La alta incidencia de siniestros viales en El Salvador durante 2026 refleja una carencia estructural en la educación vial y en el cumplimiento efectivo de las normas de tránsito, señaló el consultor en seguridad vial Benedicto Perlera en una entrevista con Urbano News.
Perlera indicó que la problemática va más allá de los operativos policiales y evidencia deficiencias en la formación de conductores y en la aplicación de la normativa. Explicó que la ausencia de capacitación adecuada y la obtención empírica de licencias son factores clave en la persistencia de los accidentes.
El consultor afirmó que en muchos municipios entre el 85 % y el 90 % de los conductores no cuenta con licencia, y que quienes la obtienen frecuentemente desconocen el manejo defensivo y los fundamentos legales. Perlera es fundador y director de la escuela de formación vial EDEN.
Su análisis se apoya en datos del Observatorio Vial, que registró 6.887 accidentes y 422 fallecidos hasta el 14 de abril de 2026, cifras superiores a las del año anterior. Perlera advirtió que se trata de una situación crónica que refleja una deuda prolongada en educación vial.
Según el experto, la respuesta del Estado se ha centrado en el control y la sanción en lugar de priorizar la prevención y la formación. Señaló que es necesario acercar la educación vial a las zonas rurales y exigir capacitación integral antes de emitir licencias.
En la entrevista también se abordó la brecha entre la teoría legal y la práctica cotidiana. Perlera citó normativas específicas, subrayando que, aunque existen prohibiciones y sanciones —como la restricción para conducir bajo la influencia de alcohol— la falta de educación y de seguimiento dificulta su eficacia.
El consultor sostuvo que la formación debe incluir componentes teóricos, prácticos y éticos, así como primeros auxilios, pruebas psicológicas y exámenes visuales. Indicó que en EDEN imparten capacitaciones completas incluso para conductores con años de experiencia, con el objetivo de convertir a conductores empíricos en “motoristas” que comprenden y cumplen la ley.
Perlera relató que, al formar a 217 conductores en La Palma, además de entregar licencias se instruyó sobre responsabilidad civil, penal y familiar, beneficiando así a instituciones públicas y a la comunidad al reducir la siniestralidad.
Como medidas, propuso endurecer sanciones económicas y administrativas: multas de 250 dólares para faltas leves y hasta 1.500 dólares para las graves, además de la suspensión definitiva de la licencia para quienes conduzcan en estado de ebriedad. Advirtió que sin medidas severas el sistema seguirá favoreciendo la irresponsabilidad.
Finalmente, Perlera enfatizó que el enfoque debe cambiar de la reacción a la prevención, pues la educación vial es la mejor inversión para salvar vidas. Reiteró su disposición a colaborar con autoridades y medios para promover un cambio estructural en la seguridad vial.
