El ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al intendente Fernando Moreira y representantes empresariales, del INTI, la Universidad de San Martín (UNSAM), el sector científico-tecnológico, otras universidades y sindicatos, presentó un reclamo por el cierre de 25.000 PyMEs y propuso iniciar un plan de acción para declarar la emergencia nacional en los 2.300 municipios del país.
El documento solicita líneas de financiamiento específicas —señalando que actualmente solo una de cada tres PyMEs accede al crédito—; programas de regularización impositiva dirigidos a las PyMEs; y una revisión del esquema de precios relativos y de los costos fijos.
Además, piden una política comercial que facilite la importación de bienes de capital e insumos sin perjudicar la producción y el empleo nacionales, y un cambio en la política de ingresos.
Katopodis afirmó que en San Martín, una ciudad industrial de la provincia, se reunió con empresarios, trabajadores, sindicatos, el INTI y la UNSAM para frenar lo que describió como la destrucción del tejido productivo y universitario, y sostuvo que 25.000 PyMEs habían cerrado desde la asunción de la actual gestión.
Solicitaron la declaración de emergencia PyME a nivel nacional, el freno a la avalancha de productos importados y la adopción de medidas en favor del empleo argentino.
Katopodis cerró con una crítica a la gestión de Javier Milei, a la que responsabilizó por priorizar intereses concentrados y perjudicar a la industria nacional.
Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), que agrupa a los equipos técnicos de Katopodis, desde la asunción de Milei más de 25.000 empresas cerraron, un proceso que el informe calificó como el mayor de pérdida de empresas en los últimos 30 años.
El informe indica que, en promedio, 930 empresas dejaron de existir por mes —equivalente a unas 31 PyMEs menos por día y más de una por hora— desde el inicio de la gestión actual.
