Dos organizaciones del ámbito jurídico manifestaron su respaldo a la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual el tribunal aprobó un proyecto integral para reformar el Reglamento de Concursos dirigido a la selección de magistrados y lo remitió al Consejo de la Magistratura. La iniciativa pretende reducir la discrecionalidad en las designaciones, reforzar la evaluación por mérito e idoneidad, incorporar herramientas tecnológicas para asegurar el anonimato en las pruebas de oposición y definir criterios más objetivos y previsibles en todas las etapas del proceso.
La medida de la Corte se conoció en paralelo a la estrategia del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal, que incluyó el envío de las primeras tandas de pliegos al Senado. El tribunal destacó su condición de “cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina” y consideró que le corresponde colaborar en la corrección de disfunciones del sistema mediante reformas reglamentarias, orientadas a que el mérito y la idoneidad sean centrales en la selección de jueces.
El proyecto diferencia dos tipos de concursos: anticipados —regla general, con cobertura de hasta ocho cargos por concurso— y especiales —excepción, simples o múltiples, con un máximo de nueve cargos—. La prueba de oposición escrita se divide en una etapa general, con 120 preguntas sorteadas de un banco de 2.000 y corrección automatizada, y una etapa específica con ejercicios de razonamiento e interpretación y la resolución de un caso práctico con sentencia. La evaluación de antecedentes se basa en criterios objetivos, y las entrevistas personales, que serán públicas y transmitidas por medios audiovisuales, tendrán una ponderación reducida a 20 puntos. La Corte señaló que la etapa de antecedentes, en ocasiones, premia el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico y el mérito real.
El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) calificó la acordada como “un avance institucional relevante” para mejorar la calidad, la transparencia y la legitimidad del sistema de designación de jueces. En su comunicado, valoró el rediseño estructural propuesto, orientado a que el acceso a la magistratura se funde prioritariamente en criterios objetivos de mérito e idoneidad, reduciendo los márgenes de discrecionalidad que han afectado esos procesos.
FORES destacó la incorporación de evaluaciones anónimas, sistemas de corrección automatizada y criterios de calificación preestablecidos como pasos decisivos hacia procesos más confiables y equitativos. También respaldó la reducción del peso de la entrevista personal, identificada como una de las principales fuentes de discrecionalidad. Para la organización, estas reformas contribuyen a la independencia judicial al limitar la discrecionalidad política en la selección, promoviendo igualdad de condiciones, estándares objetivos, imparcialidad de los jueces y mayor confianza pública en las instituciones.
Al mismo tiempo, FORES propuso profundizar la reforma e incorporó competencias que considera esenciales para el ejercicio jurisdiccional: razonamiento jurídico aplicado, formación en ética judicial, aptitudes de gestión de casos y uso de un lenguaje claro en la comunicación de decisiones. La entidad exhortó al Consejo de la Magistratura a dar “pronto tratamiento” al proyecto remitido por la Corte.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también expresó su apoyo al proyecto, señalando que el nuevo reglamento aportará objetividad y transparencia y reducirá la discrecionalidad al basarse en criterios prefijados. Resaltó además los concursos anticipados como regla general, porque evitarían interferencias políticas al no conocer los postulantes el cargo concreto para el que compiten. El Colegio avaló la reducción del puntaje de la entrevista personal como medida para disminuir la discrecionalidad y procurar que los magistrados designados reúnan la idoneidad necesaria. Cerró su pronunciamiento reafirmando su compromiso institucional de velar por una integración del Poder Judicial con magistrados idóneos, independientes y capaces de generar confianza en la ciudadanía.
