Estados Unidos ha acelerado drásticamente su campaña de bombardeos contra Al-Shabaab y el Estado Islámico en Somalia durante las primeras semanas de 2026, según datos del Comando de África (AFRICOM). Desde el 1 de enero, las fuerzas estadounidenses han ejecutado 23 ataques aéreos en territorio somalí, confirmó la portavoz del comando, la mayor Mahalia Frost, a la agencia AFP. El repunte forma parte de una ofensiva más amplia contra los militantes vinculados al Estado Islámico en el continente africano, que incluyó los ataques del día de Navidad en Nigeria.

La escalada refleja un cambio de doctrina que sitúa a Somalia como el principal campo de batalla estadounidense fuera de zonas de guerra declaradas. Según el recuento de la fundación New America, Estados Unidos ha ejecutado al menos 114 ataques en Somalia durante 2025, una cifra sin precedentes que supera la suma de todos los bombardeos realizados bajo las administraciones de George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden. La cifra contrasta con el pico anterior de 64 operaciones registradas en 2019, durante el primer mandato de Trump.

El teniente general John Brennan, comandante de AFRICOM, explicó la lógica estratégica en una reunión de seguridad en Abuya: “Desde Somalia hasta Nigeria, el conjunto de amenazas está conectado. Estamos intentando desarticularlo y proporcionar a nuestros socios la información que necesitan”.

La intensificación de los ataques se produce en un momento crítico para la seguridad somalí. Al-Shabaab, el afiliado de Al-Qaeda en África Oriental, lanzó una ofensiva a gran escala en febrero de 2025 y ha logrado recuperar decenas de localidades en las regiones de Hiirán y Shabelle, revirtiendo los avances territoriales que el Gobierno somalí había conseguido en su contraofensiva de 2022.

El grupo insurgente controla ahora un triángulo estratégico que le permite cercar posiciones gubernamentales y cortar líneas de suministro hacia Mogadiscio. Sus operaciones se han incrementado en aproximadamente un 50% respecto al promedio mensual de 2024, y en marzo intentó asesinar al presidente Hassan Sheikh Mohamud mediante un artefacto explosivo detonado a distancia cerca de la capital, el primer ataque directo contra un mandatario somalí desde 2014.

La organización, surgida a mediados de la década de 2000 como milicia juvenil de la Unión de Tribunales Islámicos, busca destruir el Gobierno Federal de Somalia, expulsar a las fuerzas extranjeras y establecer un califato que unifique a todos los somalíes étnicos de África Oriental bajo una interpretación rigorista del islam. A pesar de haber sido expulsada de Mogadiscio en 2011 por la Misión de la Unión Africana, mantiene entre 7.000 y 12.000 combatientes y genera ingresos estimados en decenas de millones de dólares anuales mediante impuestos, extorsión y contrabando de carbón y ganado.

Parte sustancial de los bombardeos estadounidenses se ha concentrado en el Estado Islámico-Somalia, una escisión de Al-Shabaab establecida en 2015 en las montañas de Puntland. Según el comandante de AFRICOM, general Michael Langley, el Estado Islámico dirige actualmente sus operaciones globales desde Somalia, lo que ha elevado la prioridad de este objetivo para Washington.

El grupo ha evolucionado hasta convertirse en un centro operativo, logístico y financiero para la red global yihadista, y algunas fuentes indican que su emir podría haberse convertido en el líder de toda la organización. Con un flujo de combatientes extranjeros, IS-Somalia podría contar ahora con hasta 1.500 efectivos, frente a los 200-300 estimados hace pocos años.

Los ataques del día de Navidad contra el Estado Islámico en Nigeria ilustran la visión integrada que AFRICOM aplica a las amenazas yihadistas en el continente. Misiles Tomahawk disparados desde un buque de la Armada impactaron dos campamentos del grupo Lakurawa, afiliado a la Provincia del Sahel del Estado Islámico, en el estado de Sokoto, fronterizo con Níger.

Trump enmarcó la operación como represalia por la violencia contra cristianos. Sin embargo, el ministro de Exteriores nigeriano, Yusuf Tuggar, insistió en que la operación conjunta no tenía motivación religiosa y que las víctimas del terrorismo en la región del Sahel son mayoritariamente musulmanas.

La escalada militar coincide con fricciones diplomáticas entre Washington y Mogadiscio. La Administración Trump suspendió recientemente la asistencia humanitaria a Somalia, acusando a funcionarios del Gobierno federal de destruir un almacén del Programa Mundial de Alimentos y de incautarse ilegalmente de 76 toneladas de ayuda alimentaria.

Los recortes han obligado a las agencias humanitarias a reducir su población objetivo de 4,6 millones a apenas 1,3 millones de personas, en un país donde la inseguridad alimentaria aguda afecta a millones y los desplazados internos superan los 3,5 millones.

A principios de enero, Somalia anunció la muerte de Abdullahi Osman Mohamed, conocido como Ingeniero Ismail, el principal experto en explosivos de Al-Shabaab y asesor del emir del grupo, sobre cuya cabeza pesaba una recompensa estadounidense de cinco millones de dólares. La operación, ejecutada el 10 de diciembre cerca de Jilib con apoyo de fuerzas aliadas, también eliminó a su segundo, Abdikarim Hersi.

Sin embargo, expertos advierten que los bombardeos selectivos difícilmente alterarán la dinámica estructural del conflicto. Al-Shabaab ha demostrado una notable capacidad para absorber las bajas y reponer su liderazgo, mientras que los ataques con drones que causan víctimas civiles alimentan la narrativa insurgente de agresión extranjera. La organización ha sobrevivido a casi dos décadas de operaciones antiterroristas y administra un sistema de gobierno paralelo en vastas extensiones del sur y centro de Somalia, donde la presencia del Estado federal es mínima o inexistente.

Estados Unidos ha acelerado drásticamente su campaña de bombardeos contra Al-Shabaab y el Estado Islámico en Somalia durante las primeras semanas de 2026, según datos del Comando de África (AFRICOM). Desde el 1 de enero, las fuerzas estadounidenses han ejecutado 23 ataques aéreos en territorio somalí, confirmó la portavoz del comando, la mayor Mahalia Frost, a la agencia AFP. El repunte forma parte de una ofensiva más amplia contra los militantes vinculados al Estado Islámico en el continente africano, que incluyó los ataques del día de Navidad en Nigeria.

La escalada refleja un cambio de doctrina que sitúa a Somalia como el principal campo de batalla estadounidense fuera de zonas de guerra declaradas. Según el recuento de la fundación New America, Estados Unidos ha ejecutado al menos 114 ataques en Somalia durante 2025, una cifra sin precedentes que supera la suma de todos los bombardeos realizados bajo las administraciones de George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden. La cifra contrasta con el pico anterior de 64 operaciones registradas en 2019, durante el primer mandato de Trump.

El teniente general John Brennan, comandante de AFRICOM, explicó la lógica estratégica en una reunión de seguridad en Abuya: “Desde Somalia hasta Nigeria, el conjunto de amenazas está conectado. Estamos intentando desarticularlo y proporcionar a nuestros socios la información que necesitan”.

La intensificación de los ataques se produce en un momento crítico para la seguridad somalí. Al-Shabaab, el afiliado de Al-Qaeda en África Oriental, lanzó una ofensiva a gran escala en febrero de 2025 y ha logrado recuperar decenas de localidades en las regiones de Hiirán y Shabelle, revirtiendo los avances territoriales que el Gobierno somalí había conseguido en su contraofensiva de 2022.

El grupo insurgente controla ahora un triángulo estratégico que le permite cercar posiciones gubernamentales y cortar líneas de suministro hacia Mogadiscio. Sus operaciones se han incrementado en aproximadamente un 50% respecto al promedio mensual de 2024, y en marzo intentó asesinar al presidente Hassan Sheikh Mohamud mediante un artefacto explosivo detonado a distancia cerca de la capital, el primer ataque directo contra un mandatario somalí desde 2014.

La organización, surgida a mediados de la década de 2000 como milicia juvenil de la Unión de Tribunales Islámicos, busca destruir el Gobierno Federal de Somalia, expulsar a las fuerzas extranjeras y establecer un califato que unifique a todos los somalíes étnicos de África Oriental bajo una interpretación rigorista del islam. A pesar de haber sido expulsada de Mogadiscio en 2011 por la Misión de la Unión Africana, mantiene entre 7.000 y 12.000 combatientes y genera ingresos estimados en decenas de millones de dólares anuales mediante impuestos, extorsión y contrabando de carbón y ganado.

Parte sustancial de los bombardeos estadounidenses se ha concentrado en el Estado Islámico-Somalia, una escisión de Al-Shabaab establecida en 2015 en las montañas de Puntland. Según el comandante de AFRICOM, general Michael Langley, el Estado Islámico dirige actualmente sus operaciones globales desde Somalia, lo que ha elevado la prioridad de este objetivo para Washington.

El grupo ha evolucionado hasta convertirse en un centro operativo, logístico y financiero para la red global yihadista, y algunas fuentes indican que su emir podría haberse convertido en el líder de toda la organización. Con un flujo de combatientes extranjeros, IS-Somalia podría contar ahora con hasta 1.500 efectivos, frente a los 200-300 estimados hace pocos años.

Los ataques del día de Navidad contra el Estado Islámico en Nigeria ilustran la visión integrada que AFRICOM aplica a las amenazas yihadistas en el continente. Misiles Tomahawk disparados desde un buque de la Armada impactaron dos campamentos del grupo Lakurawa, afiliado a la Provincia del Sahel del Estado Islámico, en el estado de Sokoto, fronterizo con Níger.

Trump enmarcó la operación como represalia por la violencia contra cristianos. Sin embargo, el ministro de Exteriores nigeriano, Yusuf Tuggar, insistió en que la operación conjunta no tenía motivación religiosa y que las víctimas del terrorismo en la región del Sahel son mayoritariamente musulmanas.

La escalada militar coincide con fricciones diplomáticas entre Washington y Mogadiscio. La Administración Trump suspendió recientemente la asistencia humanitaria a Somalia, acusando a funcionarios del Gobierno federal de destruir un almacén del Programa Mundial de Alimentos y de incautarse ilegalmente de 76 toneladas de ayuda alimentaria.

Los recortes han obligado a las agencias humanitarias a reducir su población objetivo de 4,6 millones a apenas 1,3 millones de personas, en un país donde la inseguridad alimentaria aguda afecta a millones y los desplazados internos superan los 3,5 millones.

A principios de enero, Somalia anunció la muerte de Abdullahi Osman Mohamed, conocido como Ingeniero Ismail, el principal experto en explosivos de Al-Shabaab y asesor del emir del grupo, sobre cuya cabeza pesaba una recompensa estadounidense de cinco millones de dólares. La operación, ejecutada el 10 de diciembre cerca de Jilib con apoyo de fuerzas aliadas, también eliminó a su segundo, Abdikarim Hersi.

Sin embargo, expertos advierten que los bombardeos selectivos difícilmente alterarán la dinámica estructural del conflicto. Al-Shabaab ha demostrado una notable capacidad para absorber las bajas y reponer su liderazgo, mientras que los ataques con drones que causan víctimas civiles alimentan la narrativa insurgente de agresión extranjera. La organización ha sobrevivido a casi dos décadas de operaciones antiterroristas y administra un sistema de gobierno paralelo en vastas extensiones del sur y centro de Somalia, donde la presencia del Estado federal es mínima o inexistente.

Inversores, profesionales y organismos públicos enfrentan nuevos desafíos en proyectos habitacionales, donde el equilibrio entre innovación, regulación y necesidades de la población toma un rol central, según datos de la University of Basel

Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido han instado este martes al Gobierno sirio y a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a evitar cualquier vacío de seguridad en los centros de detención de yihadistas durante el proceso de transferencia de territorios en el noreste del país. La advertencia llega en un momento en que hasta 7.000 prisioneros vinculados a Estado Islámico podrían ser trasladados desde Siria a instalaciones iraquíes, una operación de emergencia que evidencia la fragilidad del entramado de seguridad en la región más de un año después de la caída de Bashar al Assad.

El comunicado conjunto, emitido tras una reunión entre el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot; su homóloga británica, Yvette Cooper; la viceministra de Exteriores alemana, Serap Güler; y el enviado especial estadounidense Tom Barrack, subraya la necesidad de mantener los esfuerzos colectivos en la lucha contra Estado Islámico.

Los cuatro diplomáticos acordaron convocar con prontitud una reunión de la Coalición Internacional contra el grupo yihadista para abordar las preocupaciones derivadas de las acusaciones cruzadas sobre la excarcelación de terroristas durante el traspaso de instalaciones. Barrack admitió esta semana que el papel de las FDS como principal fuerza contra Estado Islámico sobre el terreno ha expirado en gran medida, dado que Damasco está ahora dispuesto y posicionado para asumir responsabilidades de seguridad.

Un acuerdo que redibuja el mapa sirio

El 18 de enero, el presidente sirio Ahmed al Shara alcanzó un acuerdo con el líder de las FDS, Mazloum Abdi, para poner fin a las hostilidades e integrar a los kurdos en las instituciones del Estado sirio. Los términos del pacto estipulan la transferencia administrativa y militar inmediata de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa a Damasco, así como la integración de las instituciones civiles de Hasaka en la estructura estatal.

La Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria ha perdido el 80% del territorio que controlaba, una transformación radical consumada en cuestión de días tras el fracaso de las negociaciones a finales de 2025, que desembocó en una ofensiva militar del Ejército sirio. El alto el fuego inicial, de cuatro días, fue prorrogado el pasado martes por 15 días adicionales, un plazo que las potencias occidentales consideran insuficiente para garantizar una transición ordenada.

El almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central estadounidense, advirtió que facilitar una transferencia ordenada y segura es fundamental para evitar una fuga que supondría una amenaza directa para Estados Unidos y la seguridad regional. La preocupación tiene fundamento concreto: algunos prisioneros de Estado Islámico que escaparon de una prisión en el noreste sirio el 19 de enero siguen en paradero desconocido, ya que el caos subsiguiente hizo imposible localizar a algunos de los combatientes. Hasta ahora, 275 prisioneros han sido trasladados a Irak, un proceso lento que se realiza por vía aérea mientras Bagdad anuncia que procesará y juzgará a los terroristas transferidos.

El resurgimiento de una amenaza latente

Estado Islámico aumentó su actividad en Siria durante los primeros meses de 2025, aprovechando el vacío de poder y la debilidad de las nuevas fuerzas de seguridad tras la caída de Al Asad. En diciembre pasado, una emboscada del grupo yihadista cerca de Palmira mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil, lo que provocó una respuesta masiva de Washington con ataques aéreos contra 70 objetivos en el centro de Siria.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses y sus aliados han eliminado o capturado a 25 miembros del grupo en territorio sirio, aunque los analistas coinciden en que la organización mantiene células durmientes capaces de ejecutar ataques selectivos en zonas desérticas y rurales.

La declaración occidental omite cualquier mención a Turquía, un actor determinante en el conflicto. Ankara considera a la Administración Autónoma kurda una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que combate desde hace décadas, y ha lanzado tres operaciones militares en el norte de Siria desde 2016.

Francia ha insistido en que la integración de las FDS en el Estado sirio no puede imponerse mediante la fuerza, pero la posición de París contrasta con los recientes brotes de violencia que han afectado tanto la gestión de los centros de detención como el desarrollo de la transición política.

El horizonte inmediato depende de si el alto el fuego se consolida antes de que expire el próximo sábado. Según el analista Nanar Hawach, del International Crisis Group, el drástico cambio en el equilibrio de poder hace más probable un acuerdo duradero: las FDS han perdido la mayor parte de su territorio y su influencia, mientras que Damasco tiene menos necesidad de ceder. La alternativa, advirtió Barrack, es un escenario de inestabilidad prolongada que favorecería precisamente el resurgimiento de las agrupaciones yihadistas que las potencias occidentales dicen querer contener.

La fiscalía francesa solicitó este martes una condena de cuatro años de cárcel contra el ex senador Joel Guerriau, de 68 años, acusado de drogar con éxtasis a la diputada Sandrine Josso con el propósito de agredirla sexualmente. El representante del Ministerio Público pidió al Tribunal Correccional de París que tres de esos cuatro años sean de cumplimiento efectivo y con ejecución provisional, lo que enviaría al ex legislador a prisión en pocos días incluso si apela la sentencia.

El fiscal Benjamin Coulon reclamó además cinco años de inhabilitación para cargos públicos, la inscripción del acusado en el fichero de delincuentes sexuales, la prohibición de contactar a la víctima, una indemnización económica y la obligación de someterse a tratamiento. El cuarto año de condena quedaría suspendido con libertad condicional durante dos años. Guerriau se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y 75.000 euros de multa.

Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2023, cuando Guerriau, entonces senador del partido de centroderecha Horizons por el departamento de Loira Atlántico, invitó a Josso, diputada de la formación centrista Modem, a su apartamento parisino para celebrar su reelección. Ambos parlamentarios, representantes del mismo territorio, mantenían una relación de amistad profesional desde hacía una década. Josso declaró ante el tribunal que le sorprendió ser la única invitada y que el encuentro estaba inicialmente previsto en un restaurante.

Según el relato de la diputada, Guerriau le sirvió champán que tenía un sabor extraño. Poco después comenzó a experimentar palpitaciones, temblores, náuseas y sudoración. La parlamentaria describió cómo su anfitrión mostraba un comportamiento inusual: insistía en que bebiera, jugaba con la iluminación del salón y le propuso trucos de magia que ella calificó ante los investigadores como evocadores de una penetración sexual. Cuando lo vio manipular una bolsita transparente antes de guardarla, comprendió que probablemente había sido drogada.

La diputada logró disimular sus síntomas y abandonar el apartamento alegando que debía regresar a la Asamblea Nacional. Tomó un taxi, contactó a colegas y fue trasladada a urgencias. Los análisis toxicológicos revelaron una concentración de MDMA de 388 nanogramos por mililitro en sangre, aproximadamente el doble de la dosis considerada recreativa, según precisó el tribunal. La inspección del domicilio de Guerriau al día siguiente permitió incautar una bolsa con 30 gramos de esa misma sustancia.

La MDMA, abreviatura de 3,4-metilendioximetanfetamina, es el principio activo del éxtasis, una droga sintética de la familia de las anfetaminas cuyo consumo se popularizó en los años noventa asociado a las fiestas rave y los clubes de música electrónica. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, la sustancia actúa sobre los neurotransmisores del cerebro —especialmente la serotonina— y produce euforia, sensación de bienestar, desinhibición y una percepción amplificada de las emociones. Entre sus efectos secundarios figuran el aumento de la frecuencia cardíaca, la tensión muscular que provoca rechinamiento de dientes, visión borrosa, náuseas y sudoración. En dosis elevadas puede causar hipertermia severa, daño hepático o renal e incluso la muerte.

El ex senador ha dicho desde su detención que se trató de un acto involuntario. Ante el tribunal explicó que atravesaba una etapa de depresión y ansiedad derivada de su décima campaña electoral y del fallecimiento de su gato. Afirmó que otro senador, cuya identidad se negó a revelar, le había proporcionado meses antes un polvo que creyó era simplemente un euforizante para combatir su malestar. La noche anterior a la visita de Josso habría vertido esa sustancia en una copa que pensaba consumir él mismo, pero cambió de opinión y dejó el vaso de lado. Al día siguiente, sostuvo, sirvió por error champán en ese mismo recipiente.

Los investigadores aportaron un elemento que complica la versión de la defensa. Un mes antes de los hechos, cuando la cena con Josso aún no estaba programada, Guerriau realizó al menos veinte búsquedas en internet sobre los efectos de la MDMA y el GHB. Entre los términos introducidos en Google, según la información recogida por France Info, figuraban expresiones como “droga y violación”, “efectos del éxtasis GHB”, “puntos de venta GHB” o “compra GHB GBL”. También consultó artículos sobre las llamadas drogas de la violación, sus peligros y las reacciones que debían adoptar las víctimas. El acusado alegó que formaban parte de su trabajo parlamentario para comprender mejor el fenómeno tras conversaciones con un amigo cuya hija sospechaba haber sido víctima de sumisión química.

Su abogado, Henri Carpentier, argumentó que esas búsquedas fueron breves, no reiteradas, y no permiten desde el punto de vista penal confirmar una intención sexual. También destacó que su cliente no intentó ningún gesto de connotación sexual aquella noche y que habría sido absurdo pretender violar a una mujer que tenía previsto regresar a la Asamblea Nacional, donde su ausencia habría sido notada de inmediato.

El fiscal Coulon rechazó estas explicaciones. Sostuvo que resulta imposible no advertir la presencia de polvo en el fondo de una copa de champán cuando se vierte la bebida, dado que la espuma obliga a mirar el recipiente. El abogado de la parte civil, Arnaud Godefroy, fue más contundente al describir el comportamiento del acusado como el patrón típico de quien droga a una mujer: poner sustancia en un vaso y esperar a que haga efecto mientras observa a la víctima.

Josso, de 50 años, relató ante el tribunal las secuelas que arrastra desde aquella noche. Enumeró hipervigilancia permanente, trastornos del sueño, agotamiento crónico, ciáticas recurrentes, una hernia discal y la pérdida de cuatro dientes debido a la tensión constante que le hace apretar la mandíbula. Dijo que llegó a la cena como quien visita a un amigo y descubrió a un agresor. El Tribunal Correccional de París se retiró a deliberar tras los alegatos y se espera que anuncie su fallo en las próximas horas.

Guerriau permaneció en el Senado casi dos años después de ser imputado, pese a las peticiones de dimisión. Su partido Horizons lo expulsó tras conocerse la denuncia, y el presidente del Senado, Gérard Larcher, llegó a anunciar que estudiaría sanciones disciplinarias. Finalmente renunció a su escaño en octubre de 2025.

Apenas un año después de que estallara esta denuncia, Francia quedó conmocionada por el juicio de Mazan, donde Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión por drogar durante casi una década a su esposa Gisèle con ansiolíticos, violarla y ofrecerla a decenas de desconocidos reclutados por internet. Junto a él, otros 50 hombres recibieron penas de entre tres y 15 años. El caso Pelicot desencadenó un debate nacional sobre la cultura de la violación y aceleró la aprobación de una reforma legislativa histórica.

En octubre de 2025, el Parlamento francés modificó el Código Penal para definir la violación como cualquier acto sexual no consentido. Hasta entonces, la ley solo reconocía como tal la penetración o el sexo oral cometidos mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa. La nueva normativa establece que el consentimiento debe ser libre, informado, específico, previo y revocable, y que nunca puede deducirse del silencio o la falta de resistencia de la víctima. Francia se sumó así a países como España, Alemania, Bélgica y Suecia que ya contaban con legislación basada en el principio del consentimiento.

Más de 1.500 personas fueron evacuadas de Niscemi tras un deslizamiento de cuatro kilómetros desencadenado por violentas tormentas. El jefe de protección civil advirtió que el colapso “está absolutamente todavía activo” y los residentes no podrán regresar a sus hogares

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Las estrategias para reunir nuevos soldados han incorporado la extensión de contratos y el uso de incentivos materiales, ante la presión por mantener el contingente militar activo sin reclutamiento nacional masivo