimiento de las metas fiscales durante el año.
El oficialismo destacó que la previsibilidad y la coherencia presupuestaria son señales importantes para los mercados y organismos internacionales, y defendió el proyecto como instrumento central de la política económica.
