Nancy Guerrero Castillo se incorporó a Médicos Sin Fronteras (MSF) en 2004 tras responder a un aviso publicado en un periódico de Ocaña, su ciudad natal en el departamento colombiano de Norte de Santander. Formada como administradora de empresas, buscaba oportunidades laborales. Veintidós años después dirige la sección sudamericana de habla hispana de la organización, con sede en Buenos Aires y oficinas en Bogotá y Montevideo.
Su trayectoria incluye misiones en América Latina, África y el sur de Asia, y desde 2023 asumió la representación institucional de MSF en Colombia. En 2024 tomó la dirección regional en un momento en que la organización, presente en más de 75 países con 516 proyectos activos, enfrenta un contexto humanitario global marcado por ataques deliberados contra instalaciones médicas, recortes en la ayuda exterior de Estados Unidos y crisis prolongadas en lugares como Haití, Gaza y Sudán.
“En América Latina la principal epidemia es la violencia, crónica, de años. Hay que visibilizarla para que no se normalice”, afirma Guerrero en esta entrevista con Infobae en las oficinas de MSF en Buenos Aires. La conversación recorre los principales frentes de la organización en el continente —desde el Catatumbo en Colombia hasta campamentos de desplazados en Puerto Príncipe— y plantea una pregunta de fondo: ¿cómo resiste el sistema humanitario internacional cuando sus principios son sistemáticamente vulnerados? “Además de la asistencia médico-humanitaria, MSF tiene el mandato de levantar la voz, y lo hacemos con datos médicos, testimonios y observaciones directas en el terreno”, añade.
—A diez años de la resolución 2286 de la ONU, que prohíbe los ataques contra infraestructura médica y personal humanitario, MSF publicó un informe con 255 incidentes documentados en la última década, con un aumento en 2024 y 2025. ¿Qué ha ocurrido con esa resolución?
—La resolución 2286 cumplió diez años a principios de mayo. MSF jugó un papel importante para que se adoptara, tras el ataque al hospital de Kunduz en Afganistán. La resolución es explícita en prohibir los ataques contra instalaciones médicas, personal sanitario y civiles. Sin embargo, en la práctica esos ataques continúan y han aumentado. MSF trabaja en más de 75 países y vemos crisis muy distintas, incluidas en nuestra propia región.
—Haití suele mencionarse como ejemplo claro. ¿Cómo es operar allí en la actualidad?
—Haití atraviesa niveles altos de violencia armada y un colapso institucional sostenido. A fines de 2024 una de nuestras ambulancias fue atacada; transportaba heridos y estos fueron ejecutados. Esto representa una violación directa de la acción médico-humanitaria. Tuvimos que suspender actividades y cerrar puntos de atención allí donde no se podían garantizar condiciones mínimas de seguridad. Operamos bajo el principio de neutralidad: no tomamos partido, trabajamos con la población civil. La seguridad del personal es prioritaria, porque si nuestro personal no puede operar, la población queda sin atención.
—Naciones Unidas estima que 6,4 millones de haitianos necesitarán ayuda humanitaria en 2026. ¿Qué encuentran sus equipos en el día a día?
—Es una crisis parcialmente olvidada, que se mantiene desde el asesinato del presidente hace unos años y el avance de las bandas criminales. Observamos un aumento del uso de la violencia sexual como arma de guerra, numerosos heridos de combate —apoyamos uno de los pocos hospitales de traumatología operativos—, y necesidades en salud mental y salud sexual y reproductiva. El año pasado atendimos a más de tres mil sobrevivientes de violencia sexual. Existen numerosos campamentos de desplazados, donde realizamos clínicas móviles porque el acceso fijo es difícil o controlado por grupos armados. En esos asentamientos, cerca de una cuarta parte de la población presenta sarna y afecciones cutáneas, y muchos niños tienen enfermedades respiratorias.
—El gobierno de Donald Trump pretende revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y deportar a más de 350.000 haitianos alegando que Haití es lo suficientemente seguro. ¿Coincide MSF con esa evaluación?
—No. Haití no es un lugar seguro. Hay extrema pobreza, colapso institucional y violencia generalizada, con impactos directos en la salud física y mental. Además, por su ubicación geográfica, enfrenta huracanes y terremotos que lo agravan. MSF ha mantenido presencia para acompañar a las comunidades más vulnerables.
—La política migratoria estadounidense también alteró las rutas: el cruce del Darién pasó de 1,2 millones entre 2021 y 2024 a unas tres mil personas el año pasado. Para varios gobiernos se considera un éxito. ¿Cómo lo interpreta MSF?
—La crisis migratoria en América Latina sigue siendo grave. Las políticas restrictivas y de disuasión han reducido el flujo por el Darién, pero no solucionaron el problema: las personas se dispersaron y utilizan otras rutas. Muchos quedaron varados, especialmente en México, y sufren extorsión, tortura y violencia sexual. La estigmatización y criminalización dificulta que busquen ayuda. En salud mental vemos aumentos en personas que requieren medicación para estrés postraumático. En algunos lugares tuvimos que reducir proyectos específicos porque el flujo cambió, pero seguimos atendiendo a quienes llegan.
—MSF opera en Venezuela y también asiste a venezolanos a lo largo de la ruta migratoria. ¿Cuál es la situación dentro del país y cómo se prepara MSF ante posibles tensiones regionales?
—En Venezuela, donde MSF está presente desde 2015, trabajamos para reducir brechas en el acceso a salud mediante servicios esenciales y apoyo a centros locales. Actualmente tenemos proyectos activos en Anzoátegui y Delta Amacuro, que incluyen atención médica general, salud sexual y reproductiva, salud materna y neonatal, control de infecciones, rehabilitación de infraestructura, mantenimiento de equipos, capacitación del personal local y donación de medicamentos e insumos. En Anzoátegui se brindan también consultas de planificación familiar y atención integral a víctimas de violencia sexual; en Delta Amacuro se llega a comunidades remotas, muchas indígenas, para tratar enfermedades como tuberculosis, VIH y desnutrición, pese a dificultades logísticas. En 2025 realizamos una planificación específica para posibles emergencias derivadas de la inestabilidad política y de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Nuestra prioridad es mantener la aceptación local y el espacio humanitario para poder seguir trabajando.
—Aparece además un flujo migratorio inverso: personas que regresan hacia el sur. ¿Qué observa MSF respecto a ese fenómeno?
—Desde el año pasado empezamos a ver movimientos hacia el sur. Algunas personas intentan regularizarse en México pero quedan expuestas a abusos; otras buscan quedarse en países como Colombia o Chile. A comienzos de este año lanzamos un proyecto en la frontera entre Ecuador y Colombia para atender a migrantes y desplazados internos. Monitoreamos esos flujos ante políticas cada vez más restrictivas en varios países. Muchas personas con intención de permanencia se encuentran con barreras de acceso a servicios básicos y con marcos legales más duros.
—¿Qué sería para usted una política migratoria humanitaria?
—Migrar no es un delito. Es necesario garantizar acceso al asilo, atención médica digna y protección frente a violencia, explotación y abusos institucionales. Muchas personas no migran por elección sino para escapar de violencia, pobreza extrema y colapso institucional; buscar protección y oportunidades básicas debería ser respetado y facilitado.
—Los recortes de la administración Trump a la ayuda exterior, ¿afectaron a MSF, que se financia en 98% con fondos privados?
—Directamente no hemos sentido el impacto en nuestra financiación, pero sí en el terreno: muchos programas de otras organizaciones cerraron por falta de fondos, dejando vacíos en la atención, especialmente en temas vinculados a migración. Eso nos obliga a repriorizar hacia actividades vitales y de emergencia. Además, la reducción de fondos para vacunas o terapias para VIH perjudicó a comunidades y complicó mantener actividades previas.
—Usted es colombiana, de Norte de Santander, y comenzó en MSF en zonas rurales de Colombia. ¿Qué Colombia encuentra hoy como directora regional?
—Nuestra presencia en Colombia cambió con los años. Hace veinte años estábamos más en zonas rurales y remotas afectadas por el conflicto, donde el acceso a servicios básicos era prácticamente inexistente y el personal debía desplazarse largas distancias. Con el tiempo incorporamos también intervenciones urbanas ante nuevas formas de violencia. En Colombia hemos atendido tuberculosis, familiares de desaparecidos, sobrevivientes de violencia sexual y ofrecido apoyo en salud mental. Actualmente, con varias crisis globales compitiendo por recursos, MSF a veces prioriza regiones con mayor urgencia, lo cual ha reducido algunas actividades en la región.
—MSF vuelve a trabajar en el Catatumbo, su región natal, donde la violencia aumentó a comienzos de 2025 tras la ruptura de negociaciones entre el ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué significa, a nivel personal, ver su región otra vez en los titulares por las mismas razones de hace veinte años?
—Es doloroso. El Catatumbo fue zona de conflicto hace veinte años y ahora se ha recrudecido con disputas entre grupos armados. Desde principios de 2025 volvimos a la zona para ofrecer atención primaria. Observamos comunidades confinadas que no pueden salir por el control de los grupos armados, y una necesidad persistente en salud mental. Es una crisis de largo plazo ligada a narcotráfico y control territorial que genera desplazamientos repetidos y sufrimiento constante para la población civil.
—¿Qué balance hace MSF del plan de “paz total” del presidente Gustavo Petro, que planteaba negociar con todos los actores armados y hoy enfrenta críticas?
—MSF se limita a informar sobre lo que observa en el terreno. Continuamos viendo comunidades afectadas por el conflicto con acceso limitado a servicios del Estado. Hay poblaciones en Colombia que aún enfrentan restricciones en acceso a salud física y mental, salud sexual y reproductiva. Más que emitir juicios políticos, describimos la situación humanitaria que constatamos.
—Mencionó el principio de neutralidad. En un conflicto como el de Gaza, donde MSF ha denunciado acciones israelíes, ¿es posible mantener la neutralidad?
—Denunciamos basados en lo que observamos: datos médicos, testimonios y pacientes. Hemos documentado patrones que indican acciones deliberadas contra servicios esenciales, incluida la salud. MSF siempre comunica dónde trabaja, a veces con coordenadas, como medida de seguridad; aun así hemos sufrido ataques deliberados. En 2025 hemos distribuido cientos de millones de litros de agua y observado la destrucción de plantas desalinizadoras y la restricción de suministros básicos —alimentos, agua potable, saneamiento, insumos médicos—. También se han impuesto limitaciones administrativas que dificultan el trabajo de MSF y de otras organizaciones en Gaza. La neutralidad de MSF no implica indiferencia: estamos disponibles para la población civil de todas las partes. Ofrecimos apoyo también del lado israelí, pero las autoridades allí declararon que no lo necesitaban; en el otro lado el sistema de salud está colapsado y la población tiene necesidades extremas.
—En Argentina la presencia de MSF es principalmente institucional. ¿Existen condiciones para abrir proyectos operativos?
—MSF interviene cuando hay un contexto que lo justifica —conflicto, epidemia, desastre— y cuando la salud de la población está en riesgo y la respuesta existente es insuficiente. No buscamos sustituir sistemas que funcionan. Por ejemplo, en 2024 hubo inundaciones en Brasil y Uruguay: en Brasil detectamos comunidades sin respuesta y actuamos; en Uruguay la respuesta local fue adecuada y no intervenimos. En Argentina seguimos evaluando contextos, pero en muchos países hay sistemas de salud que responden.
—Con Gaza, Ucrania, Sudán y la República Democrática del Congo en la agenda global, ¿qué crisis latinoamericana está fuera del radar internacional?
—Haití, sin duda, es una crisis que tiende a normalizarse y dejar de recibir atención. También las comunidades indígenas en varios países suelen ser menos visibles mediáticamente, pese a su alta vulnerabilidad. Y la migración sigue siendo un tema grave que perdió foco mediático pero no dejó de afectar a muchas personas estigmatizadas y sin acceso a servicios básicos.
—MSF nació en París en los años setenta con liderazgo mayoritariamente europeo y masculino. Usted dirige ahora una sección regional desde Buenos Aires. ¿Qué cambia cuando el liderazgo deja de ser europeo y masculino?
—MSF aspira a ser una organización global coherente con su presencia en los territorios. Hemos trabajado en transformar nuestra gobernanza para que las decisiones se tomen más cerca de las comunidades afectadas. Liderazgos desde el sur global —Latinoamérica, África, sur de Asia— aportan una mirada más cercana a realidades locales y enriquecen la labor médico-humanitaria. América Latina no es solo receptora de ayuda: ha generado modelos de intervención —por ejemplo en salud mental— que se han aplicado en otros contextos. Reforzar liderazgos locales contribuye a una mayor legitimidad y efectividad en la respuesta. Y volvemos a insistir: en América Latina la violencia crónica es una de las principales emergencias y debe mantenerse visible.
Quién es Nancy Guerrero
Nancy Guerrero Castillo (Ocaña, Colombia, 1983). Administradora de empresas con posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo. En MSF desde 2004. Ha realizado misiones en América Latina, África y el sur de Asia. 2023-2024: representante institucional de MSF en Colombia. Desde 2024: directora general de MSF Sudamérica de habla hispana, con sede en Buenos Aires.
Médicos Sin Fronteras
Fundada en París, 1971. Presente en más de 75 países con 516 proyectos activos. 98% de financiamiento privado. En América Latina opera en 13 países, incluida Venezuela desde 2015. En Haití mantiene la mayor operación regional: 48,3 millones de euros invertidos en 2024.
