La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre un marcado deterioro institucional en Guatemala, caracterizado por la cooptación del sistema de justicia y el uso creciente de mecanismos de criminalización contra voces críticas.
La comisionada Andrea Pochak, relatora para Guatemala, indicó que el informe sitúa el debilitamiento de la institucionalidad democrática y de la independencia judicial como el eje del análisis, y advierte de serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado de derecho.
Pochak atribuyó estas amenazas al control de ciertas instituciones estatales por redes de poder político y económico que buscan proteger intereses privados y garantizar impunidad.
El documento señala un grave deterioro del sistema de justicia, que no cumple con la tutela judicial efectiva y se emplea para criminalizar a quienes demandan derechos o exigen rendición de cuentas.
Expansión de la criminalización y uso selectivo del sistema penal
Inicialmente dirigida contra operadores de justicia y exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la estrategia se amplió luego a comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso autoridades estatales. El informe concluye que la criminalización se ha consolidado como una práctica generalizada.
La relatora señaló que el Ministerio Público (MP) ha sido cooptado y desmantelado para funcionar como un instrumento de persecución selectiva, poniendo como ejemplo el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para proteger el statu quo y perseguir a críticos.
La CIDH también identificó connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial, un aumento de la impunidad y obstáculos en los procesos de justicia transicional vinculados al conflicto armado interno.
El informe aborda además problemas persistentes de pobreza y desigualdad, destacando las condiciones adversas de los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos territoriales, que han derivado en desalojos forzosos y criminalización.
Recomendaciones urgentes
Frente a este panorama, la Comisión presentó 43 recomendaciones al Estado guatemalteco, entre las que destacan reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, cesar el uso indebido del sistema penal y revisar a fondo el funcionamiento del Ministerio Público.
“Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz”, afirmó Pochak.
El informe fue elaborado con una metodología estricta que incluyó una visita in situ, el análisis de audiencias públicas y más de 48 encuentros con representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.
(Con información de EFE)
