El Ministerio de Salud de Australia declaró una emergencia por el auge de las bicicletas eléctricas y el aumento de accidentes graves y muertes, especialmente entre adolescentes. Las autoridades alertan sobre la proliferación de modelos ilegales en las ciudades y la falta de control técnico, mientras comerciantes y centros educativos buscan cómo afrontar el fenómeno.
Según The Guardian, en Nueva Gales del Sur se registraron 226 heridos en 2024 y 233 durante los primeros siete meses de 2025, además de cuatro fallecidos. En Queensland, los datos preliminares indican 239 siniestros y cuatro muertes en el mismo periodo. Las autoridades advierten que las cifras reales podrían ser mayores por el subregistro de incidentes leves.
El aumento de accidentes impulsó un debate nacional sobre si prohibir estos vehículos, endurecer la regulación o reforzar la educación vial. Registros policiales y asociaciones ciclistas reconocen que, aunque las bicicletas eléctricas han mejorado la movilidad y aportado beneficios ambientales, también han generado consecuencias preocupantes.
El ministro de Salud, Mark Butler, calificó estos vehículos como “una verdadera amenaza en la vía pública” y subrayó la urgencia de frenar su entrada al país, proponiendo facultar a la policía para retirarlas, destruirlas y eliminarlas.
Su uso se incrementó tras la relajación de las normas de importación en 2021, que permitió la llegada de modelos con motores más potentes y aceleradores sin restricciones. Ben Boucher, estudiante de 16 años, dijo que la bicicleta eléctrica le da independencia y facilita su recorrido escolar: “Simplemente es más fácil moverse”, declaró a The Guardian.
No obstante, se advierte del riesgo de que muchos menores desconocen las normas de tránsito. Max, un estudiante de 15 años, contó que en clases de educación vial aprendió la importancia del casco, aunque le preocupa que muchos compañeros y padres ignoren que estos vehículos pueden superar los 50 km/h.
En 2025, el gobierno federal estableció una potencia máxima de 250 vatios y una velocidad límite de 25 km/h. Aun así, comerciantes y especialistas sostienen que numerosos modelos eluden los controles oficiales.
Nueva Gales del Sur, que permitía motores de hasta 500 vatios, debió ajustarse a los límites nacionales. Pese a ello, los usuarios pueden modificar técnicamente las bicicletas para alcanzar velocidades superiores.
El debate llegó a la esfera política. Butler advirtió que “los niños siempre han cometido imprudencias con las bicicletas, pero ahora las lesiones son mucho más graves”. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reconoció que los gobiernos intentan “cerrar la puerta del establo” cuando el problema ya se ha desbordado.
La líder opositora Natalie Ward exigió “sacar las bicicletas eléctricas de las calles”, y alertó sobre el avance de grupos juveniles descritos en medios como ebikie gangs. Estas posturas evidencian el desacuerdo sobre cómo gestionar una posible emergencia sanitaria.
El fenómeno también afectó al comercio. Francisco Furman, propietario de Manly Bikes en Sídney, dijo a The Guardian que tras la muerte de un usuario en diciembre las ventas cayeron en una temporada normalmente activa: “Tuvimos muchas cancelaciones, lo que afecta gravemente nuestro negocio”. Por ello redujo su inventario ante la incertidumbre regulatoria.
Otros comerciantes, como Tadana Maruta, dueño de la tienda Pedl, sostienen que las nuevas restricciones no serán suficientes, pues muchas bicicletas pueden ser modificadas para superar los límites legales.
Maruta señaló además que persiste la venta de modelos ilegales para uso privado que superan los 25 km/h o carecen de pedales, y que muchos compradores los usan igualmente en la vía pública: “Todo lo que se necesita es un adolescente ingenioso, y siempre hay uno capaz de hacerlo”, afirmó.
La policía australiana intensificó los operativos contra bicicletas eléctricas y motocicletas ilegales. En una inspección en Melbourne en agosto, más de la mitad de los vehículos confiscados no cumplían la normativa. El comisionado adjunto de la policía de Victoria, Glenn Weir, afirmó que existe “una falta clara de comprensión, o un desinterés evidente, por cumplir la ley”.
Asimismo, los denominados rideouts —encuentros de ciclistas adolescentes organizados por redes sociales— están sujetos a nuevas restricciones. En Sídney y Melbourne estas reuniones han congregado a cientos de jóvenes y generado quejas de vecinos y autoridades.
Las alternativas consideradas incluyen reforzar los operativos policiales y ampliar la educación vial. Bicycle NSW, la principal organización ciclista de Nueva Gales del Sur, impulsa un programa piloto de formación en escuelas con la intención de extenderlo a todo el estado.
La entidad sostiene que la intervención policial debe ser el último recurso y promueve informar a adolescentes, padres y comerciantes sobre la normativa vigente. Paralelamente, colectivos como Bike Life Australia colaboran con la policía para organizar salidas legales y reducir incidentes.
El desafío de equilibrar la movilidad sostenible con la seguridad pública sigue abierto en Australia. Para muchos comerciantes, la adopción de estas bicicletas es ya irreversible y sus efectos, tanto positivos como negativos, forman parte de la dinámica urbana del país.
