Santiago Fiore, propietario de la empresa El Bahiense, informó a El Diario Sur que recién en las últimas semanas se pudo avanzar con la remoción de las naves derrumbadas y poner en marcha la limpieza del sector afectado. Según explicó, durante un periodo prolongado la fiscalía interviniente no autorizó el retiro de escombros, lo que provocó una demora importante en las tareas de saneamiento. “La fiscalía no nos dejaba limpiar y eso se demoró mucho”, señaló Fiore, resumiendo la frustración que generó la restricción.
La intervención judicial, según se entiende por la explicación del empresario, impidió que la compañía ejecutara trabajos que consideraba necesarios para recuperar el predio. Aunque no se detallan aquí las razones concretas de la fiscalía, es habitual que las autoridades judiciales restrinjan el movimiento de materiales en un lugar cuando existe una investigación en curso, a fin de preservar pruebas, permitir peritajes o asegurar la trazabilidad de los hechos que motivaron la intervención. Esa cautela puede prolongar la paralización de operaciones y complicar la planificación de la limpieza y la reconstrucción.
Para la empresa, la imposibilidad de retirar escombros supuso retrasos logísticos y económicos, y potenciales riesgos continuos para la seguridad del entorno. La acumulación de restos de la estructura derrumbada puede generar peligros para trabajadores, vecinos y la infraestructura cercana, además de incrementar la complejidad de la posterior rehabilitación del sitio. La autorización reciente para remover las naves demolidas abre ahora la posibilidad de avanzar con la limpieza, evaluar daños y preparar el área para las obras necesarias.
El diálogo de Fiore con el medio local pone de manifiesto la tensión entre las obligaciones judiciales y las necesidades operativas de una empresa afectada por un siniestro o derrumbe. En contextos similares suele seguirse una secuencia: primero, las diligencias e inspecciones ordenadas por la fiscalía; luego, una vez concluidas o cuando se considera que no se compromete la investigación, la liberación del espacio para tareas de remoción y saneamiento; finalmente, trabajos de reconstrucción o disposición final de los escombros conforme a normativas ambientales y de seguridad.
Con la autorización para comenzar la limpieza, El Bahiense podrá avanzar en las tareas pendientes, aunque el ritmo y el alcance de las obras dependerán de la coordinación con las autoridades competentes y del cumplimiento de los protocolos exigidos. La recuperación completa del sector afectado requerirá además evaluaciones técnicas, permisos correspondientes y medidas para minimizar impactos a la comunidad y al medio ambiente. Mientras tanto, la posición del empresario refleja la urgencia de retomar labores y la importancia de una comunicación fluida entre la fiscalía y los responsables de la limpieza.
