Mientras Luis Caputo y Santiago Bausili ultiman un programa financiero destinado a despejar dudas sobre el pago de la deuda hasta fines de 2027, Diego Santilli afrontará esta semana una negociación clave para el futuro político de Javier Milei: empezar a construir la mayoría y las condiciones que podrían facilitar una eventual reelección.
Ambas negociaciones avanzan en paralelo: una orientada a dar certezas a los mercados sobre el cumplimiento de compromisos financieros en el próximo año electoral; la otra, a persuadir a gobernadores y aliados de acompañar una reforma electoral que permita suspender o eliminar las PASO y, a la vez, ampliar la base política del oficialismo.
No se trata de dos agendas independientes: son los pilares sobre los que el Gobierno está preparando el escenario para la elección presidencial de 2027.
Tras un año y medio centrado en estabilizar la economía, reducir la inflación, ordenar las cuentas públicas y sostener reformas sin mayoría parlamentaria, el Presidente inició una nueva etapa en la gestión: el objetivo económico permanece, pero la prioridad política cambió.
Hasta hace poco, la estrategia del espacio libertario se orientaba a consolidar La Libertad Avanza como fuerza nacional con identidad propia, aun cuando eso implicara competir con gobernadores y dirigentes que apoyaban al Gobierno en el Congreso.
En las últimas semanas esa lógica comenzó a modificarse hacia una búsqueda de mayor amplitud política.
La jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete dejó una primera señal de ese cambio: la presencia de trece gobernadores en la Casa Rosada no fue solo para respaldar al nuevo funcionario.
El Gobierno quiso enviar un mensaje interno y externo: la segunda parte del mandato demandará más acuerdos políticos que la primera.
El giro no implica abandonar la confrontación política ni renunciar a la identidad libertaria, sino reconocer que un eventual segundo mandato exigirá una mayoría más amplia que la actual.
Santilli sintetizó esa orientación con una frase que en el oficialismo interpretan como método: “En la etapa que viene, los colores no definen. Lo que va a definir el futuro es si volvemos para atrás o seguimos para adelante”.
El mensaje tiene destinatarios concretos dentro del arco político.
Gobernadores del PRO.
Radicales.
Partidos provinciales.
Y también sectores del peronismo que miran con inquietud la interna entre Axel Kicillof y el kirchnerismo.
La discusión sobre las PASO aparece precisamente en ese marco.
En la Casa Rosada dejaron de considerarla solo una reforma electoral: la ven como una pieza central de la estrategia para 2027.
La primera razón es de tipo parlamentario.
El Gobierno necesita negociar con gobernadores que hoy concentran buena parte del poder real en el Senado.
La Cámara alta dejó de ser únicamente el lugar donde se votan leyes.
Se transformó en el principal ámbito de negociación entre la Casa Rosada y las provincias.
La primera prueba de esta nueva dinámica llegará esta semana.
Victoria Villarruel convocó una reunión de Labor Parlamentaria en un Senado donde el oficialismo aún no controla los tiempos políticos.
La vicepresidenta mantiene una relación distante con el Presidente y administra una Cámara en la que los gobernadores han mostrado capacidad para condicionar la agenda oficial.
En el Gobierno ya trabajan con la posibilidad de que sea difícil avanzar con una sesión: varios senadores anticiparon ausencias y los proyectos prioritarios volverán a depender del resultado de negociaciones políticas.
Ese escenario explica buena parte del cambio de método del oficialismo.
La resistencia que levantaron los gobernadores no puede superarse solo con discursos o confrontación.
Requiere acuerdos concretos.
Y Santilli llegó con la misión central de abrir esos canales de diálogo.
Pero la eliminación de las PASO persigue un objetivo más amplio que solo facilitar pactos con provincias.
El destinatario principal de esa iniciativa no son únicamente los gobernadores.
Es, también, el peronismo.
Cristina Kirchner quedó fuera de la competencia electoral tras su condena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Axel Kicillof decidió impulsar un proyecto presidencial propio.
Máximo Kirchner busca preservar la centralidad política de su madre y el liderazgo de La Cámpora.
En paralelo, gobernadores, intendentes y otros sectores del PJ observan la disputa sin definir quién conducirá el peronismo después de Cristina.
Hoy las PASO son el mecanismo institucional que ordena esa interna.
Sin primarias, la contienda se trasladaría exclusivamente a la negociación política entre los distintos sectores del justicialismo.
En la Casa Rosada creen que ese escenario favorece al oficialismo.
No solo porque dificulta la reorganización del principal espacio opositor.
Sino porque abre la posibilidad de atraer a dirigentes peronistas que ya no se sienten contenidos por la conducción kirchnerista y buscan preservar su poder territorial sin quedar atrapados en una pelea de liderazgo.
En ese contexto aparece la segunda parte de la negociación política.
El Gobierno ya no espera que esos dirigentes se incorporen formalmente a La Libertad Avanza.
La Boleta Única de Papel ofrece alternativas para una ingeniería electoral distinta.
La candidatura presidencial de Milei podría convivir con listas legislativas de gobernadores o fuerzas provinciales que mantengan su identidad política local.
Ese es el cambio de método al que aludió Santilli cuando dijo que “los colores no definen”.
Antes de salir a negociar con gobernadores y otros dirigentes, Milei decidió ordenar su propio espacio político.
Y ese proceso comenzó antes de la jura de Santilli.
La decisión de no abrir nuevos frentes internos se reflejó en gestos que pasaron más desapercibidos fuera del Gobierno, pero que en la Casa Rosada consideran relevantes.
Tras las tensiones por la salida de Manuel Adorni y por la abstención de Patricia Bullrich en la votación del pliego de la jueza María Verónica Michellini, la estrategia interna fue contener en lugar de confrontar.
Bullrich seguirá participando de la mesa política que volverá a reunirse esta semana y mantendrá actividades con el armado que conduce Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires.
Ese mantenimiento de vínculos evitó una ruptura que algunos esperaban y permitió congelar disputas internas para no distraer energías mientras el Gobierno negocia hacia afuera.
La decisión también ayuda a entender el nuevo reparto de responsabilidades dentro del oficialismo.
Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem siguen concentrando las decisiones políticas centrales.
Nadie les disputó ese lugar, pero la ejecución operativa se distribuye de manera distinta.
Santilli quedó a cargo de la negociación política cotidiana; Adrián Ravier asumió la vocería presidencial con un tono más institucional; y Fabián Fernández coordina la comunicación para ordenar el mensaje en una etapa menos confrontativa y más orientada a acuerdos.
No cambió el centro de gravedad del poder.
Cambió la forma de administrarlo.
La señal más clara de ese giro es que el Gobierno ya no discute solo cómo aprobar leyes o superar votaciones puntuales en el Congreso.
Comenzó a pensar cómo construir una mayoría política que trascienda el mandato actual.
Por eso la semana que comienza tiene una relevancia superior a la de una agenda habitual de actividades oficiales.
El lunes, Caputo y Bausili intentarán responder una pregunta inevitable en la antesala de un año electoral: de dónde saldrán los dólares para afrontar los vencimientos de deuda.
El mensaje está dirigido tanto a los mercados como a actores políticos.
La Argentina ha tenido campañas presidenciales marcadas por la incertidumbre económica, por lo que esa discusión no puede subestimarse.
La Casa Rosada busca demostrar que dispone de un programa financiero capaz de garantizar el cumplimiento de compromisos durante lo que resta del año y en 2027.
El objetivo no es solo mostrar números, sino instalar una idea de previsibilidad.
En el Gobierno consideran que esa previsibilidad es un activo político valioso.
La apuesta es llegar a la próxima elección presidencial con la economía en crecimiento, la inflación estabilizada, una recuperación gradual de ingresos, creación de empleo privado, un mercado cambiario sin sobresaltos y un esquema de financiamiento que disipe dudas sobre la deuda.
No se trata solo de una discusión técnica.
Es la plataforma política sobre la que Milei pretende construir su proyecto de reelección.
Los antecedentes recientes pesan en la estrategia.
Desde 2015 ningún oficialismo logró conservar la Presidencia dentro de su propio espacio político.
El kirchnerismo perdió la candidatura de Daniel Scioli ante Mauricio Macri.
Macri no logró renovar su mandato frente a Alberto Fernández.
Y el Frente de Todos no mantuvo la Presidencia con Sergio Massa frente a Milei.
Las causas fueron distintas en cada caso, pero todas compartieron un factor común: la economía condicionó la política.
Milei pretende romper esa secuencia.
Por eso decidió trabajar simultáneamente sobre dos factores que considera decisivos para llegar competitivo a 2027.
La política.
Y la economía.
Mientras Santilli busca ampliar la base de apoyo del oficialismo y negociar con gobernadores una salida para las PASO, Caputo trabaja para reducir la incertidumbre financiera típica de un año electoral.
Ambas tareas están estrechamente vinculadas.
Una economía previsible facilita acuerdos políticos.
Y una mayoría política más amplia fortalece la credibilidad de un programa económico.
La vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán ilustrará esa lógica.
Tras la imagen de la jura de Santilli con trece gobernadores, Milei volverá a compartir una escena con mandatarios provinciales en un momento en que el Gobierno busca reconstruir puentes sin ceder liderazgo.
No será una postal casual.
Será la continuidad de una estrategia reciente que busca mostrar disposición a negociar sin alterar el rumbo del gobierno.
El Presidente no abandonó la confrontación con el kirchnerismo ni dejó de impulsar la batalla cultural que identifica su gestión.
Lo que cambió fue la diferenciación entre adversarios y potenciales aliados.
Ese matiz explica buena parte de las últimas decisiones y movimientos políticos.
El Gobierno ya no mira únicamente el próximo dato de inflación o la próxima sesión del Congreso.
Comenzó a planificar en función del calendario de 2027.
Desde esa perspectiva, cada decisión adquiere otro significado.
La eliminación de las PASO deja de ser solo una reforma electoral y se convierte en una herramienta para rediseñar el escenario del peronismo.
La negociación con gobernadores trasciende la necesidad parlamentaria y se integra a la construcción de una mayoría para un posible segundo mandato.
La presentación del programa financiero deja de ser un anuncio técnico y se transforma en una señal de estabilidad de cara al año electoral.
Incluso las modificaciones internas en el Gobierno responden a esa lógica estratégica.
Santilli, Ravier y Fabián Fernández no llegaron a cambiar el rumbo central de la administración libertaria; llegaron a ejecutar una etapa diferente del mismo proyecto político.
En el primer año y medio, Milei construyó poder diferenciándose del resto del sistema político.
Ahora empezó a construir poder eligiendo con quiénes está dispuesto a compartir parte del camino.
No cambió el objetivo fijado el 10 de diciembre de 2023.
Cambió el método con el que pretende alcanzarlo.
Y esa modificación en el modo de actuar es, probablemente, la novedad política más relevante de un Gobierno que ya comenzó a preparar el terreno para la elección presidencial de 2027.
