El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que pedirá al Parlamento nuevos poderes para restringir el uso de redes sociales por parte de menores, incluyendo la posible implantación de una edad mínima que podría aplicarse en meses. La medida pretende reducir el acceso de niños y adolescentes a contenidos dañinos y se enmarca en un creciente movimiento internacional de regulación del entorno digital juvenil.
Starmer precisó que las restricciones no se limitarán a fijar una edad legal, sino que podrían incluir prohibiciones sobre funciones de las plataformas consideradas perjudiciales para el bienestar infantil, como la reproducción automática de contenidos. También se baraja limitar el uso de redes privadas virtuales (VPN) para evitar que los menores eludan los controles.
El primer ministro respaldó la iniciativa con motivos personales: “Como padre de dos adolescentes, sé que el acceso de los menores a las redes sociales es algo que está muy presente en la mente de los padres y madres en este momento”, dijo.
La propuesta llega tras semanas de debate parlamentario. En enero, la Cámara de los Lores aprobó por 261 votos frente a 150 una enmienda al Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Escuelas, impulsada por la oposición, que exige a las plataformas sistemas de verificación de edad “altamente efectivos” para bloquear a menores de 16 años. El gobierno laborista se mostró inicialmente en contra, pero la presión política y social ha llevado a revisar su postura.
Reino Unido ya cuenta con la Ley de Seguridad en Internet, aprobada en 2023, que obliga a los servicios online con límites de edad a explicar cómo los aplican y a usar medidas de verificación cuando existe riesgo de acceso infantil a contenidos nocivos. La nueva propuesta aspira a ir más allá, contemplando restricciones mucho más amplias.
El anuncio británico forma parte de una ola regulatoria internacional iniciada por Australia, que en diciembre de 2024 se convirtió en el primer país en prohibir legalmente el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La ley australiana, vigente desde el 10 de diciembre, obliga a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube a eliminar cuentas de usuarios por debajo de ese umbral, bajo multas que pueden llegar a los 32 millones de dólares.
España también anunció en febrero su intención de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años; el presidente Pedro Sánchez presentó la propuesta en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, señalando que las plataformas deberán implantar verificaciones de edad eficaces. Francia aprobó en enero una ley que fija el límite en 15 años y prohíbe el uso de teléfonos móviles en institutos, mientras que Dinamarca y Grecia han expresado medidas similares.
En noviembre de 2024, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que recomienda establecer los 16 años como edad mínima para acceder a redes sociales, introduciendo sistemas de verificación que respeten la privacidad y restricciones a prácticas algorítmicas dañinas. La aplicación de estas recomendaciones varía entre los países miembros, con edades legales que van de 13 a 16 años.
La creciente regulación ha suscitado críticas de empresas tecnológicas y organizaciones de derechos digitales. Meta, propietaria de Facebook e Instagram, ha manifestado dudas sobre la viabilidad técnica de algunas restricciones, y el propietario de X, Elon Musk, calificó la legislación australiana como una forma de controlar el acceso a internet “por la puerta de atrás”.
Organizaciones como Amnistía Internacional han advertido que las prohibiciones podrían acabar aislando a los jóvenes en lugar de protegerlos. Expertos en salud mental y algunos investigadores señalan la ausencia de pruebas concluyentes sobre la eficacia de límites estrictos por edad, y sugieren que restringir funciones adictivas, como el scroll infinito, podría ser más efectivo que prohibiciones absolutas.
En Reino Unido, tanto el Partido Conservador como sectores del Partido Laborista han mostrado apoyo público a las restricciones. El exministro conservador John Nash describió el uso infantil de redes sociales como una “catástrofe social” y defendió que una prohibición daría a los adolescentes “unos años más para madurar”.
Starmer ha lanzado una consulta pública de tres meses para concretar aspectos de la medida, incluidos los métodos de verificación de edad y la posibilidad de toques de queda nocturnos en el acceso a redes sociales por parte de menores.
El gobierno afronta desafíos técnicos y prácticos importantes: encontrar métodos de verificación que sean viables sin comprometer la privacidad de los usuarios y evaluar la eficacia real de las medidas ante la capacidad de los jóvenes para sortearlas mediante herramientas tecnológicas.
