Panamá informó que Venezuela aprobó la extradición del principal sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, un avance que reactiva y acelera un proceso judicial que permanecía estancado por más de tres décadas.
La autorización permitirá que el extraditado enfrente a la justicia panameña, tras la confirmación de que la solicitud fue tramitada por los canales diplomáticos entre ambos países.
Este hecho constituye un hito en una investigación larga y compleja, seguida de cerca por los familiares de las víctimas y por las autoridades involucradas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que Panamá presentó formalmente la petición de extradición en enero de 2026, la cual fue analizada y finalmente aprobada por las autoridades venezolanas.
El requerido, identificado como Ali Zaki Hage Jalil, había sido detenido en Venezuela después de que Panamá emitiera una alerta internacional. Su doble condición de colombiano por nacimiento y venezolano por naturalización planteó retos legales, dado que la normativa de ese país impone restricciones a la extradición de sus nacionales.
El atentado al vuelo 901 de Alas Chiricanas ocurrió el 19 de julio de 1994, cuando una bomba explotó a bordo poco después del despegue desde el aeropuerto France Field, en la provincia de Colón.
La explosión provocó la desintegración del avión en pleno vuelo y su caída en una zona selvática, con un saldo de 21 fallecidos: 3 tripulantes y 18 pasajeros. Entre las víctimas había ciudadanos panameños, estadounidenses y comerciantes de origen hebreo que viajaban desde la Zona Libre de Colón hacia la ciudad de Panamá.
Las investigaciones concluyeron que el explosivo fue introducido dentro de un radio portátil, aparentemente activado por un mecanismo remoto.
Quien portaba el artefacto fue identificado como Ali Hawa Jamal, quien murió en la explosión y fue señalado como el autor material del ataque.
Según las pesquisas, este hombre viajó en varias ocasiones entre Colón y la ciudad de Panamá en los días previos al atentado, usando identidades falsas y sin dejar un historial personal claro, lo que dificultó su identificación.
La investigación fue reabierta en 2017 por la Fiscalía Superior de Descarga de Homicidio, luego de recibir nueva información proporcionada por el Estado de Israel.
En ese momento el caso fue reclasificado como terrorismo y considerado un delito de lesa humanidad, lo que posibilitó su reapertura pese al tiempo transcurrido y permitió explorar nuevas líneas de indagación y la posible participación de otros sospechosos.
Con apoyo del FBI y organismos internacionales, las autoridades panameñas identificaron a un segundo sospechoso, de origen libanés y nacido en Colombia, con presuntos vínculos directos con Hezbolá.
La información señala que este individuo habría mantenido comunicación con el autor material y podría haber estado implicado en la planificación y la logística del ataque.
También se estableció una posible conexión con el atentado del día anterior en Argentina contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos.
La Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos concluyó que Hezbolá fue responsable del atentado contra el vuelo 901, lo que reforzó la hipótesis de que se trató de una operación internacional coordinada.
En ese marco, el Departamento de Estado de Estados Unidos activó el programa Recompensas para la Justicia, ofreciendo hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de los responsables.
A lo largo de los años, el caso ha contado con la participación de múltiples instituciones, incluida la Dirección de Investigación Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y unidades especializadas de la Policía Nacional.
Recientemente se realizaron inspecciones en el área del siniestro, en Cerro San Rita, con el objetivo de reconstruir los hechos y recabar testimonios. Un testigo recordó haber oído la explosión y ver restos caer desde el cielo, un relato que ilustra la magnitud del ataque.
Familiares de las víctimas agrupados en el Comité Conciencia Viva han expresado su apoyo a las gestiones del Gobierno panameño, y consideran que este avance es un momento crucial en la búsqueda de justicia.
En un comunicado, señalaron que la extradición del sospechoso es un paso relevante para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades después de más de 30 años de espera. Añadieron que el proceso honra la memoria de las víctimas y fortalece los principios de justicia y respeto a la vida.
El Comité subrayó que el avance judicial no solo constituye un triunfo procesal, sino también el reconocimiento a una lucha sostenida para evitar la impunidad, y afirmó que devuelve credibilidad a las instituciones.
Asimismo, pidieron que el proceso se lleve con transparencia y firmeza hasta lograr una resolución completa que honre a las víctimas y establezca un precedente frente a actos de terrorismo.
La aprobación de la extradición abre ahora una nueva fase orientada a coordinar el traslado, la formulación de cargos y la eventual judicialización del caso en Panamá.
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar las investigaciones hasta el esclarecimiento total de los hechos y la sanción de los responsables. Para las familias, este avance representa una oportunidad real de cerrar un capítulo marcado por la incertidumbre, el dolor y la búsqueda constante de justicia.
