Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, según denunció la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán, Mai Sato. Esta práctica constituiría una violación grave del derecho a la atención médica, protegido por la legislación internacional.

La experta, que también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, declaró que recibió múltiples informes sobre el retiro forzoso de pacientes en hospitales de diversas provincias. En declaraciones a Reuters, Sato explicó que familias acudieron a los hospitales al día siguiente de los incidentes y no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que las familias enfrentan demandas de entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, una carga económica significativa ante las dificultades actuales en el país.

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de muertos vinculados a las protestas asciende a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Tanto Sato como Reuters aclararon que no han podido verificar de forma independiente estos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente las cifras oficiales.

Miembros del personal sanitario en Irán, entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters, confirmaron que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando los registros de manifestantes heridos para proceder a su detención. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria sin que se sepa su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán aseguraron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones en busca de manifestantes heridos.

Estas acciones han disuadido a la población de buscar atención médica, por temor a ser arrestados, lo que representa un riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta conducta vulnera el principio de neutralidad médica, protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de doctores, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.

Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo uso de la fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo permite este tipo de acciones como último recurso y de forma proporcionada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias”, además de alertar sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.

La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al combinar el dolor con la extorsión. Señaló que el intento de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.

Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia

Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal de Irán, según denunció un grupo de derechos humanos. Los videos presentan a los arrestados confesando crímenes que incluyen violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras y la simple interacción con cuentas críticas en redes sociales.

Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado estas grabaciones de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones serían obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán con sede en Estados Unidos, estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desincentivar la disidencia. Boroumand afirmó que este tipo de prácticas se utilizan para humillar y desacreditar a los opositores, además de recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.

Las protestas, originadas por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente a partir del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Miles de personas murieron durante la represión de las manifestaciones, según datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, subrayando que estas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando actos como “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión con el argumento de proteger la seguridad nacional y usa la confesión televisiva como prueba de culpabilidad para justificar castigos severos.

(Con información de Reuters y AFP)

Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, según denunció la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán, Mai Sato. Esta práctica constituiría una violación grave del derecho a la atención médica, protegido por la legislación internacional.

La experta, que también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, declaró que recibió múltiples informes sobre el retiro forzoso de pacientes en hospitales de diversas provincias. En declaraciones a Reuters, Sato explicó que familias acudieron a los hospitales al día siguiente de los incidentes y no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que las familias enfrentan demandas de entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, una carga económica significativa ante las dificultades actuales en el país.

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de muertos vinculados a las protestas asciende a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Tanto Sato como Reuters aclararon que no han podido verificar de forma independiente estos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente las cifras oficiales.

Miembros del personal sanitario en Irán, entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters, confirmaron que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando los registros de manifestantes heridos para proceder a su detención. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria sin que se sepa su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán aseguraron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones en busca de manifestantes heridos.

Estas acciones han disuadido a la población de buscar atención médica, por temor a ser arrestados, lo que representa un riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta conducta vulnera el principio de neutralidad médica, protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de doctores, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.

Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo uso de la fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo permite este tipo de acciones como último recurso y de forma proporcionada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias”, además de alertar sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.

La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al combinar el dolor con la extorsión. Señaló que el intento de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.

Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia

Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal de Irán, según denunció un grupo de derechos humanos. Los videos presentan a los arrestados confesando crímenes que incluyen violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras y la simple interacción con cuentas críticas en redes sociales.

Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado estas grabaciones de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones serían obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán con sede en Estados Unidos, estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desincentivar la disidencia. Boroumand afirmó que este tipo de prácticas se utilizan para humillar y desacreditar a los opositores, además de recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.

Las protestas, originadas por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente a partir del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Miles de personas murieron durante la represión de las manifestaciones, según datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, subrayando que estas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando actos como “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión con el argumento de proteger la seguridad nacional y usa la confesión televisiva como prueba de culpabilidad para justificar castigos severos.

(Con información de Reuters y AFP)

Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, según denunció la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán, Mai Sato. Esta práctica constituiría una violación grave del derecho a la atención médica, protegido por la legislación internacional.

La experta, que también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, declaró que recibió múltiples informes sobre el retiro forzoso de pacientes en hospitales de diversas provincias. En declaraciones a Reuters, Sato explicó que familias acudieron a los hospitales al día siguiente de los incidentes y no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que las familias enfrentan demandas de entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, una carga económica significativa ante las dificultades actuales en el país.

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de muertos vinculados a las protestas asciende a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Tanto Sato como Reuters aclararon que no han podido verificar de forma independiente estos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente las cifras oficiales.

Miembros del personal sanitario en Irán, entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters, confirmaron que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando los registros de manifestantes heridos para proceder a su detención. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria sin que se sepa su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán aseguraron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones en busca de manifestantes heridos.

Estas acciones han disuadido a la población de buscar atención médica, por temor a ser arrestados, lo que representa un riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta conducta vulnera el principio de neutralidad médica, protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de doctores, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.

Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo uso de la fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo permite este tipo de acciones como último recurso y de forma proporcionada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias”, además de alertar sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.

La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al combinar el dolor con la extorsión. Señaló que el intento de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.

Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia

Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal de Irán, según denunció un grupo de derechos humanos. Los videos presentan a los arrestados confesando crímenes que incluyen violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras y la simple interacción con cuentas críticas en redes sociales.

Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado estas grabaciones de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones serían obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán con sede en Estados Unidos, estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desincentivar la disidencia. Boroumand afirmó que este tipo de prácticas se utilizan para humillar y desacreditar a los opositores, además de recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.

Las protestas, originadas por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente a partir del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Miles de personas murieron durante la represión de las manifestaciones, según datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, subrayando que estas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando actos como “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión con el argumento de proteger la seguridad nacional y usa la confesión televisiva como prueba de culpabilidad para justificar castigos severos.

(Con información de Reuters y AFP)

Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, según denunció la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán, Mai Sato. Esta práctica constituiría una violación grave del derecho a la atención médica, protegido por la legislación internacional.

La experta, que también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, declaró que recibió múltiples informes sobre el retiro forzoso de pacientes en hospitales de diversas provincias. En declaraciones a Reuters, Sato explicó que familias acudieron a los hospitales al día siguiente de los incidentes y no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que las familias enfrentan demandas de entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, una carga económica significativa ante las dificultades actuales en el país.

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de muertos vinculados a las protestas asciende a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Tanto Sato como Reuters aclararon que no han podido verificar de forma independiente estos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente las cifras oficiales.

Miembros del personal sanitario en Irán, entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters, confirmaron que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando los registros de manifestantes heridos para proceder a su detención. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria sin que se sepa su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán aseguraron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones en busca de manifestantes heridos.

Estas acciones han disuadido a la población de buscar atención médica, por temor a ser arrestados, lo que representa un riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta conducta vulnera el principio de neutralidad médica, protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de doctores, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.

Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo uso de la fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo permite este tipo de acciones como último recurso y de forma proporcionada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias”, además de alertar sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.

La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al combinar el dolor con la extorsión. Señaló que el intento de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.

Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia

Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal de Irán, según denunció un grupo de derechos humanos. Los videos presentan a los arrestados confesando crímenes que incluyen violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras y la simple interacción con cuentas críticas en redes sociales.

Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado estas grabaciones de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones serían obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán con sede en Estados Unidos, estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desincentivar la disidencia. Boroumand afirmó que este tipo de prácticas se utilizan para humillar y desacreditar a los opositores, además de recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.

Las protestas, originadas por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente a partir del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Miles de personas murieron durante la represión de las manifestaciones, según datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, subrayando que estas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando actos como “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión con el argumento de proteger la seguridad nacional y usa la confesión televisiva como prueba de culpabilidad para justificar castigos severos.

(Con información de Reuters y AFP)

Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, según denunció la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán, Mai Sato. Esta práctica constituiría una violación grave del derecho a la atención médica, protegido por la legislación internacional.

La experta, que también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, declaró que recibió múltiples informes sobre el retiro forzoso de pacientes en hospitales de diversas provincias. En declaraciones a Reuters, Sato explicó que familias acudieron a los hospitales al día siguiente de los incidentes y no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que las familias enfrentan demandas de entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, una carga económica significativa ante las dificultades actuales en el país.

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de muertos vinculados a las protestas asciende a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Tanto Sato como Reuters aclararon que no han podido verificar de forma independiente estos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente las cifras oficiales.

Miembros del personal sanitario en Irán, entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters, confirmaron que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando los registros de manifestantes heridos para proceder a su detención. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria sin que se sepa su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán aseguraron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones en busca de manifestantes heridos.

Estas acciones han disuadido a la población de buscar atención médica, por temor a ser arrestados, lo que representa un riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta conducta vulnera el principio de neutralidad médica, protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de doctores, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.

Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo uso de la fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo permite este tipo de acciones como último recurso y de forma proporcionada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias”, además de alertar sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.

La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al combinar el dolor con la extorsión. Señaló que el intento de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.

Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia

Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal de Irán, según denunció un grupo de derechos humanos. Los videos presentan a los arrestados confesando crímenes que incluyen violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras y la simple interacción con cuentas críticas en redes sociales.

Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado estas grabaciones de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones serían obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán con sede en Estados Unidos, estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desincentivar la disidencia. Boroumand afirmó que este tipo de prácticas se utilizan para humillar y desacreditar a los opositores, además de recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.

Las protestas, originadas por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente a partir del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Miles de personas murieron durante la represión de las manifestaciones, según datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, subrayando que estas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando actos como “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión con el argumento de proteger la seguridad nacional y usa la confesión televisiva como prueba de culpabilidad para justificar castigos severos.

(Con información de Reuters y AFP)

Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, según denunció la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán, Mai Sato. Esta práctica constituiría una violación grave del derecho a la atención médica, protegido por la legislación internacional.

La experta, que también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, declaró que recibió múltiples informes sobre el retiro forzoso de pacientes en hospitales de diversas provincias. En declaraciones a Reuters, Sato explicó que familias acudieron a los hospitales al día siguiente de los incidentes y no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que las familias enfrentan demandas de entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, una carga económica significativa ante las dificultades actuales en el país.

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de muertos vinculados a las protestas asciende a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Tanto Sato como Reuters aclararon que no han podido verificar de forma independiente estos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente las cifras oficiales.

Miembros del personal sanitario en Irán, entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters, confirmaron que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando los registros de manifestantes heridos para proceder a su detención. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria sin que se sepa su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán aseguraron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones en busca de manifestantes heridos.

Estas acciones han disuadido a la población de buscar atención médica, por temor a ser arrestados, lo que representa un riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta conducta vulnera el principio de neutralidad médica, protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de doctores, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.

Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo uso de la fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo permite este tipo de acciones como último recurso y de forma proporcionada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias”, además de alertar sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.

La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al combinar el dolor con la extorsión. Señaló que el intento de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.

Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia

Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal de Irán, según denunció un grupo de derechos humanos. Los videos presentan a los arrestados confesando crímenes que incluyen violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras y la simple interacción con cuentas críticas en redes sociales.

Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado estas grabaciones de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones serían obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán con sede en Estados Unidos, estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desincentivar la disidencia. Boroumand afirmó que este tipo de prácticas se utilizan para humillar y desacreditar a los opositores, además de recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.

Las protestas, originadas por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente a partir del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Miles de personas murieron durante la represión de las manifestaciones, según datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, subrayando que estas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando actos como “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión con el argumento de proteger la seguridad nacional y usa la confesión televisiva como prueba de culpabilidad para justificar castigos severos.

(Con información de Reuters y AFP)

Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, según denunció la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán, Mai Sato. Esta práctica constituiría una violación grave del derecho a la atención médica, protegido por la legislación internacional.

La experta, que también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, declaró que recibió múltiples informes sobre el retiro forzoso de pacientes en hospitales de diversas provincias. En declaraciones a Reuters, Sato explicó que familias acudieron a los hospitales al día siguiente de los incidentes y no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que las familias enfrentan demandas de entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, una carga económica significativa ante las dificultades actuales en el país.

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de muertos vinculados a las protestas asciende a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Tanto Sato como Reuters aclararon que no han podido verificar de forma independiente estos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente las cifras oficiales.

Miembros del personal sanitario en Irán, entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters, confirmaron que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando los registros de manifestantes heridos para proceder a su detención. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria sin que se sepa su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán aseguraron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones en busca de manifestantes heridos.

Estas acciones han disuadido a la población de buscar atención médica, por temor a ser arrestados, lo que representa un riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta conducta vulnera el principio de neutralidad médica, protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de doctores, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.

Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo uso de la fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo permite este tipo de acciones como último recurso y de forma proporcionada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias”, además de alertar sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.

La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al combinar el dolor con la extorsión. Señaló que el intento de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.

Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia

Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal de Irán, según denunció un grupo de derechos humanos. Los videos presentan a los arrestados confesando crímenes que incluyen violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras y la simple interacción con cuentas críticas en redes sociales.

Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado estas grabaciones de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones serían obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán con sede en Estados Unidos, estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desincentivar la disidencia. Boroumand afirmó que este tipo de prácticas se utilizan para humillar y desacreditar a los opositores, además de recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.

Las protestas, originadas por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente a partir del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Miles de personas murieron durante la represión de las manifestaciones, según datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, subrayando que estas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando actos como “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión con el argumento de proteger la seguridad nacional y usa la confesión televisiva como prueba de culpabilidad para justificar castigos severos.

(Con información de Reuters y AFP)

Donald Trump intensificó este lunes su estrategia de presión arancelaria al anunciar que elevará del 15 al 25 por ciento los impuestos de importación sobre productos surcoreanos, en represalia por la falta de ratificación legislativa del acuerdo comercial pactado entre ambos gobiernos. La medida, anunciada a través de su red social Truth Social, afecta especialmente a automóviles, madera, productos farmacéuticos y otros bienes sujetos a los llamados aranceles recíprocos, y coloca en desventaja competitiva a las exportaciones surcoreanas frente a sus rivales asiáticos y europeos.

“El Legislativo de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos”, escribió Trump. “Por consiguiente, voy a aumentar los aranceles sobre automóviles, madera, farmacia y otros del 15 al 25 por ciento”. El mandatario republicano recordó que alcanzó un acuerdo con el presidente surcoreano Lee Jae Myung el 30 de julio de 2025, y que ambos líderes reafirmaron sus términos durante la visita de Trump a Corea del Sur el 29 de octubre. “¿Por qué no lo ha aprobado el Legislativo coreano?”, cuestionó.

La decisión supone un giro radical respecto al marco comercial que Washington y Seúl habían construido tras meses de tensas negociaciones. El acuerdo alcanzado en julio establecía que Estados Unidos mantendría aranceles de hasta el 15 por ciento sobre productos surcoreanos, incluidos vehículos, autopartes y farmacéuticos, una reducción significativa respecto al 25 por ciento que Trump había amenazado con imponer. A cambio, Corea del Sur se comprometió a inversiones por valor de 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense, de los cuales 200.000 millones serían en efectivo y 150.000 millones en construcción naval.

El pacto también incluía la compra por parte de Korean Air de 103 aviones Boeing por 36.200 millones de dólares, el compromiso de Hyundai Motor Group de incrementar sus inversiones en Estados Unidos hasta 26.000 millones de dólares para 2028, y la adquisición anual de 3,3 millones de toneladas de gas natural licuado durante una década a partir de 2028. Durante su encuentro en la ciudad de Gyeongju, Trump calificó el acuerdo como “histórico” y Lee le otorgó la Gran Orden de Mugunghwa, la más alta condecoración surcoreana.

Sin embargo, el marco comercial requería aprobación legislativa en ambos países. Mientras Estados Unidos actuó de manera unilateral mediante declaraciones de emergencia económica que permitieron a Trump imponer aranceles sin autorización del Congreso, Corea del Sur necesitaba que su Asamblea Nacional ratificara el acuerdo. Hasta el momento, el Parlamento surcoreano no ha llevado a cabo esa votación, lo que ha desencadenado la amenaza estadounidense.

La parálisis legislativa resulta particularmente desconcertante dado que el Partido Democrático de Lee controla la Asamblea Nacional con mayoría absoluta desde las elecciones de abril de 2024. Lee asumió la presidencia el 4 de junio de 2025, tras una crisis política que culminó con la destitución de su predecesor conservador, Yoon Suk Yeol, quien en diciembre de 2024 declaró brevemente la ley marcial en un intento que fracasó estrepitosamente. La victoria de Lee en las elecciones anticipadas le otorgó un mandato claro y el respaldo parlamentario necesario para implementar su agenda, incluida la gestión de las relaciones comerciales con Washington.

El sector automotriz surcoreano es el más vulnerable ante la amenaza arancelaria. En 2024, las exportaciones de automóviles desde Corea del Sur alcanzaron los 70.780 millones de dólares, de los cuales el 49,1 por ciento correspondió a envíos hacia Estados Unidos. Las autopartes representaron otros 8.220 millones de dólares en exportaciones al mercado estadounidense, el 36,5 por ciento del total de componentes automotrices que el país asiático vende al exterior. Empresas como Hyundai y Kia, que en 2024 exportaron más de 707.000 vehículos híbridos y eléctricos, verían severamente afectada su competitividad si los aranceles suben al 25 por ciento.

El incremento arancelario además rompería la paridad competitiva que Corea del Sur había conseguido establecer con Japón y la Unión Europea, ambos sujetos a un gravamen del 15 por ciento tras alcanzar sus propios acuerdos con Washington. Analistas del Banco de Corea estimaron que el régimen arancelario de Trump podría reducir el crecimiento económico surcoreano en 0,45 puntos porcentuales en 2025 y 0,6 puntos en 2026, cifras que podrían agravarse si finalmente se aplica la tarifa del 25 por ciento.

El caso surcoreano ilustra el patrón que Trump ha establecido en su segundo mandato: uso agresivo de amenazas arancelarias para forzar negociaciones que beneficien a Estados Unidos, seguido de cambios abruptos de posición cuando los socios comerciales no cumplen con los términos acordados. La semana pasada, el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles a ocho naciones europeas si Washington no obtenía control sobre Groenlandia, aunque posteriormente retiró el ultimátum tras reuniones en el Foro Económico Mundial de Davos.

Desde Seúl, el gobierno de Lee Jae Myung no ha emitido una respuesta oficial a la amenaza de Trump. Fuentes parlamentarias citadas por medios surcoreanos sugieren que existen divisiones internas sobre los términos del pacto, particularmente respecto a las obligaciones de inversión y su impacto en el mercado cambiario local, aunque estas consideraciones parecen insuficientes para explicar meses de inacción legislativa.

La falta de ratificación deja a Corea del Sur en una posición de extrema vulnerabilidad. Si Trump ejecuta su amenaza, los fabricantes surcoreanos no solo perderían competitividad frente a Japón y Europa, sino que también podrían ver erosionada su participación en el mercado estadounidense frente a productores locales. Para un país cuyas exportaciones representan aproximadamente la mitad de su producto interno bruto, las consecuencias podrían extenderse más allá del sector automotriz y afectar la recuperación económica que Lee prometió durante su campaña electoral.

Donald Trump intensificó este lunes su estrategia de presión arancelaria al anunciar que elevará del 15 al 25 por ciento los impuestos de importación sobre productos surcoreanos, en represalia por la falta de ratificación legislativa del acuerdo comercial pactado entre ambos gobiernos. La medida, anunciada a través de su red social Truth Social, afecta especialmente a automóviles, madera, productos farmacéuticos y otros bienes sujetos a los llamados aranceles recíprocos, y coloca en desventaja competitiva a las exportaciones surcoreanas frente a sus rivales asiáticos y europeos.

“El Legislativo de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos”, escribió Trump. “Por consiguiente, voy a aumentar los aranceles sobre automóviles, madera, farmacia y otros del 15 al 25 por ciento”. El mandatario republicano recordó que alcanzó un acuerdo con el presidente surcoreano Lee Jae Myung el 30 de julio de 2025, y que ambos líderes reafirmaron sus términos durante la visita de Trump a Corea del Sur el 29 de octubre. “¿Por qué no lo ha aprobado el Legislativo coreano?”, cuestionó.

La decisión supone un giro radical respecto al marco comercial que Washington y Seúl habían construido tras meses de tensas negociaciones. El acuerdo alcanzado en julio establecía que Estados Unidos mantendría aranceles de hasta el 15 por ciento sobre productos surcoreanos, incluidos vehículos, autopartes y farmacéuticos, una reducción significativa respecto al 25 por ciento que Trump había amenazado con imponer. A cambio, Corea del Sur se comprometió a inversiones por valor de 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense, de los cuales 200.000 millones serían en efectivo y 150.000 millones en construcción naval.

El pacto también incluía la compra por parte de Korean Air de 103 aviones Boeing por 36.200 millones de dólares, el compromiso de Hyundai Motor Group de incrementar sus inversiones en Estados Unidos hasta 26.000 millones de dólares para 2028, y la adquisición anual de 3,3 millones de toneladas de gas natural licuado durante una década a partir de 2028. Durante su encuentro en la ciudad de Gyeongju, Trump calificó el acuerdo como “histórico” y Lee le otorgó la Gran Orden de Mugunghwa, la más alta condecoración surcoreana.

Sin embargo, el marco comercial requería aprobación legislativa en ambos países. Mientras Estados Unidos actuó de manera unilateral mediante declaraciones de emergencia económica que permitieron a Trump imponer aranceles sin autorización del Congreso, Corea del Sur necesitaba que su Asamblea Nacional ratificara el acuerdo. Hasta el momento, el Parlamento surcoreano no ha llevado a cabo esa votación, lo que ha desencadenado la amenaza estadounidense.

La parálisis legislativa resulta particularmente desconcertante dado que el Partido Democrático de Lee controla la Asamblea Nacional con mayoría absoluta desde las elecciones de abril de 2024. Lee asumió la presidencia el 4 de junio de 2025, tras una crisis política que culminó con la destitución de su predecesor conservador, Yoon Suk Yeol, quien en diciembre de 2024 declaró brevemente la ley marcial en un intento que fracasó estrepitosamente. La victoria de Lee en las elecciones anticipadas le otorgó un mandato claro y el respaldo parlamentario necesario para implementar su agenda, incluida la gestión de las relaciones comerciales con Washington.

El sector automotriz surcoreano es el más vulnerable ante la amenaza arancelaria. En 2024, las exportaciones de automóviles desde Corea del Sur alcanzaron los 70.780 millones de dólares, de los cuales el 49,1 por ciento correspondió a envíos hacia Estados Unidos. Las autopartes representaron otros 8.220 millones de dólares en exportaciones al mercado estadounidense, el 36,5 por ciento del total de componentes automotrices que el país asiático vende al exterior. Empresas como Hyundai y Kia, que en 2024 exportaron más de 707.000 vehículos híbridos y eléctricos, verían severamente afectada su competitividad si los aranceles suben al 25 por ciento.

El incremento arancelario además rompería la paridad competitiva que Corea del Sur había conseguido establecer con Japón y la Unión Europea, ambos sujetos a un gravamen del 15 por ciento tras alcanzar sus propios acuerdos con Washington. Analistas del Banco de Corea estimaron que el régimen arancelario de Trump podría reducir el crecimiento económico surcoreano en 0,45 puntos porcentuales en 2025 y 0,6 puntos en 2026, cifras que podrían agravarse si finalmente se aplica la tarifa del 25 por ciento.

El caso surcoreano ilustra el patrón que Trump ha establecido en su segundo mandato: uso agresivo de amenazas arancelarias para forzar negociaciones que beneficien a Estados Unidos, seguido de cambios abruptos de posición cuando los socios comerciales no cumplen con los términos acordados. La semana pasada, el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles a ocho naciones europeas si Washington no obtenía control sobre Groenlandia, aunque posteriormente retiró el ultimátum tras reuniones en el Foro Económico Mundial de Davos.

Desde Seúl, el gobierno de Lee Jae Myung no ha emitido una respuesta oficial a la amenaza de Trump. Fuentes parlamentarias citadas por medios surcoreanos sugieren que existen divisiones internas sobre los términos del pacto, particularmente respecto a las obligaciones de inversión y su impacto en el mercado cambiario local, aunque estas consideraciones parecen insuficientes para explicar meses de inacción legislativa.

La falta de ratificación deja a Corea del Sur en una posición de extrema vulnerabilidad. Si Trump ejecuta su amenaza, los fabricantes surcoreanos no solo perderían competitividad frente a Japón y Europa, sino que también podrían ver erosionada su participación en el mercado estadounidense frente a productores locales. Para un país cuyas exportaciones representan aproximadamente la mitad de su producto interno bruto, las consecuencias podrían extenderse más allá del sector automotriz y afectar la recuperación económica que Lee prometió durante su campaña electoral.

Donald Trump intensificó este lunes su estrategia de presión arancelaria al anunciar que elevará del 15 al 25 por ciento los impuestos de importación sobre productos surcoreanos, en represalia por la falta de ratificación legislativa del acuerdo comercial pactado entre ambos gobiernos. La medida, anunciada a través de su red social Truth Social, afecta especialmente a automóviles, madera, productos farmacéuticos y otros bienes sujetos a los llamados aranceles recíprocos, y coloca en desventaja competitiva a las exportaciones surcoreanas frente a sus rivales asiáticos y europeos.

“El Legislativo de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos”, escribió Trump. “Por consiguiente, voy a aumentar los aranceles sobre automóviles, madera, farmacia y otros del 15 al 25 por ciento”. El mandatario republicano recordó que alcanzó un acuerdo con el presidente surcoreano Lee Jae Myung el 30 de julio de 2025, y que ambos líderes reafirmaron sus términos durante la visita de Trump a Corea del Sur el 29 de octubre. “¿Por qué no lo ha aprobado el Legislativo coreano?”, cuestionó.

La decisión supone un giro radical respecto al marco comercial que Washington y Seúl habían construido tras meses de tensas negociaciones. El acuerdo alcanzado en julio establecía que Estados Unidos mantendría aranceles de hasta el 15 por ciento sobre productos surcoreanos, incluidos vehículos, autopartes y farmacéuticos, una reducción significativa respecto al 25 por ciento que Trump había amenazado con imponer. A cambio, Corea del Sur se comprometió a inversiones por valor de 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense, de los cuales 200.000 millones serían en efectivo y 150.000 millones en construcción naval.

El pacto también incluía la compra por parte de Korean Air de 103 aviones Boeing por 36.200 millones de dólares, el compromiso de Hyundai Motor Group de incrementar sus inversiones en Estados Unidos hasta 26.000 millones de dólares para 2028, y la adquisición anual de 3,3 millones de toneladas de gas natural licuado durante una década a partir de 2028. Durante su encuentro en la ciudad de Gyeongju, Trump calificó el acuerdo como “histórico” y Lee le otorgó la Gran Orden de Mugunghwa, la más alta condecoración surcoreana.

Sin embargo, el marco comercial requería aprobación legislativa en ambos países. Mientras Estados Unidos actuó de manera unilateral mediante declaraciones de emergencia económica que permitieron a Trump imponer aranceles sin autorización del Congreso, Corea del Sur necesitaba que su Asamblea Nacional ratificara el acuerdo. Hasta el momento, el Parlamento surcoreano no ha llevado a cabo esa votación, lo que ha desencadenado la amenaza estadounidense.

La parálisis legislativa resulta particularmente desconcertante dado que el Partido Democrático de Lee controla la Asamblea Nacional con mayoría absoluta desde las elecciones de abril de 2024. Lee asumió la presidencia el 4 de junio de 2025, tras una crisis política que culminó con la destitución de su predecesor conservador, Yoon Suk Yeol, quien en diciembre de 2024 declaró brevemente la ley marcial en un intento que fracasó estrepitosamente. La victoria de Lee en las elecciones anticipadas le otorgó un mandato claro y el respaldo parlamentario necesario para implementar su agenda, incluida la gestión de las relaciones comerciales con Washington.

El sector automotriz surcoreano es el más vulnerable ante la amenaza arancelaria. En 2024, las exportaciones de automóviles desde Corea del Sur alcanzaron los 70.780 millones de dólares, de los cuales el 49,1 por ciento correspondió a envíos hacia Estados Unidos. Las autopartes representaron otros 8.220 millones de dólares en exportaciones al mercado estadounidense, el 36,5 por ciento del total de componentes automotrices que el país asiático vende al exterior. Empresas como Hyundai y Kia, que en 2024 exportaron más de 707.000 vehículos híbridos y eléctricos, verían severamente afectada su competitividad si los aranceles suben al 25 por ciento.

El incremento arancelario además rompería la paridad competitiva que Corea del Sur había conseguido establecer con Japón y la Unión Europea, ambos sujetos a un gravamen del 15 por ciento tras alcanzar sus propios acuerdos con Washington. Analistas del Banco de Corea estimaron que el régimen arancelario de Trump podría reducir el crecimiento económico surcoreano en 0,45 puntos porcentuales en 2025 y 0,6 puntos en 2026, cifras que podrían agravarse si finalmente se aplica la tarifa del 25 por ciento.

El caso surcoreano ilustra el patrón que Trump ha establecido en su segundo mandato: uso agresivo de amenazas arancelarias para forzar negociaciones que beneficien a Estados Unidos, seguido de cambios abruptos de posición cuando los socios comerciales no cumplen con los términos acordados. La semana pasada, el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles a ocho naciones europeas si Washington no obtenía control sobre Groenlandia, aunque posteriormente retiró el ultimátum tras reuniones en el Foro Económico Mundial de Davos.

Desde Seúl, el gobierno de Lee Jae Myung no ha emitido una respuesta oficial a la amenaza de Trump. Fuentes parlamentarias citadas por medios surcoreanos sugieren que existen divisiones internas sobre los términos del pacto, particularmente respecto a las obligaciones de inversión y su impacto en el mercado cambiario local, aunque estas consideraciones parecen insuficientes para explicar meses de inacción legislativa.

La falta de ratificación deja a Corea del Sur en una posición de extrema vulnerabilidad. Si Trump ejecuta su amenaza, los fabricantes surcoreanos no solo perderían competitividad frente a Japón y Europa, sino que también podrían ver erosionada su participación en el mercado estadounidense frente a productores locales. Para un país cuyas exportaciones representan aproximadamente la mitad de su producto interno bruto, las consecuencias podrían extenderse más allá del sector automotriz y afectar la recuperación económica que Lee prometió durante su campaña electoral.