El Ministerio de Salud de Australia declaró una emergencia por el aumento del uso de bicicletas eléctricas y el crecimiento de accidentes graves y muertes vinculadas a estos vehículos, sobre todo entre adolescentes. Las autoridades alertan sobre la proliferación de unidades ilegales en las grandes ciudades y la falta de controles técnicos, mientras comerciantes y centros educativos buscan medidas para enfrentar el fenómeno.
Según The Guardian, en Nueva Gales del Sur se registraron 226 heridos en 2024 y 233 en los primeros siete meses de 2025, junto con cuatro fallecidos. En Queensland, las cifras preliminares indican 239 siniestros y cuatro muertes en el mismo periodo. Las autoridades advierten que el número real podría ser mayor por el subregistro de incidentes menores.
El aumento de accidentes ha abierto un debate nacional sobre la conveniencia de prohibir estos vehículos, endurecer su regulación o reforzar la educación vial. Registros policiales y asociaciones de ciclistas reconocen que, aunque las bicicletas eléctricas han favorecido la movilidad y la sostenibilidad, también han generado consecuencias preocupantes.
El ministro de Salud, Mark Butler, calificó a estas bicicletas como “una verdadera amenaza en la vía pública” y pidió medidas urgentes para evitar su entrada al país, otorgando a la policía facultades para retirarlas y destruirlas si es necesario.
El uso se aceleró tras la relajación de normas de importación en 2021, que permitió la llegada de modelos con motores más potentes y aceleradores sin restricciones. Ben Boucher, un estudiante de 16 años, dijo que la bicicleta eléctrica le da independencia y facilita sus desplazamientos al colegio: “Simplemente es más fácil moverse”.
No obstante, existe la preocupación de que menores desconozcan las normas de tránsito. Max, un estudiante de 15 años, explicó que en las clases de educación vial aprendió la importancia del casco, pero señaló que muchos compañeros y padres ignoran que algunos modelos pueden superar los 50 km/h.
En 2025 el gobierno federal fijó una potencia máxima de 250 vatios y un límite de velocidad de 25 km/h. Aun así, comerciantes y expertos señalan que numerosos modelos eluden los controles oficiales.
Nueva Gales del Sur, que había permitido motores de hasta 500 vatios, tuvo que ajustarse a los límites nacionales; sin embargo, los usuarios aún pueden modificar las bicicletas para alcanzar mayores velocidades.
El debate escaló a la política nacional. Butler advirtió que, si bien los niños siempre han tenido conductas imprudentes con las bicicletas, ahora las lesiones son mucho más graves. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reconoció que los gobiernos intentan “cerrar la puerta del establo” cuando el problema ya se ha extendido.
La líder opositora Natalie Ward pidió retirar las bicicletas eléctricas de las calles y advirtió sobre la aparición de agrupaciones juveniles que algunos medios han llamado “ebike gangs”. Estas posturas evidencian diferencias sobre cómo gestionar lo que algunos califican de emergencia sanitaria.
El fenómeno también afectó al comercio. Francisco Furman, propietario de Manly Bikes en Sídney, contó que tras la muerte de un usuario en diciembre las ventas cayeron durante una temporada que suele ser activa: tuvo numerosas cancelaciones y redujo su inventario ante la incertidumbre regulatoria.
Otros comerciantes, como Tadana Maruta, dueño de la tienda Pedl, sostienen que las nuevas restricciones no bastarán, ya que muchas bicicletas pueden modificarse para superar los límites legales.
Maruta añade que continúa la venta de modelos ilegales para uso privado, que exceden los 25 km/h o carecen de pedales, y que muchos compradores los usan igualmente en la vía pública: “Todo lo que se necesita es un adolescente ingenioso, y siempre hay uno capaz de hacerlo”.
La policía australiana intensificó los operativos contra bicicletas eléctricas y motocicletas ilegales. En una inspección en Melbourne realizada en agosto, más de la mitad de los vehículos confiscados no cumplían la normativa vigente. El comisionado adjunto de la policía de Victoria, Glenn Weir, señaló que hay “una falta clara de comprensión, o un desinterés evidente, por cumplir la ley”.
Asimismo, los llamados rideouts —encuentros de ciclistas adolescentes organizados por redes sociales— están sujetos a nuevas restricciones. En Sídney y Melbourne estas reuniones han congregado a cientos de jóvenes y generado quejas de vecinos y autoridades.
Entre las respuestas propuestas figuran el refuerzo de los controles policiales y la ampliación de la educación vial. Bicycle NSW, la principal organización de ciclistas del estado, promueve un programa piloto de formación en escuelas con la intención de extenderlo a todo Nueva Gales del Sur.
Dicha entidad considera que la intervención policial debe ser el último recurso y fomenta la información a adolescentes, padres y comerciantes sobre la normativa vigente. Paralelamente, colectivos como Bike Life Australia colaboran con la policía para organizar salidas legales y prevenir incidentes.
El desafío de conciliar la movilidad sostenible con la seguridad pública sigue abierto en Australia. Para muchos comerciantes, la adopción de las bicicletas eléctricas es ya un hecho irreversible, y sus efectos positivos y negativos forman parte de la dinámica urbana del país.
