Buenos Aires, 18 de febrero de 2026 — Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo que remita “en forma urgente y detallada” toda la información y documentación respaldatoria de una contratación vinculada a la capacitación en idioma inglés del personal de Cancillería.
La iniciativa reclama datos sobre la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, relacionada con la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25. Entre otros puntos, pide el número completo de expediente, la normativa aplicada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron encuadrar el procedimiento en el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01, además de las fechas de convocatoria, apertura, adjudicación y emisión de la orden de compra.
El proyecto también solicita saber si el Ministerio realizó estudios comparativos o relevamientos que acrediten el carácter de “especialidad” del servicio y la inexistencia de otros prestadores idóneos. Asimismo, requiere la identificación completa del adjudicatario, la nómina de sus autoridades vigentes y los antecedentes contractuales de esa entidad con Cancillería durante los últimos diez años.
En los fundamentos, la diputada Roxana Monzón señala que la contratación adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa por un plazo de nueve meses, con opción de prórroga por un período equivalente. Según el acto administrativo, la decisión se justificó en que la entidad sería el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en 2018.
El texto menciona además la controversia pública generada por la adjudicación y señala que varios medios informaron que la asociación es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger. También indica que las actuaciones administrativas reconocen la existencia de un “vínculo positivo” entre una de las directoras de la entidad y el funcionario.
La iniciativa subraya que se trató de un procedimiento de excepción que, en sus palabras, “restringe la concurrencia y competencia”, y reclama conocer los criterios técnicos concretos que respaldaron la supuesta falta de oferentes alternativos en un servicio educativo que cuenta con amplia oferta en el mercado.
Finalmente, el proyecto pone el foco en el contexto fiscal y contrapone el gasto comprometido para 2026 con el deterioro presupuestario de áreas sensibles, al tiempo que solicita mayor transparencia y acceso público a los criterios, montos y fundamentos de la contratación.
