El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó una ley que suprime la obligación de declarar ingresos y patrimonio para amplios segmentos del funcionariado, lo que aumenta la opacidad en la estructura estatal y debilita los mecanismos formales de control anticorrupción.
La norma reforma varias leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción y el control patrimonial de los cargos públicos. Como resultado, una parte importante de los empleados estatales dejará de presentar periódicamente declaraciones sobre ingresos, gastos y bienes, una exigencia que hasta ahora era anual e incluía también a cónyuges e hijos.
Según la nueva regulación, los órganos supervisores solo podrán solicitar esa información de forma excepcional, por ejemplo cuando un funcionario pase de una agencia a otra, si se detectan operaciones que superen el equivalente a tres años de los ingresos declarados, o en otros supuestos que la ley no define con claridad.
La medida excluye a sectores como la docencia, pero alcanza a áreas clave del aparato estatal, entre ellas las fuerzas de seguridad, el poder judicial, altos cargos ministeriales y funcionarios del Gobierno. Son ámbitos con poder político, judicial y coercitivo que históricamente han mostrado prácticas opacas en la gestión de recursos.
Hasta ahora, todos los servidores públicos estaban obligados a presentar antes del 1 de abril de cada año una declaración detallada de ingresos y gastos, una práctica introducida en la última década como parte de compromisos anticorrupción del Kremlin, aunque con limitada fiscalización independiente.
Este retroceso en transparencia ya había comenzado antes. En diciembre de 2022, tras el inicio de la invasión de Ucrania, Putin firmó un decreto que prohibió la publicación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios en portales oficiales y en los medios, alegando motivos de seguridad, lo que dejó esa información inaccesible para la sociedad civil.
Opositores y organizaciones críticas del Gobierno sostienen que la nueva ley consolida un sistema de opacidad financiera pensado para proteger a las élites políticas y de seguridad del escrutinio público. También señalan que la eliminación de controles se produce junto con un endurecimiento de la represión política y una mayor concentración de poder en el Ejecutivo.
En paralelo, las autoridades rusas han llevado ante los tribunales a centenares de funcionarios acusados de corrupción desde 2022, en un contexto marcado por el impacto económico de la guerra y las sanciones occidentales. El Ejecutivo presenta estos procesos como muestra de su compromiso con la legalidad y la disciplina interna.
No obstante, analistas y expertos en Rusia consideran que muchos de esos casos responden a disputas internas entre facciones de la élite más que a una limpieza institucional sistemática. Según estas fuentes, quienes reemplazan a los destituidos suelen reproducir prácticas similares, sin que se modifiquen las estructuras que facilitan la corrupción.
La supresión de la obligación de declarar ingresos refuerza esa percepción: mientras el Estado mantiene una retórica de control y sanción selectiva, reduce simultáneamente los mecanismos formales de transparencia, consolidando un modelo de poder más cerrado y menos sometido a supervisión pública.
