El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó una ley que suprime la obligación de declarar ingresos y patrimonio para un amplio segmento del funcionariado, medida que aumenta la opacidad en la estructura del Estado y reduce los mecanismos formales de control anticorrupción.
La norma introduce cambios en varias leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción y el control patrimonial de los cargos públicos. A partir de su entrada en vigor, una parte considerable de empleados estatales dejará de presentar periódicamente declaraciones de ingresos, gastos y bienes, exigencia que hasta ahora era de carácter anual e incluía también a cónyuges e hijos de los funcionarios.
Según el nuevo marco legal, las autoridades supervisoras podrán solicitar esa información solo de forma excepcional, por ejemplo cuando un funcionario sea transferido entre agencias, cuando se detecten transacciones que superen el equivalente a tres años de ingresos declarados, u otros supuestos que la propia norma no especifica con precisión.
La medida excluye sectores como la docencia, pero cubre áreas clave del aparato estatal, entre ellas las fuerzas de seguridad, el poder judicial, altos cargos ministeriales y otros funcionarios del Gobierno. Son ámbitos que concentran autoridad política, judicial y coercitiva y que han sido señalados por prácticas opacas en el manejo de recursos.
Hasta ahora, todos los servidores públicos debían presentar antes del 1 de abril de cada año una declaración detallada de ingresos y gastos, una práctica introducida formalmente como parte de los compromisos anticorrupción asumidos por el Kremlin en la última década, aunque con limitada fiscalización independiente.
El retroceso en transparencia no es una novedad. En diciembre de 2022, tras el inicio de la invasión a Ucrania, Putin firmó un decreto que prohibió la publicación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios en portales oficiales y en medios de comunicación, citando motivos de seguridad. Desde entonces, esa información dejó de estar accesible incluso de forma parcial para la sociedad civil.
Opositores y organizaciones críticas con el Kremlin sostienen que la nueva ley refuerza un sistema de opacidad financiera diseñado para proteger a las élites políticas y de seguridad frente al escrutinio público. Señalan además que la eliminación de controles coincide con un endurecimiento de la represión política y una mayor concentración de poder en el Ejecutivo.
En paralelo, las autoridades rusas han llevado a juicio a cientos de funcionarios acusados de corrupción desde 2022, en un contexto marcado por el impacto económico de la guerra y las sanciones internacionales. El Gobierno presenta estos procesos como prueba de su compromiso con la legalidad y la disciplina interna.
Sin embargo, analistas y expertos en la política rusa advierten que muchos de estos casos responden más a disputas internas entre facciones de la élite que a una política sistemática de limpieza institucional. Según estas fuentes, los funcionarios que relevan a los destituidos suelen reproducir prácticas similares, sin que se modifiquen las estructuras que permiten la corrupción. La eliminación de la obligación de declarar ingresos refuerza esa percepción: mientras el Estado mantiene una retórica de control y sanción selectiva, reduce a la vez los instrumentos formales de transparencia, consolidando un modelo de poder más cerrado y menos sometido a controles públicos.
