La carga impositiva sobre la industria en la provincia de Buenos Aires preocupa a los empresarios, que señalan el impacto real de los tributos —especialmente Ingresos Brutos— y las altas tasas municipales en un contexto de caída de la actividad, cierres de empresas y competencia desigual con productos importados.
Un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), a cargo de Alejandro Gentile, indica que la presión tributaria efectiva por Ingresos Brutos alcanza el 4,7% del valor agregado, muy por encima de la alícuota legal del 1,5%. Ese nivel también supera a provincias de perfil productivo similar, como Santa Fe (3,6%) y Córdoba (3,5%).
El estudio advierte que la carga real difiere de la establecida por ley por el “efecto cascada” a lo largo de la cadena productiva, razón por la cual Ingresos Brutos suele considerarse el impuesto más distorsivo. El gobierno nacional reclamó a las provincias su reducción, aunque las cuentas provinciales están ajustadas; por eso el Ejecutivo tuvo que anticipar coparticipación por hasta $400.000 millones a 12 provincias.
La disparidad se observa en otras actividades: en servicios personales la alícuota teórica es 3,5% mientras que la carga efectiva llega a 18,4%; en comercio la relación es 5% frente a 23,5% en términos efectivos.
El informe destaca que el aumento de la presión tributaria respecto de la alícuota teórica es notable en la industria por el uso de insumos intermedios. Ingresos Brutos se calcula sobre una base imponible cercana al Valor Bruto de Producción (VBP) en el sector manufacturero.
Ante esto, la UIPBA empezó a diseñar un esquema para reducir progresivamente el impuesto, incluyendo mecanismos compensatorios, con la intención de presentarlo al gobierno de Axel Kicillof. La propuesta parte del dato de que casi el 14% de la recaudación de Ingresos Brutos proviene de la industria.
La entidad también iniciará acciones legales contra algunos municipios por las elevadas tasas de seguridad e higiene, consideradas “un abuso legalizado”, y advierte que es probable que más empresas abandonen distritos que cobren cargos excesivos.
El reclamo surge en medio de un pesimismo general por la caída de la actividad y una fuerte apertura de importaciones, especialmente desde China, cuyos productos no afrontan la misma carga impositiva que los producidos localmente.
Empresarios dicen no recibir respuesta del gobierno bonaerense para “nivelar la cancha” y advierten que, si la dinámica continúa, la recaudación terminará cayendo de todos modos por la reducción del número de fábricas en funcionamiento.
Desde noviembre de 2023, Argentina registró la desaparición de 21.339 empresas privadas empleadoras, con la provincia de Buenos Aires como la más afectada: 5.832 compañías menos.
Los industriales bonaerenses mantienen expectativas negativas para el año y prevén que los cierres continuarán. Señalan además la necesidad de un plan industrial en la jurisdicción, que actualmente —dicen— no existe.
Santa Fe y Córdoba, otras provincias con fuerte perfil industrial, también mostraron retrocesos importantes en los últimos dos años: en la primera dejaron de operar 2.309 empresas y en la segunda 3.884, según datos de Politikon Chaco.
En Córdoba, el sector más afectado fue el comercio, con 1.027 cierres; le siguieron transporte y almacenamiento, con 996, y la industria manufacturera, que perdió 218 firmas.
En Santa Fe, la mayor reducción correspondió a transporte y almacenamiento, con 1.130 empresas menos; luego la industria, con 292, y actividades agropecuarias y pesqueras, con 230 cierres.
