El cobro de mas de 500 mil pesos realizado por Vialidad Nacional al Obispado de Posadas por el uso de la calzada de la Ruta Nacional 12 durante la peregrinacion a la Virgen de Loreto genero criticas y repercusiones mediaticas. Ante la presion publica, el organismo admitio un “error del sistema” y anuncio la devolucion del dinero.
El padre Alberto Barros, de la Parroquia Sagrada Familia de Posadas, sostuvo que el episodio trasciende un error administrativo y tiene implicancias politicas y culturales; lo califico como una injusticia y planteo cuestionamientos sobre el modelo impulsado por la gestion nacional.
Barros dijo no sorprenderse completamente por el hecho y senalo que, aunque el monto pueda parecer lo central, a su juicio lo mas relevante es entender que hay detras del episodio, mas alla del aspecto estrictamente economico.
El sacerdote considero que el cobro carecia de sentido practico y resultaba incongruente frente al deterioro de la infraestructura vial. Ademas subrayo la contradiccion de cobrar por una peregrinacion mientras las rutas nacionales presentan falta de mantenimiento y se registran accidentes fatales.
Para el, la medida fue una falta de respeto a la libertad colectiva y reflejaria una forma de actuar del Estado: segun Barros, las medidas de ajuste no afectarian a las elites (“la casta”), sino que recaen sobre la poblacion mas vulnerable.
Tambien cuestiono las exenciones y beneficios fiscales dirigidos a grandes sectores economicos y actividades extractivas, y comparo esa politica con el hecho de cobrar por una manifestacion religiosa popular, lo que describio como desproporcionado.
En su lectura cultural del episodio, Barros afirmo que al gobierno le molestaria la accion social de la Iglesia Catolica y la nocion de “pueblo”, entendiendo que las manifestaciones religiosas populares representan una voz y una solidaridad que incomodan a la gestion.
Explico que una procesion simboliza la caminata conjunta de una comunidad solidaria, que acompana a los mas rezagados, y la contrapuso a una cultura individualista e indiferente centrada en intereses particulares.
Ademas interpreto el cobro como coherente con otras decisiones recientes del gobierno, como la reduccion de fondos para programas de prevencion de adicciones y para comedores populares.
Barros advirtio que, de no haber tenido difusion publica, el hecho podria haber sentado un precedente para aplicar cargos similares a otras peregrinaciones y expresiones religiosas populares en el futuro.
Reitero su vision de que el Gobierno Nacional adopta una postura de rechazo hacia manifestaciones culturales y religiosas de raiz comunitaria, describiendola como una orientacion elitista y con prioridad para privilegios de minorias.
Finalmente senalo un contraste: a su juicio hay expresiones religiosas que cuentan con afinidad politica y no son objeto de ese tipo de sanciones, a diferencia de las practicas religiosas que acompanan al ciudadano comun.
Barros concluyo que la devolucion del dinero no modifica el mensaje politico y cultural que, segun su interpretacion, dejo el cobro: considero el hecho insolito pero coherente con el contexto nacional actual.
